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lunes, 22 de agosto de 2011

El Resguardo de Zahino, suspende proceso de consulta previa por construcción de nueva linea férrea en territorio Wayuu

Son muchas Las comunidades wayuu del sur de la guajira, las comunidades afro descendientes que por décadas han sido afectadas por los impactos de la implementación de proyectos mineros en sus territorios, como son muchas también las historias alrededor de la llegada e instalación de estas empresas transnacionales en territorio guajiro.

Hace 30 años el complejo carbonífero a cielo abierto de cerrejón se enclavo en estas tierras y han sido 30 años donde el estancamiento y la miseria a aumentado en estas tierras de sol y arena. Hoy de manera triste pareciera repetirse la historia sin ninguna talanquera, funcionarios públicos felices por la llegada de nuevas empresas a la región como es el caso de la empresa brasilera MPX, la empresa canadiense Pacific Rubiales y la empresa Cerrejón que insiste en seguir depredando nuestro medio ambiente y un sinnúmero más de empresas transnacionales.

Hoy el ejemplo nos lo da El resguardo wayuu de El Zahino, que en día de ayer agosto 21, en convocatoria realizada por el Ministerio del interior y de Justicia para la apertura del proceso de consulta previa sobre la implementación del proyecto integrado de MPX, sobre la construcción de una nueva línea férrea que atravesara este territorio, dio un NO rotundo y contundente frene a la posibilidad de realización de este proyecto por sus territorios.

Apartes del documento que presentaron al Ministerio del Interior dirigido a la Doctora Paola Bernal, coordinadora del grupo de consulta previa del Ministerio del Interior y de Justicia :

“Entendemos, que la Consulta Previa (CP), así como el Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI), son derechos que nos asisten a los pueblos indígenas, derechos contemplados en instrumentos internacionales como el Convenio 169 para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT), el cual a su vez, ha sido ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991; y la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), bajo la premisa de la libre determinación.

Por lo anterior, en ejercicio de nuestro derecho inalienable de autonomía para discernir frente a la imposición de proyectos que se ejecuten en nuestro territorio y nos afecten directamente, nos permitimos anunciar que de manera definitiva e irrevocable, damos por finalizadas las supuestas “preconsultas”, así como toda supuesta consulta que se pretenda llevar a cabo en nuestro territorio, ya que por unanimidad, la asamblea extraordinaria del Resguardo Wayuu de Zaino, ha decidido que en nuestro territorio ancestral, no se permitirá la construcción de ninguna línea férrea, ni mucho menos, la exploración ni explotación de nuevos yacimientos hidrocarburos o de carbón, por parte de ninguna compañía que nos afecta de manera general."

Así, se dio por culminada un iniciado proceso de pre consultas y aperturas de consulta con las empresas antes mencionadas en esta comunidad, cabe destacar que otras comunidades del sur de la guajira han intentado hacer este tipo de cancelaciones de estos procesos, pero al parecer pueden más las prebendas y “garantías” ofrecidas por las multinacionales para poder incidir en otro tipo de decisiones de las comunidades. De esta manera nos permitimos denunciar que las compañías MPX, Pacific Rubiales y El Cerrejón, acompañadas del Ministerio del Interior y de Justicia, están ejerciendo presiones a las comunidades y resguardos Wayuu para que se acceda a la implementación de los proyectos que se pretenden llevar a cabo en Wounmainkat - Nuestra Madre Tierra.

La comunidad wayuu de El Zahino se tomó la tarea de reflexionar de manera interna sobre las afectaciones al territorio por la posibilidad de la implementación de este nuevo proyecto.

Por tal razón el Resguardo Wayuu de Zahino solicita todo el acompañamiento y apoyo de las diferentes instituciones responsables de la garantía de sus derechos, ya que especialmente tememos por nuestra protección.  Es bien sabido que una vez se inicia la resistencia frente a la implementación de éste proyecto, continúan las presiones representadas en amenazas para las y los dirigentes que luchamos en este sentido.


Hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones amigas a nivel nacional e internacional y demás comunidades para poder seguir protegiendo nuestros territorios de la garra de las transnacionales.

Porque en Wounmainkat, Nuestra Madre Tierra
 Los Únicos Gigantes Somos los Wayuu

22 de agosto de 2011
Jasay Epieyu.

martes, 16 de agosto de 2011

Proponemos a Colombia una minga por la paz

Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN

Proponemos a Colombia una minga por la paz

“Los pueblos y autoridades indígenas agrupadas en el CRIC hacemos un llamado fraterno a la sociedad colombiana a organizarnos en torno a la exigibilidad -al Estado colombiano y los actores armados no estatales-, para que no se degrade más el conflicto armado y para que busquemos una solución política negociada del mismo... Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad”.

Declaración del CRIC a los 40 años de su constitución. La María, febrero de 2011.

¿Desde dónde hablamos de paz? Los indígenas del Cauca hace 50 años venimos trabajando en unas ideas elementales: 1. Constituir territorios autónomos de las comunidades y los pueblos, lo que se opone a los territorios privatizados que impulsan el Estado y el mercado, y es muy distinto al modelo de “zonas liberadas” de la insurgencia; 2. Constituir y fortalecer los gobiernos propios y comunitarios, basados en el poder popular, que se opone también a la democracia simulada que hoy existe en el país y a los gobiernos verticales que proponen la guerrilla y el Estado; 3. Aplicar la justicia propia en perspectiva de la armonía de la gente y con la naturaleza; 4. Desarrollar modos de vida sustentables que enfrenten el consumismo capitalista; y 5. Fortalecer los lazos con el conjunto del movimiento popular colombiano. Algo de eso hemos avanzado. Nuestra convicción es que solo los territorios autónomos gobernados por sus propias comunidades son garantía de la realización de los derechos humanos y garantía de paz y dignidad. Además durante años luchamos para que la ONU aprobara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”; ahí nosotros entendemos exactamente “libre determinación”.

Un proyecto de autonomía territorial como éste está muy lejos de los proyectos del Estado y de la
insurgencia, pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o de gobierno que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros. Así, aunque no seamos un actor militar, nos hemos convertido en fuertes contradictores de los propósitos de los actores armados.

Somos actores políticos en el conflicto armado interno. El territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas no solo son los directos afectados por la guerra, sino que son en gran medida el objeto de la disputa (política y militar) de los actores armados. Y ese es el punto de partida realista con que debemos intervenir en este Encuentro, que generosamente la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ha convocado, y al cual acudimos de buen grado, con responsabilidad y con prudencia. Pero sobre todo con decisión. A partir de eso, venimos a compartir con ustedes unas ideas simples.

Primera idea: El conflicto armado debe resolverse porque lo estamos perdiendo todos y todas

1. El conflicto armado interno debe resolverse. Los actores que lideran la política nacional -populares, empresariales, insurgentes, estatales- están perdiendo social, económica y políticamente por la continuación de la guerra. Solo unos pocos sectores -especialmente ligados al capital minero-energético transnacional, al narcolatifundio y a la mafia de los gastos militares- son ganadores netos. Es verdad que a pesar de la guerra muchos se han adaptado, hacen negocios, ganan dinero, logran algún poder. Nosotros mismos en el Cauca, enfrentando la guerra, hemos logrado importantes avances en materia organizativa y de autonomía. Pero a la larga la mayoría perdemos.
Pierde el Estado mismo, porque ha sido sustituido en su conjunto por las lógicas y la institucionalidad de la guerra, que es el verdadero régimen político en muchas regiones del país. Pierde la economía nacional, porque el derroche del Producto Bruto Interno en gastos de guerra -contratistas ladrones y burócratas armados- es una carga creciente que ataca la producción nacional. Pierde el movimiento popular, porque nuestros acumulados políticos y organizativos son erosionados y difícilmente logran consolidarse en medio de la violencia política. Pierde la insurgencia, no tanto por la evidente asimetría militar frente al Estado, sino porque la necesidad de mantener y fortalecer el aparato militar la distancia cada vez más del movimiento popular.

2. La lucha armada de la guerrilla no da muestras hoy de ser eficaz para cambiar el sistema político ni para defender al movimiento popular de las agresiones del Estado y del mercado. Y el terrorismo de Estado -a pesar de su dinámica criminal- tampoco ha logrado impedir repetidos levantamientos sociales, ni resolver la contradicción interna entre los guerreristas y los sectores empresariales que demandan la modernización de la economía capitalista.

3. Es obvio que el conflicto colombiano tiene unos determinantes socio-económicos. Pero su existencia y persistencia sobre todo es el resultado de las decisiones políticas de los actores armados: de las clases dominantes, que optaron por impedir a sangre y fuego cualquier posibilidad de cambio democrático en el país; y de la insurgencia, que ha considerado imposible cualquier acción política popular por fuera de la lucha armada.

4. Casi 50 años después de esa decisión de ir a la guerra, el conflicto armado se generalizó y se volvió una guerra crónica que no tenía otro destino que degradarse: desde los “falsos
positivos” al reclutamiento de niños y niñas, desde la violencia sexual contra las mujeres hasta los ataques indiscriminados. Cuando la guerra dura tanto ya no es un método extremo para resolver una situación política intolerable; se vuelve un modo de vivir. Y vivir para la guerra es una enfermedad. Por otro lado, resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Todo indica que el conflicto armado interno se ha convertido en un pantano cada vez más amplio donde se ahogarán las próximas dos generaciones de colombianas y colombianos si no lo terminamos.

Segunda idea: el modelo uribista de la guerra se agotó y se abren de nuevos opciones políticas

5. Una vez las guerrillas se replegaron y dispersaron como efecto del Plan Colombia, las ventajas del ejército tendieron a disminuirse; desde el 2008 se evidencian el repunte de los hostigamientos insurgentes, el incremento en las bajas de la fuerza pública y la merma del impacto mediático por los golpes a comandantes guerrilleros. El gobierno es consciente de que un nuevo cambio sustancial en la dinámica de la guerra solo puede lograrse con una inyección masiva de recursos y un copamiento territorial en las zonas de retaguardia estratégica de la guerrilla. Pero la disminución de recursos provenientes del gobierno estadounidense, la fatiga de los empresarios con el impuesto de guerra, el déficit presupuestal, la corrupción generalizada de los mandos militares, hacen que esta vía hoy sea improbable, y sobre todo ruinosa.

6. Ante esta situación, la solución política aparece nuevamente como posibilidad. Al parecer el gobierno considera que antes de hablar de paz es necesario crear algunas condiciones que le posibiliten sentarse con ventaja ante sus enemigos. Por eso requiere debilitar a la guerrilla. Y debilitar a la extrema derecha armada, que es el obstáculo principal a una solución dialogada. Para profundizar el debilitamiento de las FARC el gobierno se concentra en su estrategia de dar de baja a “blancos de prestigio”, una estrategia que tiene efectos sobre la imagen de la insurgencia y menos sobre sus planes operativos, pero que es
totalmente ilusoria para cambiar el curso de la confrontación.

7. Para debilitar a la incómoda derecha criminal, el gobierno parece centrado en la restitución de tierras, o mejor, de “títulos” a algunos campesinos expropiados (los otros 5 millones de hectáreas quedarán intocadas). El propósito es que los campesinos se asocien en condiciones de sumisión a las grandes empresas del agro-negocio internacional; una solución capitalista al conflicto agrario que “desconoce” que el capitalismo es el responsable de la actual estructura agraria. Pero hay que reconocer que si los narco-terratenientes armados son despojados de algunas de las tierras y títulos conseguidos a sangre y fuego, o son judicializados por sus crímenes, puede significar la disminución de su poder e influencia, o un remezón a la estructura agraria, lo que abriría posibilidades para la terminación de la guerra, al desatar fuerzas políticas rurales importantes y contradicciones del bloque en el poder.

9. Reconocemos que las FARC y el ELN han reiterado su disposición a dialogar con el nuevo gobierno. Los mensajes de Cano y de Gabino son claros al respecto. Se han mostrado dispuestos a la solución política negociada e incluso han mostrado receptividad con las acciones del gobierno de avanzar en condiciones hacia la paz con algunas leyes. Pero el único método adoptado para preparar una posible negociación es la intensificación de las acciones bélicas. Estamos convencidos que es posible para la insurgencia pasar a realizar movimientos políticos más profundos.

Tercera idea: estamos obligados a realizar hechos de paz para abrir camino a la solución del conflicto armado

10. Ante la ausencia de voluntad política de los gobernantes para hacer realidad el derecho a paz, la decisión de la sociedad es hacerlo cumplir y garantizarlo por nuestros propios medios.

Nuestros principales hechos de paz son dos: El primero es fortalecer y proteger la autonomía política de los pueblos en medio de la guerra. La Minga en Resistencia adoptada por las organizaciones zonales del CRIC consiste en fortalecer la autonomía territorial mientras se
protege la vida, el plan de vida y el gobierno propio; en términos operativos es controlar los territorios directamente por las comunidades, e impulsar la desmilitarización de los territorios y el desmonte de la infraestructura de guerra de todos los actores armados.
Por eso estamos en total oposición al Batallón de Alta Montaña del Ejército en el resguardo de Tacueyó. No lo hemos autorizado. Ese territorio es propiedad colectiva indígena y el Estado no puede ocuparlo, expropiarlo ni comprarlo, porque es inalienable e imprescriptible. 
La Constitución solo autoriza usar propiedades particulares para uso militar en caso de guerra exterior. Pero la principal razón para estar en desacuerdo es que son inútiles para proteger a la gente y solo aumentan el riesgo.

Y por eso le hemos dicho a la guerrilla que no aceptamos sus campamentos en nuestro territorio en cercanías de la población civil y que no necesitamos su presencia. Nosotros solos, con la movilización de la comunidad, podemos resolver nuestros asuntos y enfrentar las amenazas del mercado y del Estado, como lo hemos hecho cientos de miles de indios en las carreteras. A estas alturas no tenemos que demostrarle esto a nadie.

Con estos hechos de paz “no queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario” (Pronunciamiento de Toribío, 20 de julio 2011).

11. Nuestro segundo hecho de paz es la realización de diálogos humanitarios con los actores armados: salvar vidas, evitar ataques indiscriminados, demandar el cumplimiento del DIH. El gobierno dice que estos diálogos están prohibidos. Nosotros consideramos que nuestra Ley de Origen y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas nos autorizan a realizarlos. Y vamos a realizarlos. La sociedad civil debería protegerlos, el gobierno nacional respetarlos y la comunidad internacional podría ser veedora. Tarea urgente de quienes construyen paz es abolir la norma que criminaliza la búsqueda de la paz; no solo es inconstitucional, sino que
reduce las posibilidades de la sociedad civil para proponer soluciones creativas al conflicto.

La Junta Directiva del CRIC del 20 de julio pasado mandó de nuevo la realización de Diálogos Humanitarios en territorio indígena con el gobierno y la insurgencia. Aprovechamos este escenario para proponer a las FARC la celebración del primer Diálogo Humanitario con los indígenas del Cauca, antes de finalizar el presente año. Será en un sitio desmilitarizado; la Guardia Indígena les garantizará la seguridad. Los temas que proponemos son los que venimos formulando desde la Red de Iniciativas Locales por la Paz (en la que estamos el CRIC y la ACIN), sobre los cuales vemos posible lograr compromisos por parte de los actores armados: 1. El abandono gradual pero decidido del uso de minas antipersonales, 2. la proscripción de cualquier forma de violencia sexual contra las mujeres, 3. el rechazo al reclutamiento de niños y niñas, y 4. el respeto a la autonomía territorial y cultural de las organizaciones sociales y comunitarias. Queremos hablar también de la obligación de cuidar y no realizar combates en medio de la población civil, la necesidad de que los milicianos se distingan como actores armados, y el compromiso del Secretariado de las FARC de no reclutar indígenas, incumplido reiteradamente.

Cuarta idea: el gobierno debe realizar hechos de paz creíbles

12. El primer obligado a hacer hechos de paz es el gobierno nacional. El gobierno debe iniciar ya la depuración de las fuerzas armadas; es un tema obvio en una negociación, pero debe ser una política que se inicie desde ahora, y para posibilitarla. El gobierno debe desmontar ese aparato de crimen que hay enquistado en las fuerzas militares -oficiales vinculados con crímenes de lesa humanidad, ideología fascista en la formación de los militares, mafia que vive de los contratos secretos, policía que opera en muchas regiones como apéndice del delito organizado. Una comisión independiente para la depuración de las fuerzas militares es un paso en la dirección correcta.
En el mismo sentido, el gobierno debe iniciar en serio el desmonte del aparato paramilitar. Una
medida sana es abandonar el lenguaje cómplice con la farsa de las desmovilizaciones uribistas. Más allá de los cambios ocurridos en su unidad de mando y su ahora descarado narcotráfico, el paramilitarismo sigue siendo un instrumento del latifundio armado al servicio del ejército y otros sectores empresariales para castigar y aterrorizar al movimiento social. Las bacrim son paramilitares ¡y ya!. Sin una estrategia real para desmontarlos, es improbable abrir caminos de negociación.

13. De forma inmediata el gobierno debe emprender la derogatoria de la norma que penaliza la protesta callejera, pues si el gobierno pretende desactivar la protesta armada, no puede criminalizar la protesta civil. Y debe haber una orden explícita a las fuerzas militares para no involucrar más a los civiles en el conflicto armado: desmantelar la red de informantes, el programa de soldados campesinos, las familias guardabosques, son medidas en esa dirección. Por lo mismo, la estrategia del Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI debe ser anulada, para que las autoridades y acciones civiles del Estado no sean destituidas en la práctica por las órdenes de los militares.

Quinta idea: la insurgencia puede y debe hacer hechos de paz más audaces que insistir en el intercambio de prisioneros

14. El balance que hacemos de la propuesta de intercambio humanitario que las FARC lanzaron ya hace 10 años no tiene mayor credibilidad como hecho de paz. Primero, porque las FARC mismas la irrespetaron al secuestrar a civiles para presionar el canje con militares, violando los principios de la guerra; segundo, porque la falta de cuidado con sus prisioneros hizo que parte del país repudiara el método de las retenciones. La falta de respeto con que el Estado trata a los presos de las FARC y a otros presos políticos, de ninguna manera justifica que la insurgencia hubiera hecho lo mismo.

15. Lo que necesitamos hoy es que la sociedad crea de nuevo en la urgencia y necesidad de la solución política. Necesitamos actos políticos 
de gran envergadura, generosos con el país. El gobierno ha dicho que abre diálogos si las FARC
liberan a los secuestrados. Antes que lo dijera el presidente, muchísimos sectores populares, alternativos y de izquierda les hemos dicho lo mismo, porque sabemos que eso no solo destrabaría la situación sino que volvería a poner el debate en el plano político.

Es la oportunidad de las FARC de hacer un hecho de paz trascendente. Instamos al comandante Alfonso Cano y al Secretariado para que ordenen liberar esas personas y entreguen a los combatientes menores de edad a sus familias y comunidades. Estamos seguros que amplios sectores sociales -el movimiento indígena entre ellos- veremos esa decisión como un mensaje que llena de contenido político el conflicto, un primer paso para resolverlo.

Sexta idea: Solo las organizaciones populares podemos desempantanar la situación

16. Resulta claro que la sociedad civil debe ser protagonista central de un proceso de negociación. Una paz exclusiva de los actores armados no solo es injusta sino que abre la puerta a posteriores escaladas militares. Nuestra presencia protagónica es fundamental para garantizar que los derechos y proyectos del movimiento popular no sean sacrificados en el altar de la conveniencia política de los ejércitos, pero sobre todo para blindar los acuerdos con la legitimidad que se requiere tras 60 años de confrontación.

17. Las organizaciones y actores sociales y políticos no vinculados con los contendientes debemos imponer la ruta hacia la solución política. Imponer la paz como urgencia, no esperar a que los armados marquen el ritmo en este punto, y no dejarnos quitar la iniciativa y el protagonismo por el Estado y la insurgencia cuando se abran escenarios de diálogo, son aprendizajes del proceso anterior.

18. Debemos garantizar que la agenda se construya sobre los acumulados organizativos y políticos propios. Nada de lo que hagamos en la construcción de la paz puede ir contra esas conquistas históricas. La paz se construye con movilización y se conquista para la movilización; toda búsqueda de la paz debería darse en el marco de las luchas reivindicativas; los indios del Cauca junto a la construcción de paz seguimos con los rituales de liberación de la Madre Tierra.

Séptima idea: una propuesta viable de solución política al conflicto armado debe basarse en un bloque por la paz más allá del campo popular

19. Aunque hemos perfeccionado nuestros métodos de resistencia e incluso hemos logrado construir las bases de la autonomía territorial en medio de la guerra, ésta continúa; y mientras ésta continúa estamos pagando un costo enorme: casi cien indígenas mueren cada año por causas asociadas al conflicto armado. Por eso para las comunidades es claro que la resistencia a la guerra no puede ser su destino. Por eso la solución del conflicto armado es un mandato estratégico de la organización.

20. Necesitamos activar diversos mecanismos francos y abiertos de diálogo público con los actores del conflicto interno (políticos, armados, económicos). Para la terminación de la guerra no es suficiente construir un proceso exclusivamente popular; la interlocución debe buscar un escenario de paz con actores armados legales e ilegales, con actores políticos, con actores económicos, con iniciativas de paz, con diversos sectores del establecimiento que vean la solución del conflicto como una opción deseable. Más que tener “la” propuesta de paz, lo urgente es construir una correlación de fuerzas a favor de la paz. Solo con un bloque político diverso y amplio por la paz es posible hacer viable la agenda que dicho bloque haya acordado.

El movimiento indígena del Cauca ha decidido ponerse a disposición de quienes quieran cumplir ese propósito.

Octava idea: La solución del conflicto armado no es la paz, pero es un camino para construirla

21. Nos parece importante lo que las FARC dicen que debe ser la paz, manifestado en el Mensaje de Cano por los 47 años de esa organización. Las ideas de desarrollo humano equilibrado, equidad de género, educación y salud gratuitas para todos, la reforma agraria integral que beneficie a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, salario justo y pleno empleo, protección integral del medio ambiente, garantías políticas para el debate, la movilización y la participación política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a la diversidad, los derechos de las mujeres, son asuntos que en el campo popular todos compartimos; incluso algunos sectores de la oligarquía estarían de acuerdo.

22. Sin embargo consideramos que algunos de esos puntos no podrían ser el resultado de una negociación para terminar el conflicto armado. No porque no sean deseables, sino porque implicarían tumbar todo el sistema político y económico, incluso cambios en la cultura. Por ejemplo el desarrollo humano equilibrado, la equidad de género, el fin de la pobreza, el pleno empleo y la protección integral del medio ambiente. Estas son cosas en las que sin duda no vamos a tener acuerdo en una mesa de negociaciones con los capitalistas, y deberán ser el resultado de la movilización popular permanente. Si ponemos eso como condición para terminar la guerra, pues en la práctica estamos es porque siga.

Algunos nos dirán que por eso es que la guerra debe seguir: para imponer esas metas políticas a una oligarquía que no se mueve ni un milímetro en dirección a la democracia y la justicia social. Ya anotamos que el problema de ese argumento es que la guerra de 50 años tampoco los ha movido hacia allá.

23. La solución política del conflicto armado no es la paz misma, no va a hacer desaparecer todos los conflictos sociales, políticos y territoriales existentes, que son consustanciales al capitalismo. Lo que buscamos es un contexto político que permita al movimiento social pelear en mejores condiciones por nuestros derechos. Tampoco significa que renunciemos a nuestros proyectos estratégicos, pues la solución política debe incluir explícitamente el derecho que tenemos para intentar cambiar incluso el régimen político. La idea de que la paz debe significar la renuncia a la lucha social atenta contra la posibilidad de una solución política.

Novena idea: pongamos de nuevo sobre la mesa los puntos de una posible negociación

24. Sabemos que mucha gente de los sectores populares no podemos hacer política sin que seamos asesinados o amenazados; muchos de los actuales combatientes de la guerrilla probablemente son luchadores sociales que no tuvieron otra alternativa ante la agresión criminal. Por eso es que creemos que la solución del problema no es solo el desarme de la guerrilla. Tiene que haber cambios. Pero los actores sociales y políticos debemos decir con más precisión qué es lo que necesitamos cambiar del sistema político y del modelo económico para que cualquier solución del conflicto armado sea duradera.

25. Nosotros pensamos al respecto que hay unos temas claves, que venimos proponiendo a diferentes actores políticos y gremiales: 1. el desmonte del narco-latifundio armado, especialmente su expresión política paramilitar; 2. la depuración de la fuerza pública, que incluya su reducción, la resocialización de sus miembros y el cambio en su orientación ideológica; 3. el reordenamiento territorial que garantice el gobierno de las comunidades sobre sus territorios y recursos naturales; 4. el cambio del sistema electoral para que los sectores populares tengan justa representación; 5. el acceso y control democrático de los medios masivos de comunicación; 6. el cuestionamiento al modelo de desarrollo basado en el extractivismo minero- energético; 7. la defensa de la soberanía nacional frente a la ocupación militar extranjera y para darle solución al narcotráfico; 8. la garantía de mínimos estándares de satisfacción de los derechos sociales y económicos; 9. la transformación sustancial de los mecanismos para exigir los derechos, especialmente los derechos a la movilización, a la protesta, a la organización social-popular y a la realización directa de los derechos; 10. la garantía de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas, afro y campesino; 11. los derechos de las víctimas. Proponemos profundizar en estos temas a futuro.

Ofrecimientos finales

26. El movimiento indígena del Cauca viene a ponerse a disposición de la solución del conflicto armado. A la terminación de la guerra nos sumamos los 103 cabildos, los 320 mil comuneros y comuneras del departamento, nuestros 40 años de lucha por la autonomía, el territorio y la dignidad. Ofrecemos el territorio indígena del Cauca para que sea el escenario adecuado donde la sociedad civil colombiana, el gobierno y la insurgencia, nos sentemos a diseñar la terminación de la guerra y los necesarios cambios en el sistema político y el modelo socio- económico. La Guardia Indígena y nuestras comunidades garantizarán la seguridad de los actores políticos que decidan dialogar, sin armas, para buscar alternativas políticas.

27. Hay que multiplicar los espacios donde promovamos la terminación del conflicto armado interno. Un primer momento para ampliar la audiencia, luego de este Encuentro, deberá ser el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanía, convocado por el Movice, la Minga Social y Comunitaria y el Congreso de los Pueblos, en septiembre próximo.

El CRIC y la ACIN proponemos que le demos continuidad al esfuerzo de los compañeros/as de la ACVC y los demás convocantes. Convoquémonos desde ya para un nuevo Encuentro por la Paz en Colombia a mediados del próximo año, en el suroccidente del país, en territorio indígena del Cauca.


Barrancabermeja, agosto 11 de 2011.


Consejería Mayor – Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN - Cxhab Wala Kiwe

Declaración política encuentro nacional de paz en Barrancabermeja


Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la exclución.
Declaración política...
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El diálogo es la ruta 
Colombia: Manifiesto por la tierra y la paz El dialogo es la ruta 

Los miles de asistentes al Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de 2011 declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional: 

1. Hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito. Los propósitos que nos trazamos de analizar la situación del país se han cumplido con creces. Hemos considerando de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política. 

2. Estos resultados, son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana, que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios de comunicación. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz. 

3. Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado. 

4. Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales , favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país. 

5. Expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano. 

6. Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo. 

7. La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población. 

8. Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad. 

9. Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz. 

10. Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces. 

11. Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política. 

12. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años. 

13. Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales. 

14. Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional 

15. Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social. 

16. Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro. 

ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS, AFRODECENDIENTES POR TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA 




La Guajira, Territorio de la Nación Wayuu, Concesiones Mineras, Férreas y Portuarias.

Una nueva década se inicia bajo un nuevo gobierno en el orden del pensamiento liberal y neoliberal que tiene el deber de cumplir las tareas dejadas por el anterior gobierno de ocho años, que dejo una larga estela de corrupción reconocida en las acciones de los órganos de control del Estado, y dentro de ellas las acciones del Ministerio de Minas y Energía, tareas a cumplir con las grandes empresas petroleras y mineras entre ellas MPX, OMIMEX, PACIFIC RUBIALES, entre otras, palabras estas que ya hacen parte del lenguaje cotidiano de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Guajiros, concejales, diputados, representantes de la Cámara y senadores, aspirantes a cargos públicos, desempleados, obreros, desplazados, funcionarios públicos, autoridades militares y policiales, ambientalistas, periodistas, locutores, estudiantes y egresados de las universidades públicas y privadas, etcétera


La reflexión con sentido común y en el marco de la Razón por lo tanto son herramientas del ser humano que tiene claros los principios de la Dignidad, sin olvidar lo multiétnico y Pluricultural que somos quienes habitamos el territorio de grandes riquezas para otros, de allí nuestra responsabilidad de más de 500 mil personas con las generaciones futuras y con las presentes también, sin olvidar el legado de otros que nunca perdieron la virtud de la libertad y hoy no están entre nosotros y algunos nos resistimos a olvidar su legado, como lo fue: el Wayuu Coronel Pushaina y Gustavo Palmezano, para solo mencionar dos grandes virtudes de dos grandes culturas de la convivencia cotidiana

En esta segunda oportunidad de las empresas extranjeras, ellas se preparan a destruir a Maá, creando una nueva herida, con una nueva vía férrea y un nuevo puerto y la primera de ellas entonces aplicar un nuevo golpe al Rio más importante de los orgullosos Guajiros y Wayuu, (para unos el Calancala y otros el Ranchería), el uso de la razón nos conduce a actuar en forma ágil, audaz y en estado de emergencia ambiental, social, política, económica y cultural.

A finales de los años setenta en la primera gran herida a Maá, no teníamos organizaciones indígenas, asociaciones etc., tampoco egresados de la Universidad de La Guajira, y eran poquísimos los de cierta formación académica, solo teníamos el apoyo de los grandes sindicatos como Sintraelecol, Sintrasalinas y Asodegua, quienes elevaron su voz de protesta y coadyuvaron a la creación de Sintramorrison y Sintracarbon, pero también se encontraban voces altisonantes como Alberto Palmarrosa y Edgar Pimienta, de la nación Wayuu, sus voces fueron apagadas sin misericordia alguna al no reconocerse sus derechos humanos, y lo diferencial, mucho menos a los afro-descendientes.

Hoy, en un Estado Social de Derechos y de Bienestar Social, con derechos de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con sentencias Judiciales a Favor de los Pueblos Indígenas y Afro- descendientes (Sentencia T-025 y sus autos 004/005) acompañados de sentencias judiciales sobre los derechos fundamentales de la Ley 21 de 1991 que legitima el Convenio 169 de la OIT, donde están expresos los Derechos Civiles y Políticos, y además los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y además se han creado sub-reglas de obligatorio cumplimiento.

Los representantes del Pueblo obedecen sin protestar ya que sus cerebros no conocen más que una lógica, se debe tener un gobernante y ese gobernante debe gobernar, el gobierno anterior no aplicó el Estado Social de Derecho, pero el actual manifiesta querer aplicarlo, más sin embargo en La Guajira, no se aplica la normatividad de derechos de los Derechos Humanos como se puede apreciar en la pretensión de desviar el mayor afluente de agua dulce, que alimenta a las aguas subterráneas y todo un ecosistema muy frágil por cierto, y además hace parte de la despensa de las familias Wayuu en sus labores de pastoreo provenientes de la Alta y media Guajira, debemos por lo tanto tener cuidado que la gobernabilidad no se puede descuidar ya que los funcionarios públicos no se pueden convertir en peones indefensos de las entidades privadas que hieren y asesinan a Maá, nuestra madre.

Ciudadanos de bien, aquellos que aun que no se han dejado corromper la dignidad entregando los bienes de nuestro territorio para que se coloquen en bancos extranjeros o centrales, aquellos que se resisten a no tener un carácter servil, y quienes han nacido para obtener una mayor comprensión de la personalidad humana, de los que nutren el autoestima Wayuu, de los que aprenden la responsabilidad de la vida, quienes se han resistido ante los embates de aquellos que han sido despojados de toda iniciativa, estamos llamados a desarrollar la aplicación de la Ley 99 de 1993, que expresa:

ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

Esta normatividad es posible cumplir y por lo tanto no veo viable que se permita el desvío del mayor afluente para beneficiar la acumulación de capital del Cerrejón.

Nosotros miembros de la Nación Wayuu, ustedes ciudadanos Guajiros, afros-descendientes, que hacemos parte de la función pública, y propietarios ancestrales de los bienes que están bajo el dominio de nuestra propiedad para el Uso, Goce y Usufructo para el bienestar social, no podemos ser laxos en el ejercicio de la funciones de lo público para el bienestar de empresas que se llevan los bienes usufructuados de manera licita e ilícita, de allí la importancia de la dignidad en defensa de nuestros bienes, por lo tanto es necesario aplicar el principio de la solidaridad del funcionario público a favor de la población vulnerable entre los más vulnerables, también de los que no somos funcionarios públicos en alertar a la población vulnerable a quienes se les quiere afectar desviando el curso del mayor afluente nuestro.

Les invito al uso del sentido común: los bienes son para aquellos que tienen el dominio de la Propiedad y por lo tanto el derecho al uso, goce y usufructo para el bienestar social, por lo tanto el mayor afluente no puede estar al servicio de quienes colocan el usufructo de los bienes ajenos a su beneficio en sus propios bancos a miles deKilómetros de Riohacha, Chancleta, o Lomamato.

Todos nosotros más de quinientos mil personas entre hombres, mujeres, niños y niñas, wayuu, afros-descendientes, guajiros, Zenus, Wiwas, arhuacos y miembros de la sociedad nacional, funcionarios públicos, debemos enaltecer nuestros principios de Dignidad y hacer causa común en contra de los intereses del capital privado extranjero, y en contra de los beneficiarios secundarios del usufructo de nuestros bienes que están en el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y otras entidades gozosas de lo que es nuestro de acuerdo al estado social de derecho donde nos encontramos.

Atentamente:
Armando Valbuena Goauriyu.
Sabio Indígena de la Humanidad Unesco 2009.
armandogoauriyu@yahoo.com.mx

Niños wayuu disfrutarán de alta tecnología en las aulas de clase

Setecientos cincuenta y cinco estudiantes del Internado indígena 4 de noviembre, ubicado en Albania, sonrieron con la inauguración del proyecto Vive digital La Guajira, en el que se hizo entrega de una dotación completa de aulas digitales con infraestructura para robótica, 300 equipos de alta tecnología como IPad y portátiles con conectividad ilimitada.

La institución educativa es la primera en contar con esta tecnología en el Departamento, que ni siquiera se encuentra en instituciones privadas o en algunos países.

En Latinoamérica alrededor del 3% de las escuelas del sector público cuentan con tecnología en el aula de clase y en Colombia apenas se está implementando.

El proyecto, liderado por la gobernación de La Guajira y el Ministerio de la Información y Comunicaciones, tiene como estrategia digitalizar las escuelas con nuevos sistemas académicos de tecnología.

Para este proyecto la Gobernación aportó 3 mil millones de pesos, que, según el mandatario, son recursos provenientes de las regalías del gas y el carbón, invertidos en la comunidad infantil indígena para darle la oportunidad de ser competitiva.

Al acto inaugural asistieron el gobernador Jorge Pérez; la directora de Asuntos Internacionales de la secretaría de Educación de Calgary, en Alberta, Canadá; diez docentes de esa nación y el gerente de Smart Tecnologys para Latinoamérica y el Caribe, Carlos Murillo, autoridades del municipio de Albania y la comunidad indígena del internado.

El equipo de Smart Technologies, que entregó todos los implementos, entrenó al cuerpo de profesores con anterioridad a través de seminarios específicos para que aprendieran el uso de las tecnologías en el aula de clase y las ventajas que esto tiene.

“Queremos que con este proyecto se promuevan intercambios de profesores y estudiantes a nivel internacional, donde ellos compartan experiencias con el uso de las tecnologías. Esto apenas empieza, será todo un proceso de la mano con la secretaría de Educación de Calgary, en Alberta”, manifestó Carlos Murillo.

Por Isabel Barceló Baca

Tomado de: http://www.elheraldo.co/regi-n/ni-os-wayuu-disfrutar-n-de-alta-tecnolog-a-en-las-aulas-de-clase-33702

Indígenas wayuu exigen construcción de viviendas en el municipio Bolívar

Apuntaron los ciudadanos que seguirán en pie de lucha por estar ligados de frente con el presidente Hugo Chávez y su proceso revolucionario y socialista, el cual los ha incluido enormemente y por ende se mantendrán con él rodilla en tierra

Números que valen
En total, Díaz añadió que si en Bolívar se llegan a construir 300 casas para este año, el gobierno dispondrá como recompensa hacer 600 más para el 2012; por lo tanto hizo un llamado a la unión y no aceptar más chantajes al respecto.(JUAN PAZOS/CNP:15605) - Desde las cinco de la mañana de ayer fueron tomadas las instalaciones de la Alcaldía del municipio Bolívar apostadas en la parroquia Sabana Grande, por un considerable número de indígenas de la etnia wayuú que piden la construcción de un proyecto habitacional de 26 casas para el sector San Juan de Cáus de la parroquia Cheregüé, aunque ahora tan sólo se podrán construir nada más que de 8 a 10 viviendas.
Iván Benítez como vocero laboral del Consejo Comunal indígena Shi Piapa Toushi, junto a Juana Rodríguez de la vocería de administración; expusieron que hay un problema desde el ente de Transformación Integral del Hábitat (TIH) en el que se les programó la construcción de las 26 viviendas, culpando al alcalde José Gregorio Díaz por presuntamente haber intervenido un cambio en el plan habitacional original.

Para ello, pidieron la presencia de una representación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Fundacomunal, con miras a que les solventen y aclaren la situación, debido a que después de tener todos sus papeles en regla en cuanto a la documentación e inspección, les vienen a salir con la reducción del número de casas a construir.

Benítez acotó no estar incurso en guarimba alguna por la acción de protesta, aclarando el no apoyar la gestión del actual alcalde. Pidió la destitución de Jackeline Perdomo como tutora del poder popular en la demarcación, porque supuestamente se prestó para hacerle ese gran daño a la comunidad wayuú.

Respuesta

Por su parte y en un acto cercano al ayuntamiento, el alcalde José Gregorio Díaz comentó que para ese colectivo de San Juan de Cáus le fueron aprobadas 6 viviendas por Pdvsa, 1 por la Misión Ribas, 10 por el Ministerio de las Comunas y 7 por remodelación. Explicó que la gente de ese mismo sector hará una escogencia de acuerdo a las necesidades y prioridades, por lo que no entendía la disyuntiva mostrada.

Aclaró que sí hubo la propuesta de 26 casas, aunque el ministerio comunal aprobó lo que había, en el marco del evento de inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela suscitado en el sector Antonio José de Sucre. Estuvo acompañado por Morelia Parada, coordinadora de finanzas estadal de la Misión Ribas.

Expuso el corregidor la meta de construir 20 viviendas para el municipio en este mes de agosto, 20 más para septiembre y 15 para noviembre, junto a unos brigadistas de la Misión Ribas que cobrarán Bs. F 1950 mensual como un incentivo a su labor. También dejó colar la intención de hacer más casas para los damnificados y quienes habiten en ranchos con familias masivas, como parte de una meta socialista, revolucionaria y bolivariana dispuesta por Hugo Chávez y el esfuerzo conjugado de varios sectores y la voluntad de gobierno.

Correo: pasoz60@hotmail.com""

Tomado de: http://www.diarioeltiempo.com.ve/V3_Secciones/index.php?id=166962011

miércoles, 10 de agosto de 2011

Creado Comité Cívico de La Guajira Frente a la Gran Minería

Rio Ranchería
El departamento de la Guajira es el mayor productor de carbón del país. El complejo carbonífero El Cerrejón, es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, de donde sale el 46% del mineral que exporta el país. Las ventas del carbón producen unos ingresos cercanos a los 2.500 millones de dólares, con una ganancia operacional del 58%, un negocio rentable como ningún otro. A pesar de generar semejante riqueza, el índice de necesidades básicas insatisfecha alcanza, al 65,2% de los habitantes de la Guajira viven en la pobreza y el atraso. 

El Cerrejón está conformada por las empresas AngloAmerican, Xstrata (Glencore) y BHP Billiton, cada una propietaria del 33.3% de la mina. Miles de pobladores de Tabaco fueron desalojados violentamente el 9 de agosto de 2001 para darle paso a la expansión descontrolada de El Cerrejón, y en el transcurso de los últimos diez años se han sumado las comunidades de Oreganal, Roche, Chancleta, Patilla, las Casitas, Barrancón de igual, manera las luchas y el proceso organizativo de la etnia wayuu del sur del departamento.

Hoy la compañía Cerrejón, planea continuar con su expansión, desviando el río Ranchería, la principal fuente de agua de todo el departamento de la Guajira 26 kilómetros, ya que por debajo de su lecho, existen probadas 500 millones de toneladas de carbón. Por tal razón miles de guajiros, se quedarán sin agua y sin opción de vida como consecuencia de la decisión por la puesta en marcha de este proyecto. 

El Cerrejón, de la que se dice es el “orgullo de los colombianos”, es causante de la pérdida de la soberanía alimentaria en el departamento, del desplazamiento de sus habitantes y de la miseria de las comunidades desplazadas y el desplazamiento mismo que hoy se vive en la región. 

Pero las cosas no paran allí. No suficiente con la ruina provocada por El Cerrejón, los guajiros se enfrentan ahora a la puesta en marcha del proyecto minero de la empresa MPX, filial de la multinacional EBX, del brasilero Eike Batista, que con una inversión total de cerca de US$3.000 millones, producirá hasta 35 millones de toneladas en el 2020, igualmente, anuncio la construcción de un puerto que deberá entrar en operaciones a fines del 2013 con una capacidad inicial de 5 millones de toneladas por año, para alcanzar finalmente 35 millones de toneladas. Y otras empresas en procesos de exploración de hidrocarburos el caso de Pacific Rubiales Energy empresa canadiense con apoyo de ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Como resultado de esta situación de afectación al ecosistema y de desplazamiento de comunidades, Fecodemigua, Asociación de Cabildos Indígenas del Sur de la Guajira, AACIWASUG, Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu, comité de residentes de cañaverales, Reclame Guajira y Sintracarbon, se reunieron el pasado 8 de agosto y constituyeron el COMITÉ CIVICO DE LA GUAJIRA FRENTE A LA GRAN MINERIA TRASNACIONAL, en defensa de las comunidades asentadas alrededor de los complejos mineros y afectadas por la explotación minera y de la articulación que existe entre el proceso minero y el territorio, el medio ambiente, las regalías y el futuro del departamento, que hoy más que nunca sufren la amenaza del arrasamiento a manos de la aplanadora minero-energética del gobierno de Juan Manuel Santos.

Por tal razón, llamamos a todas las organizaciones, dirigencia cívica, ambientalistas, sindicales, políticas y sociales, así, como comunidades en general del departamento, del país y del mundo a conformar el más amplio frente en defensa de nuestros principales fuentes de agua dulce, con que cuenta el departamento, como lo son el rio ranchería y el manantial del corregimiento de Cañaverales.

Barrancas Guajira, 8 de agosto del 2011.

 
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