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domingo, 31 de julio de 2011

Acusan a cuatro militares por homicidio de dos Wayúu

Valledupar, julio 27 de 2011. (www.elpaisvallenatoc.om) Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos Derecho Internacional Humanitario hizo formulación de acusación a dos sargentos y dos soldados profesionales del Ejército como presuntos coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público, en el que resultaron víctimas dos indígenas de la Guajira.
Se trata de los sargentos José Ramiro Alarcón Mesa y Alexander Abello Molina;Bladimir Julio Wilches y Eulises Yepes, soldados profesionales, integrantes del Guala militar-Guajira.

La Fiscalía dio a conocer que los hechos por lo que son investigados los militares, ocurrieron el 14 de noviembre de 2006, en el corregimiento Cuestecitas, jurisdicción del municipio de Albania (La Guajira), donde en un supuesto enfrentamiento armado del Ejército con bandas criminales fueron asesinados los indígenas Wayúu, Orlando Rafael Epiayú y Jorge Miguel Reinoso Rodríguez.

Los investigadores forenses lograron establecer que la muerte de estas personas no se produjo por enfrentamiento armado.

Tomado de:  El País Vallenato

Unos 10.000 wayuu fueron víctimas de registradores 'cómicos'



Miles de indígenas wayuu aparecen en sus cédulas como nacidos el 31 de diciembre. Muchos otros también sufrieron un cambio de su nombre real a lo que primero que se le ocurrió al registrador de la época. Foto: Wallace / Cortesía
Miles de indígenas wayuu aparecen en sus cédulas como nacidos el 31 de diciembre. Muchos otros también sufrieron un cambio de su nombre real a lo que primero que se le ocurrió al registrador de la época.
29 de julio de 2011
Foto: Wallace / Cortesía

KATHERINE LOAIZA
No se lo toman, como indica la versión oficial, como un error por no saber wayunaiki. A los indígenas wayuu, que habitan en la Guajira, les parece que es una absoluta burla que en lugar de ponerles sus nombres reales, los funcionarios de la Registraduría en los años 70 les pusieran nombres como Bolsillo, Cosita Rica, Zapato, Heroína, Marihuana, Eme Diecinueve, Borracho, Coreano y GoodYear.
Ya está en las salas de cine de Cinépolis a disposición del público el documental Nacimos el 31 de diciembre, que retrata lo que podría ser una burla generalizada de funcionarios estatales a miles de indígenas en toda América. Les cambiaron el nombre porque sí, según ellos porque eso les pareció escuchar cuando los indígenas que no hablaban español les dijeron su nombre. De ‘Raspayet’ a Raspahierro y de ‘Gastoila’ a Cosita Rica.
“Me enteré de esta historia a través de un libro que escribió una chica wayuu que se llama Estercilia Simanca llamado ‘Manifiesta no saber firmar’. Al principio creí que era una historia de ficción pero ella me confirmó que sí, que existían nombres como Gorilla, Motosierra, Heroína. Me puse a investigar y sí. El menor que sufrió esto tiene ahora 50 años y todos son nacidos el 31 de diciembre”, explicó a Terra Priscila Padilla, directora del documental.
El problema empezó cuando los políticos de la zona se dieron cuenta que podían tener dos millones de votos que estaban perdidos en los desiertos de la Guajira y empezaron a hacer brigadas con la Registraduría para cedularlos.
Además de los cambios de nombres y de fechas de nacimiento, a muchas mujeres les cambiaron la edad. Algunas tenían seis años cuando las llevaron a cedularlas y ahora en sus documentos de identidad aparecen con 13 años más de los reales. No importaba quién ni con qué nombre, sino que sirvieran de voto a cambio de cualquier pedazo de panela o incluso de nada.
“Ellos sí hacen mucho para que les cambien los nombres, pero es que no se trata de eso. Raspahierro se cambió el nombre en el documental pero es que su identidad está maltratada. Si a ti te colocan que te llamas Semen ya te violentaron. Lo que buscamos es que se acepte que se cometió un error y que el Estado lo subsane”, aseguró Padilla.
Según dijo la escritora del libro, Estercilia Simanca, ir a cambiarse el nombre no es una cosa tan sencilla. Sólo salir de la ranchería para llegar a Uribia, hacer la escritura pública y cambiar el nombre ante la Registraduría vale 200.000 pesos, que muchos de ellos no tienen.
“Yo me llamo Payaso en mi cédula. Desde que entendí que era el que tenía los zapatos grandes y la nariz roja la gente no para de burlarse. Yo les digo que me llamo Pablo pero no, ellos me siguen llamando Payaso. Ese es mi nombre y me da vergüenza” aseguró el damnificado por ese cambio de nombre.
“Es complicado operativamente pero también se le violentó. Yo no tengo registro pero Estercilia sí sabe de otros indígenas en Canadá y en otras zonas de América Latina. Eso es una forma de colonizar y decir que la cultura que vale es la cultura blanca, todo lo que no se parezca a nuestra cultura occidental hay que destruirlo y desaparecerlo”, indica Padilla.
La Fundación Nacimos el 31 de diciembre busca precisamente lograr que el Estado se reivindique con los indígenas y el daño que les hizo a su identidad. Existe desde julio de 2010. Según versiones no oficiales, 10.000 indígenas tienen en sus cédulas haber nacido el 31 de diciembre, muchos de ellos ya murieron.

martes, 26 de julio de 2011

Rechazamos el asesinato de Keila Esther Berrío Almaza.

Con profundo desconcierto e infinita pena, las mujeres y hombres de la Fuerza de Mujeres Wayuu - Sütsüin Jiyeyu Wayuu, rechazamos el asesinato de nuestra compañera y amiga Keila Esther Berrio, Almaza, quien fuera integrante de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco, Bolivar.

El Estado, ha sido negligente ante las necesidades de protección que demandamos las dirigentas que enfrentamos situaciones de amenazas y hostigamientos por parte de los grupos armados legales e ilegales, aún cuando personas como Keila Esther Berrío Almaza, era beneficiaria de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nos solidarizamos con su familia, y con la Liga de Mujeres Desplazadas y su Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos.

De la misma manera, exigimos al Estado Colombiano Justicia ante la creciente ola de asesinatos de mujeres víctimas del conflicto armado interno y defensoras de derechos humanos.

Comunicado Oficial:  


ASESINADA KEILA ESTHER BERRIO ALMANZA INTEGRANTE DE LA LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS EN EL MUNICIPIO DE TURBACO BOLIVAR


URGENTE /Cartagena 22 de julio de 2011
ASESINADA KEILA ESTHER BERRIO ALMANZA INTEGRANTE DE LA LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS EN EL MUNICIPIO DE TURBACO BOLIVAR
El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Liga de Mujeres Desplazadas organizaciónes basadas en el Departamento de Bolívar Colombia, denuncian ante la opinión nacional e internacional el asesinato de nuestra compañera KEILA ESTHER BERRÍO ALMANZA de 31 años, madre de una niña de 9 y dos niños de 11 y 12 años de edad. Keila; de la segunda generación de mujeres integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es hija de la señora EVERLEDIS ALMANZA CHARRY mujer fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco Bolívar.
Keila habitaba en la Ciudad de las Mujeres ubicada en el Municipio de Turbaco como beneficiaria del proyecto de vivienda de la Liga de Mujeres Desplazadas fundada en el año 2006. Keila y su familia son beneficiarias de Medidas Cautelares 319-09 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
La Liga de Mujeres Desplazadas ha solicitado al Estado colombiano de manera reiterada desde el otorgamiento de las Medidas Cautelares en el mes de noviembre de 2009 ; ampliadas el 16 de junio de 2010 y el 7 de marzo de 2011 a toda la organización, neutralizar el riesgo creciente de los factores generadores de violencia contra las mujeres de la organización y sus familias en razón de su reconocido liderazgo como activas defensoras de sus derechos humanos, y víctimas del conflicto armado en la región.
Desde su fundación en el año 1999 la organización, sus proyectos y lideresas han sido atacadas crímenes que hasta la fecha permanecen en la impunidad.
La Liga de Mujeres Desplazadas ha sido amenazada por las autodenominadas Águilas Negras y el Ejercito Revolucionario Anticomunista ERPAC en más de cinco oportunidades durante los años 2010 y lo que va corrido del 2011.
A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que los crímenes contra la LMD son hechos aislados, la organización reconoce un ciclo de violencia y un patrón de discriminación en donde se ataca a las mujeres por sus relaciones amorosas, el consumo de sustancias, el manejo de recursos, desviando así las investigaciones, lo que es más grave, tratando de hacer recaer la responsabilidad de los hechos en las mismas víctimas como generadoras de su propio riesgo.
El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y La Liga de Mujeres Desplazadas responsabilizan al Estado por la negligencia en su deber de prevención y protección y por la impunidad absoluta en las investigaciones de los hechos criminales contra la organización, lo que ha venido permitiendo la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres de la organización sus familias y sus proyectos.

Tomado de:  http://www.comosoc.org.co/?q=node/177 

lunes, 25 de julio de 2011

Universo Lúdico Wayuu

La iniciativa de reivindicación de nuestra sabiduría ancestral, transformada en nuevas alternativas para perpetuar nuestros conocimientos, se hace cada vez más fuerte.  Demandamos de estos espacios en donde la tradición y la modernidad, pueden corroborar, que nuestra esencia sigue siendo milenaria.

Con la organización de la Fundación Semillero Wayuu, se consolidan nuestros conocimientos.

Enviado por Joaquin Ramon Prince Jayariyu  en facebook.


domingo, 24 de julio de 2011

Megaminería, Reflexión y Acción Colectiva

¿Por qué invitar a recordar, denunciar y organizarnos?

El 9 de agosto de 2001, el corregimiento de Tabaco en la Guajira, fue desalojado de su territorio. Estos hechos se presentaron luego de que los empresarios del Cerrejón en conjunto con el estado colombiano, desarrollaran diversas estrategias con el fin de obligar a sus habitantes a dejar sus casas, animales, cultivos y todo lo que formaba parte de sus proyectos de vida, para darle paso a la gran minería.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo de tutela ordenó en el 2002 que el pueblo fuera reubicado, hoy los habitantes de Tabaco continúan a la espera de respuestas efectivas e integrales frente a los daños causados por parte del Estado y de la empresa que les permita recuperar todo lo perdido.

La denuncia y la resistencia de la comunidad, despertó solidaridad y acompañamiento nacional e internacional frente a lo cual la empresa reaccionó implementando una estrategia de marketing orientada más a acallar la denuncia, que a resolver los problemas de fondo que la originan. Este contraste se evidencia aun más, con la enorme publicidad que desarrolla alrededor de lo que llama “Responsabilidad social”; inversiones que lejos de estar orientadas a la reparación integral de las comunidades, se dirigen al incremento de su rentabilidad generando constantes situaciones de revictimización.

Hoy nos encontramos con mayores niveles de contaminación, nuevos despojos de tierra, cooptación de líderes sociales, corrupción, pérdida de la autonomía alimentaria, desempleo, desnutrición de niños, mujeres y ancianos. Las mujeres denuncian impactos en su salud y su economía con la pérdida sus tierras y su capacidad productiva viéndose forzadas a migrar a otros lugares en donde deben comprar los alimentos, sin tener los recursos para ello.

En esta búsqueda de justicia, el Estado colombiano ha sido el gran ausente en sus deberes constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos; cuya presencia, por el contrario, se ha sentido al lado de los intereses empresariales mineros.

Hasta ahora no conocemos NINGUNA investigación, juzgamiento y sanción producida por el Estado colombiano que satisfaga nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral por los derechos vulnerados que lleven a impedir que los hechos ocurridos VUELVAN A REPETIRSE, odecisiones que reconozcan la responsabilidad del Estado y su permisividad con las acciones de esta empresa; todo esto, a pesar de las incontables peticiones, acciones jurídicas y solicitudes de actuación que a lo largo de estos años hemos invocado. Por el contrario, sin preguntarnos, se ha decidido ampliar aun más la explotación minera en la Guajira.

La existencia de la Mina del Cerrejón y la experiencia de las comunidades afectadas por ésta, adquiere especial relevancia como referente para hacer memoria, reflexión y proponer acciones colectivas frente al desarrollo de la minería en Colombia. En este contexto, el encuentro de las comunidades y sus organizaciones busca un significativo intercambio de experiencias, procurando que éstas a través de la observación directa de los impactos y en los diálogos entre las comunidades que han sufrido la destrucción de sus territorios, el desmonte y desconocimiento de sus derechos logren construir espacios para el análisis y la reflexión desde sus realidades y contextos.

Por todo ello, la conmemoración de los 10 años del desalojo es una oportunidad para encontrarnos comunidades y organizaciones afectadas y amenazadas por la megaminería provenientes de diversas regiones del país, con el fin de recordar, reflexionar y activar propuestas colectivas de defensa del territorio y los derechos humanos frente a estos megaproyectos.


LUGARES Y FECHAS:
Chancleta – Tamaquitos II – Hato Nuevo Guajira 6 al 9 de agosto de 2011

viernes, 15 de julio de 2011

MEDPI (EMRIP): Declaración de los Pueblos Indígenas de Abya Yala

Emitida ante la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU
Ginebra, Suiza, 11 al 15 de julio del 2011

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas reivindica de manera holística  la cultura, económica y políticas de nuestros pueblos.  En el derecho internacional la libre determinación económica de los pueblos se enmarca en la "soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales".

Sin embargo de este reconocimiento los estados insisten en promover un desarrollo económico acelerado en la sola explotación extractiva, sin un adecuado proceso de consulta y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.  Es  una constante la afectación y vulneración a los derechos  económicos sociales y culturales que priva de un ambiente sano, el acceso al agua, a la salud, a la propiedad. La defensa de la vida a través de la protesta social es criminalizada con el encarcelamiento  de los dirigentes y líderes indígenas. 

Invocando el espíritu de la  Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI)  que reconoce el derecho a la libre determinación en el  su artículo 3ro y es concordante con otras normas internacionales como la convención de Viena (art 53),y la jurisprudencia internacional, consideramos que es oportuno, prioritario y necesario que el MEDPI  a través de su mandato debe continuar profundizando la interdependencia entre la soberanía permanente sobre los recursos naturales, el derecho al CLPI y los resultados de la vulneración reflejado en el  comportamiento  salvaje de las industrias extractivas, y los derechos de la naturaleza.

 La propuesta  subraya la prioridad en el seguimiento  a la implementación por los estados  el sector privado y los pueblos indigenas  para lo que es fundamental  profundizar el estudio sobre derecho a la participación como expresión del derecho a la libre determinación, en su cualidad de Ius Cogens de obligatorio cumplimiento.

Para su distinguida ilustración cabe destacar que el tema que proponemos, Implementación de la Consulta y el consentimiento previo libre  e informado con énfasis en la soberanía sobre los recursos naturales, se inscribe en la continuidad de preocupaciones previas ya expresadas por la propia Comisión de Derechos Humanos, en la etapa previa a la aprobación de la Declaración (2007), como son:

- El Estudio de la Relatora Especial Sra. Erica-Irene Daes titulado "La soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales" (E/CN.4/Sub.2/2004/30 y Add.1);

- El Estudio titulado de la misma Relatora titulado "Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra" (E/CN.4/Sub.2/2001/21); y

- Seminario de expertos relativo a la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su relación con la tierra (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3) realizado en Ginebra, 25-27 de enero de 2006) organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en virtud de la decisión 2005/110 de la Comisión de Derechos Humanos de 20 de abril de 2005, que fue confirmada por el Consejo Económico y Social en su decisión 2005/289 de 25 de julio de 2005.

Por tanto, los pueblos del Abya Yala (América Latina) y con respaldo de diversas delegaciones asistentes a la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU – Ginebra :

1.       Consideramos que el MEDPI debiera abocarse al estudio de la relación que existe entre libre determinación  de los pueblos indígenas, la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales y la efectividad del derecho indígena a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

2.     Que las Naciones Unidas elaboren y adopten un instrumento internacional vinculante para obligar la implementación y cumplimiento de las normas y los tratados internacionales por los estados a respetar los derechos  de los pueblos indígenas.

3.     Que en los procesos de elaboración tanto del estudio del MEDPI como del instrumento internacional vinculante propuestos se garantice la más amplia participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones.


Ginebra, 14 de julio del 2011.

jueves, 14 de julio de 2011

Mecanismo de Expertos sobre los Pueblos Indígenas. Declaración Wayuu.

Consejo de Derechos Humanos
Mecanismo de Expertos Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Cuarta Sesión 11 al 15 de julio de 2011

Punto 5:  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas


Por:  Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu*
Comunidades Wayuu Afectadas por la Minería



Saludos señor presidente, expertas y expertos del MEPI, epaya’a y tawalayuu presentes.


"Cuando los Estados hablan de sus bondades, ninguna voz indígena debe ser acallada para decir la verdad de lo que sucede en nuestros territorios."

En algunos países de Latinoamérica, se discute la probabilidad de establecer y aprobar en los congresos correspondientes  leyes de consulta previa.  Sin embargo, Más que hablar de consulta previa, los pueblos indígenas insistimos en la aplicación del concepto de  Consentimiento previo libre e informado (CPLI) que recoge de manera más apropiada las demandas de los pueblos indígenas, noción establecida en la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los pueblos indígenas. 

La experiencia ha demostrado no sólo que las consultas previas han sido realizadas antes de la puesta en marcha de los proyectos sino cuando éstos ya han principiado sino también que las consultas previas se han convertido en la estrategia de Gobiernos Nacional y las multinacionales para validar los procedimientos manipulados de participación que utilizan.

Desafortunadamente la consulta previa dejó de ser una oportunidad para que los pueblos indígenas incidamos y erradiquemos problemáticas que nos afectan, la consulta previa pasó a ser una estrategia que ha facilitado la imposición de un modelo de desarrollo incompatible el cuál no contempla las prioridades de los pueblos indígenas.

Desde que la declaración ha sido aprobada en 2007, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007, ésta ha sido utilizada como fundamento jurídico para proteger los derechos de los pueblos indígenas en múltiples órganos de derechos humanos y tribunales internacionales.

Como es sabido, la Corte interamericana de Derechos Humanos se ha basado en la Declaración para fallar a favor de la protección del derecho al consentimiento previo libre e informado para el caso Saramaka. 

En una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, del 3 de marzo del 2011, la sentencia T-129, el fallo dictamina efectuar adecuadamente la consulta inquiriendo la obtención  del consentimiento previo, libre e informado, debido a los dramáticos y graves impactos que generarían en contra de comunidades del pueblo Embera – Katío, tres proyectos de desarrollo relacionados con la construcción de la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá, la construcción de una carretera y una concesión minera.  La Corte Constitucional de Colombia, basándose en la ausencia de consulta con las comunidades afectadas, ordena la suspensión inmediata de los tres proyectos.

Este tribunal nacional, se pronunció en favor de la necesidad de que los pueblos indígenas den su consentimiento previo, libre e informado antes de la realización de proyectos de desarrollo que puedan afectar a las comunidades. La Corte Constitucional de Colombia, de manera consistente y contundente, recoge en su fallo el espíritu de sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, la realidad es totalmente opuesta en nuestro contexto más cotidiano.  Por una parte, se pretenden el desarrollo de legislaciones que aparentemente pretenden promover la regulación del derecho a la consulta, entre tanto se impulsan paralelamente legislaciones a favor de la minería, para que las industrias extractivastengan el aval legal que les permita controlar recursos sagrados para los pueblos indígenas como el agua e incluso los recursos minerales.  Todos estos aparatos promueven, por supuesto, la implementación de acuerdos de comercio que favorecen a los grandes intereses en nombre de la reducción de la pobreza cuando ocurre totalmente lo contrario en las comunidades de los pueblos indígenas. 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 32, reafirma que los PI  tenemos derecho a determinar nuestras prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de nuestras tierras o territorios y otros recursos, y que los Estados celebrarán consultas a fin de obtener el consentimiento previo libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a nuestros tierras o territorios y otros recursos.

Colombia, fue el único país latinoamericano en su momento quien se negó a  adoptar la declaración bajo los argumentos de que algunas disposiciones contradicen el orden jurídico y los poderes del Estado, sin embargo, en el 2009, manifiesta su respaldo a este instrumento internacional. 

Señor Presidente:

Solo quiero citar el caso del pueblo Wayuu de Colombia, en donde a pesar de la jurisprudencia existente que basa sus fallos en la Declaración y en la necesidad de garantizar el derecho que nos asiste a los pueblos indígenas sobre el CPLI, cerca de 10 comunidades Wayuu serán desplazadas forzosamente en el sur del departamento de La Guajira, para permitir la ampliación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la mina de El Cerrejón.  Adicional a esto, se pretende cambiar el curso del Shchiimuin Puloulia, el Río Ranchería, el único recurso hídrico de una zona árida y semidesertica como lo es Wounmainkat, el territorio del pueblo Wayuu. 

El artículo 10 de la DNUDPI establece que:  “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”. A lo largo de 46 artículos la Declaración también establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en donde se enfatiza la propiedad y seguridad sobre las tierras y territorios, por lo cual los Estados deberán garantizar que las legislaciones que se constituyan promuevan la protección de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Mientras tanto las compañías mineras en territorios indígenas de Colombia, en complicidad con el gobierno de turno, insisten en el  establecimiento de amplias opciones de seguridad jurídica para la inversión extranjera de industrias extractivas, lo que a su vez se traduce en el incremento de la presencia de grupos armados legales o ilegales, que promueven la violencia,  en un país sumido en un dramático conflicto armado interno como lo es Colombia. 

De hecho, varios bombardeos han ocurrido en territorio Wayuu, tres en lo que va corrido del año los cuales han sido efectuados por la policía antinarcóticos.  En uno de estos bombardeos,  una niña Wayuu de dos años de edad, murió en la Comunidad Wayuu de Malaki.

En otros lugares del país, los pueblos indígenas, enfrentamos los efectos del control de nuestros territorios por los grupos armados.  El pasado 11 de julio 6 indígenas fueron asesinados y más de 80 personas fueron heridas en combates que se presentaron entre la guerrilla y el ejército.  Todos estos hechos tuvieron lugar en territorio del pueblo indígena Nasa, quienes han debido enfrentar la mayor tragedia  en este contexto. 

Al ser el territorio del pueblo Wayuu dividido por las fronteras de Colombia y Veneuela, es preciso mencionar la problemática que acontece a los pueblos indígenas en los dos países:  En Venezuela, las multinacionales de carbón vegetal vienen acabando con la vegetación alta y media de los ríos Socuy, Maché y Cachirí y de las adyacencias del embalse Manuelote, Pie de Monte de la Sierra de Perija, territorio indígena del pueblo Yukpa, Bari y Wayuu. Los hornos de esta empresa vienen operando con un personal donde se puede apreciar algunos niños wayuu menores de edad de un poblado vecino denominado Jassain o San Miguel de la parroquia Monseñor Marco Sergio Godoy del municipio Mara, a cinco minutos del caserío El Paraíso.

Estos empresarios inescrupulosos vienen estimulando el corte de árboles madereros de manera indiscriminada que luego son adquiridos por metros cúbicos a precio irrisorios, sin importarles la erosión de los suelos y la sedimentación de los ríos y el embalse Manuelote, ni mucho menos el cambio climático con la merma de los bosques originarios consumidores de dióxido de carbono. Los árboles negociados son transportados en trozos en dos viejos camiones sin baranda a los hornos a plena luz del día al igual que miles de sacos de carbón en otros camiones. Ante estos hechos debemos hacer un llamado al Ministerio del Ambiente de Venezuela para que revise la legalidad del modus operandi de estas empresa.

La autodeterminación de los pueblos indígenas es la base fundamental de la DNUDPI.  Entretanto los Estados no se comprometan a elevar el nivel de reconocimiento de la Declaración, la situación de los pueblos indígenas del mundo seguirá empeorando progresivamente, lo que nos condena a la desaparición.

El llamado y la recomendación al mecanismo de expertos es para que a través del consejo de derechos humanos se inste a los estados a dar cabal cumplimiento a las sentencias de los tribunales internacionales y locales así como a las recomendaciones de organismos de derechos humanos que han señalado las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y las reparaciones correspondientes, tal como está establecido en los tratados internacionales.

Así mismo recomendamos al MEDPI para procurar la construcción de espacios y estrategias que permitan visibilizar al interior del Consejo de Derechos Humanos la creación de medidas que permitan responder a la situación de Pueblos Indígenas que padecen los impactos de la violencia que generan los conflictos armados internos.

 Ginebra, Suiza.  Jueves 14 de julio de 2011.

* * Presentación conjunta de Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, Cabildo Wayuu Nouna de Campamento, Resguardos Wayuu afectados por la minería:  Resguardo de Zahino (Col), Homo et Natura, Causa Amerindia, Comunidades Yukpas y Barí de la Sierra de Perijá, Comunidad Wayuu Maikiraasilii (Ven) ) Presentado por:  Karmen Ramírez Boscán (Wayunkerra Epinayu) Epaya’a Miou - Fuerza de Mujeres Wayuu.  Consejera de Relaciones internacionales.  




sábado, 9 de julio de 2011

Una mirada desde la Alta Guajira

“Los Wayúu vivimos entre la tradición y la modernidad”

Virginia Romero Pushaina, más conocida como Piti, es una mujer de 27 años de la comunidad Wayúu que habita la capital indígena de ese grupo étnico, Uribia. La profesora de primaria ha conocido de primera mano el trabajo de la “Fuerza de Mujeres Wayúu” (Sutsuin Jijeyu Wayúu) en la defensa de su territorio ancestral y el respeto por la blanda legislación minera nacional. Su opinión frente a la consulta previa en su comunidad es un relato de cómo la minería a gran escala se ha ido comiendo lo que por tiempos inmemorables les ha pertenecido.
La península de la Guajira es un espacio geográfico ubicado en la punta sur de la región suramericana y comprende 115.380 kilómetros. De esa extensión, 12.000 corresponden a Colombia, donde sobresalen poblaciones como Manaure, Nazareth, Uribia y Maicao y la capital política, Riohacha. Es en ese espacio donde los Uriana, Epieyú, Pushaina, Apushana, Urariyú y Pausayú suman alrededor de 150 mil personas, habitan y conviven. Su historia tiene un tinte de misticismo y leyenda, en la que los “palabreros”, que son los adultos mayores, relatan todo el camino que su pueblo tuvo que recorrer para llegar hasta donde se encuentran hoy en día después de haber salido de la Amazonía. Luego de esa larga travesía la comunidad tuvo que enfrentarse a los Arhuakos para finalmente poder llamarse dueños y señores de esa tierra. Lo que no se esperaban era que tanto tiempo después la lucha por su espacio fuera contra enormes locomotoras y gigantescos molinos de viento.

ILSA: ¿Cómo está su comunidad en la actualidad y cómo vive?

Piti: Desde mi perspectiva, somos una comunidad que se ha visto dividida por una enorme carrilera que cruza casi todo el desierto. Maicao, Manaure y Uribia están en el costado sur, mientras que otras pequeñas poblaciones, las cuales nosotros llamamos “Pichipalas”, y Nazareth quedan al norte. Mi familia es de Punta Gallinas, el punto continental nórdico de Colombia. Allá todavía vive mi tía con algunos de sus hijos. Ese lugar siempre le ha pertenecido a mi familia, los Pushaina.
Los del sur estamos muy cercanos a toda la civilización, especialmente Maicao, donde vive una comunidad muy grande de árabes, y Uribia que por ser la capital y estar tan cerca a la carrilera y a Riohacha es un espacio con servicios públicos y de actividades laborales y comerciales comunes. En la Alta Guajira, las comunidades aún duermen en “Piichis”, rancherías, y tienen las costumbres intactas en cuanto a sus relaciones con la tierra, la siembra, y las leyes que están divididas en obligaciones y tradiciones. No conocen códigos penales ni constituciones. Nosotros nos respetamos por lo que creemos y por la forma en que nos tratamos.

En términos legales, ¿Cómo funciona su sociedad?

La Constitución colombiana estipula dentro de su articulado que las comunidades indígenas tienen autonomía legal y normativa dentro de sus territorios. A nosotros muchos nos tildan de violentos y sanguinarios, pero si vemos cómo en otros lugares en Colombia se matan los unos a los otros. Nuestra interpretación de la sangre y de la vida está medida por una concepción donde la sangre es parte de la tierra y de todos, y en cuanto a la justicia, la ley del talión sigue siendo la forma de operar. Quien comete un daño a otro debe pagarlo y responder por ello. Creemos que el creador del mundo fue “Maleiea”, aunque tenemos otro grupo de deidades a las cuales rendimos tributo. En lugares tan áridos como el desierto, cada porción de comida y cada gota de agua son bienes preciados.

Desde la llegada de la minería extensiva con El Cerrejón, ¿Cómo han hecho para convivir con eso?

Hay un poema de una compañera de la Fuerza de Mujeres Wayúu que logró resumir en pocas palabras cómo nos sentimos frente a las grandes amenazas: “El wayúu, un ser valiente, un ser sin fin, un ser el cual no dejará de existir. Venceremos todas las barreras por muy altas que sean, siempre estaremos ahí en el presente, en el pasado, en el futuro; en el ir y en el venir. Porque nosotros los wayúu somos los gigantes acompañados de Wounmainkat, nuestra madre tierra”.
Yo soy muy joven para expresar qué pasó con la llegada del Cerrejón. Lo que puedo decir es que he visto cómo cientos de contrabandistas, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y militares se han paseado por aquí dejando muerte y tristeza. No nos preguntaron qué opinábamos cuando las Fuerzas Militares ingresaron y bombardearon lugares importantes para nosotros, aduciendo la existencia de pistas clandestinas. Parece que fuéramos parte del país cuando conviene.

Hablaba de una agrupación de mujeres, ¿A qué se dedica?

La Fuerza de Mujeres Wayúu, así como las otras asociaciones de mujeres de nuestra comunidad, tiene como principal objetivo la defensa de la mujer contra la violencia y la protección de la madre tierra para evitar que sea víctima de abusos. Hace poco se celebró un foro en Barrancabermeja donde se discutió el impacto que la minería extensiva y la exploración estaba teniendo en nuestro territorio. Dentro del espacio que protege nuestra etnia, hay un ecosistema que me atrevo a llamar único en el mundo, que es la selva húmeda tropical que rodea Nazareth. Permitir que los procesos de extracción de recursos lleguen hasta ese lugar sería una ofensa para los Wayúu, eternos protectores de la madre tierra. 

En cuanto a mecanismos de participación como la consulta previa, ¿Qué grado de participación les conceden?

Mis compañeras trataron ese tema en la reunión que mencioné. Lo que discutimos previo a que partieran al evento en Barrancabermeja era que necesitamos plantearle al gobierno nacional que nuestras voces debían ser escuchadas en cualquier proceso que se adelantara en esta región, ya fuera referente al conflicto armado o a la explotación de recursos. Nuestra vida tiene un vínculo demasiado profundo con la madre tierra, por lo que cada ataque que se comete contra ella es como si lo recibiéramos cada uno de los Wayúu. De la consulta previa puedo decir que es algo que poco o nada se ha escuchado hablar aquí. A nosotros nos llegan con limosnas disfrazadas de responsabilidad social empresarial, pero la realidad es que al que no le gusta termina desaparecido. El clamor de mi pueblo y el mío como parte de toda una comunidad es que la tierra sea entendida como el soporte de la vida y no como una forma de ganarse la vida.
Juan Carlos Rojas E., Comunicaciones ILSA


Tomado de:  http://ilsa.org.co:81/node/451

Denuncia pública por parte de la Comunidad indígena Wayuu de la Zona del Cerro de la Teta


Contexto General



El pueblo indígena wayuu, considerado un pueblo binacional por tener territorio en dos (2) países, Colombia y Venezuela. Nuevamente  quiere manifestar mediante este comunicado su malestar e inconformidad por los diferentes hechos ocurrido en su territorio.  Clara evidencia de las constantes violaciones de los derechos humanos y derechos indígenas por parte de la Fuerza Pública del Estado Colombiano. Teniendo como protagonista  en este caso, a la Comunidad Wayuu del Cerro de Teta (Epits), al norte de Colombia en el Municipio de Uribia _ Departamento de la Guajira. Resguardo indígena Wayuu de la Alta y media Guajira.

Hechos que la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígena wayuu “Mariawayuuguama”[1], reconocida ante el Ministerio del Interior y de Justicia y  que agrupa a diferentes comunidades indígenas de la Zona del Cerro de la Teta. Quiere denunciar y exigir  al Estado Colombiano, el  respeto y cumplimiento de nuestros derechos, así  como la no repetición de los hechos en nuestro territorio.


HECHOS

El día  7 de Julio de 2011 en  las horas de la mañana, aproximadamente a la 11:45 a.m un Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal  de la Policía (GAULA),  abordaron mediante disparo y sin identificación alguna,  el vehículo donde se movilizaban una familia Wayuu que se dirigía de la zona Urbana del Municipio de Uribia _ Departamento de la Guajira, a su territorio ancestral  El Cerro de Teta,  que en el idioma Wayuu  se le conoce como Epits.

La familia  había contratado el servicio de un  Vehículo particular para regresar a su  comunidad, como es común en esta zona debido a su contexto.   En este vehículo se encontraban nueves  (9) persona abordo: el conductor del vehículo, el ayudante, dos (2) mujeres, entre ellas una autoridad tradicional de Zona[2], un (1) niño de 12 años, una (1) niña de 10 años,  un niño (1) de un año y dos (2) hombres de la comunidad.

Durante  su viaje, por el camino que lleva a la institución ètnoeducativa de la comunidad y  camino cercano a la base militar del grupo Matamoros que se encuentra en la Zona. Sintieron disparos y  al instante,  un grupo de hombres los abordaron ordenándoles bajar  del vehículo mediante insultos, señalamientos  y empujones. Primero a los hombres quienes les pidieron tirarse al suelo con armas en la cabeza y luego a las mujeres. Insultos y señalamientos  donde les gritaban delincuentes y ladrones, groserías, palabras intimidantes  y les ordenaban estar en silencio.

En el caso de las mujeres quienes en un principio se encontraban en el vehículo con los dos niños y la niña, los cuales estaban asustados y temblaban de miedo. Se les ordeno a bajar  del vehículo  cuando la Mayor de ellas, Autoridad Tradicional de la zona, pedía en el idioma Wayuu que  no maltrataran ò mataran  a su sobrino, al verlo cuando era apuntado con un arma en la cabeza  por parte del GAULA. Aptitud que no le gusto a uno de los integrantes de este grupo y les grito  a las mujeres que se bajaran del vehículo  y se callaran. Una vez fuera del vehículo la autoridad tradicional se  tira encima del cuerpo de su sobrino  para que no le hicieran nada estos hombres. Acto que es costumbre en las mujeres wayuu cuando protegemos a nuestros familiares.

Pasado un tiempo y contando con suerte la familia Wayuu, a diferencia de otros casos similares donde no ocurre lo mismo o por el contario no se da a conocer,  la familia siguió su camino después de ser maltratado física y mentalmente. Pero sobre todo conscientes que este hecho en la ley  propia Wayuu es una ofensa gravísima, sobre todo por ser en su territorio, sinónimo de vida y protección para el pueblo wayuu.

Es de resaltar que no es la primera vez que ocurren hechos como estos en esta zona por parte de la fuerza pública. Y es por ello que no podemos seguir en silencio y ver como se nos sigue maltratando en nuestro territorio y espíritu.


DENUNCIAS

·       Desconociendo de la  Autoridad y Autonomía de las Autoridades indígenas en su territorio
·       Violación del territorio Wayuu y sus derechos  
·        Maltrato físico y psicológico por parte de la Fuerza Pública a la población Wayuu
·       Violación de los derechos de los niños y niñas
·       Desconociendo del enfoque diferencial  en la forma de actuar con la población diferenciada étnicamente por parte de la Fuerza publica
·       Señalamiento por parte de la fuerza pública al pueblo wayuu
·       Falta de Garantía y protección de los derechos del pueblo Wayuu, por parte del Estado Colombiano, como lo ordena la Corte Constitucional y los diferentes tratados internacionales.


EXIGENCIAS
·       La no repetición de los hechos
·       Disculpa pública por parte de la Fuerza Pública a la comunidad afectada
·       Garantía y respeto de los derechos  humanos e  indígenas, los tratados internacionales y las diferentes sentencias y autos de la Corte Constitucional por parte del Estado Colombiano.



[1] Resolución ministerial 0103 del 19 de diciembre del 2009. Datos: E- mail: mareiwayuu@yahoo.es.  -  Cel.: 3107404506 ó 3112296208. 
[2] Autoridad Tradicional Wayuu de la Comunidad de Sholoishirra_ Zona del Cerro de la Teta

 
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