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miércoles, 11 de mayo de 2011

Historia de una reivindicación indígena: la consulta previa


La Corte Constitucional amparó el derecho de dos comunidades indígenas del Chocó a que se les consulte previamente y se construya con ellas los proyectos que afectan sus territorios.

Lunes 9 Mayo 2011

En la selva chocoana, en límites con Panamá, viven 21 familias indígenas del pueblo Embera; 13 de la comunidad Chidima Tolo y ocho de la comunidad Pescadito. Conviven con la selva, la montaña y el río, como si fueran sus hermanos sagrados. Pero también con los megaproyectos, la explotación minera y los grupos armados.

Desde 2009, los representantes legales de los resguardos, ubicados en el municipio de Acandí, comenzaron una pelea jurídica para evitar que una carretera atravesara sus territorios. Además, han denunciado que su opinión no ha sido tenida en cuenta en la ejecución de proyectos mineros y energéticos.

La Corte Constitucional les dio la razón. El alto tribunal publicó la sentencia T-129 de 2011 que dejó claro que los proyectos mineros, de transporte, de infraestructura, o leyes que afecten los territorios indígenas, deben tener en cuenta a las comunidades que los habiten, y hacerlas parte de las discusiones y decisiones.

“La principal novedad de esta jurisprudencia es que la Corte Constitucional dice que la participación en la consulta previa, debe ser, antes, durante y después del proyecto que afecta a las comunidades”, dijo la abogada Alejandra Vega quien fue la representante de las comunidades indígenas.

De esta manera, el tribunal definió el alcance del derecho de las minorías a la “consulta previa”, que no es un procedimiento más que deben cumplir los organismos del Estado y las empresas, sino un derecho fundamental.

Por su parte, el experto constitucionalista y director de la organización Derechojusto.org, Juan Carlos Lancheros, argumentó que es muy importante esta sentencia porque “desde el momento en que se planea el estudio para un proyecto que afecta potencialmente a una comunidad indígena debe contarse con ella, además, garantizar y facilitar su participación activa en la construcción del proyecto, para salvaguardar sus derechos, idiosincrasia y cosmovisión”.

Esta sentencia fue negada en primera y segunda instancia. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió revisarla dada su importancia. Al final, les dio la razón a los demandantes. Entre otras cosas, ordenó suspender la carretera, con el fin de que se cumpla el requisito de consulta previa teniendo en cuenta la posibilidad de modificar el trazado de las obras. También pidió parar los proyectos de explotación minera, y traducir los apartes más importantes de la jurisprudencia a la lengua Embera y publicarlos.

Además, la sentencia exhortó al Congreso y al Ejecutivo a la creación de un proyecto de ley estatutaria que regule el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa.

Por todo lo anterior, la sentencia seguramente pasará a integrar la lista de las llamadas históricas.

La historia

Han sido varios los intentos de distintos gobiernos locales de construir la carretera, que pretende unir a los municipios de Unguía y Acandí, proyecto que ha tenido diferentes nombres. No obstante, la obra está interrumpida en los cuatro kilómetros que pasan por el resguardo. Es decir, la carretera existe en las entradas de los dos municipios, pero no está conectada.

Los representantes de las comunidades Chidima Tolo y Pescadito instauraron una tutela cuando advirtieron que en la zona se hacían estudios para pasar la carretera por ahí. El proceso pasó del Tribunal superior de Cundinamarca, por razones de competencia, al Tribunal Superior de Quibdó. Los demandantes pidieron el amparo de su derecho de consulta previa.

La consulta previa es un derecho de las minorías étnicas, que según los convenios suscritos por Colombia, las faculta para participar en las decisiones que afectan a sus territorios, y para conocer previamente los proyectos. Jurisprudencias como la de esta sentencia derivaron en el fracaso de leyes como el estatuto rural y la ley forestal, impulsadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Además, las comunidades reportaron en su demanda que existía un proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que desarrolla la empresa Interconexión Eléctrica ESP-ISA, que también podría afectarlos. También dieron cuenta de que en la región se han entregado proyectos de concesión minera en una zona comprendida entre el río Muerto y el río Tolo, considerados sagrados por las comunidades.

En el proceso intervinieron los ministerios de Transporte y de Agricultura que pidieron que se les excluyera de la demanda. El primero, porque solo revisa proyectos presentados por las alcaldías, a quienes les compete la consulta; y el segundo, porque argumentó que no tenía ninguna responsabilidad directa con los hechos que las comunidades estaban demandando.

El Ministerio de Medio Ambiente también pidió que se le excluyera de la demanda porque la empresa de Interconexión Eléctrica no ha presentado el estudio del impacto ambiental que tendrán las obras, y en caso de hacerlo, se comprometió a exigir que se haya cumplido el requisito de consulta previa para otorgar la licencia.

El Ministerio de Minas y Energía dijo que la responsabilidad era de Ingeominas, y que por tanto tampoco era sujeto de la demanda. También participó el Invías, que dijo que las obras contratadas eran de “mejoramiento” de la carretera, lo cual no requiere de consulta previa.

Hasta el ministerio de Defensa participó en los alegatos de la demanda, pues una agencia de las fuerzas militares es la que está ejecutando la obra. La agencia indicó que no se han “iniciado labores” pues está a la espera de que se haga la consulta; y la oficina de Derechos Humanos del Ministerio alegó que el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas “no es absoluto”, por lo cual las tropas “no pueden ser retiradas del territorio indígena”, y que la suspensión o no de la obra debe ser ordenada por una autoridad competente.

Por su parte, la empresa encargada del proyecto de interconexión argumentó que para la etapa en la que se encuentra la iniciativa no se requiere de la consulta previa y que, por tanto, no ha vulnerado los derechos de las comunidades.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal Superior de Quibdó, el 10 de julio de 2010, negó la petición de los representantes de las comunidades Chidima-Tolo y Pescadito. El argumento fue que el interés general primaba sobre el particular y que los argumentos no demostraron la vulneración de los derechos de los resguardos.

Ante la negativa del tribunal, los demandantes apelaron la decisión. Esta vez, fue la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la que les negó la razón. El argumento fue el mismo.

“En el caso específico, como quedó visto, no se estructuran los presupuestos para otorgar la prerrogativa reclamada, aun como mecanismo transitorio, por ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados”, explicó la Sala.

Pero, los demandantes no se dieron por vencidos y acudieron a la Corte Constitucional, que al comienzo decidió no revisar la demanda. Ante la insistencia de los representantes de los resguardos la acogió.

En la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en la etapa de pruebas, ordenó la participación institutos y facultades de antropología en la discusión. Además, entre otras decisiones, envió un grupo de investigadores al resguardo para hacer una inspección de lo que estaba ocurriendo.

En su argumentación, la Corte recordó que Colombia suscribió el convenio 169 de la OIT que la obliga a consultar previamente con los pueblos indígenas cuando haya medidas administrativas o legislativas que los afecten.

Además, en un capítulo llamado Constitución ambiental hizo una amplia descripción de lo que significa el cuidado del medio ambiente y reiteró lo que en otras jurisprudencias ha dicho: que el planeta está en riesgo y, por eso, su protección es deber de toda la raza humana.

En otro, dedicado a las tensiones que se derivan de los conceptos de “desarrollo”, aduce: “No se puede anteponer en abstracto el “interés general” y la visión mayoritaria que se tenga del “desarrollo” o “el progreso” que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos”.

Mejor dicho, que si se trata de respetar y conservar el patrimonio que representan las comunidades indígenas es necesario considerar su punto de vista. También incluyó en su argumentación algunas de las intervenciones de las facultades de antropología que destacan la distancia que hay entre el reconocimiento oficial de la multiculturalidad y la diversidad étnica y la realidad.

Al final, la Corte Constitucional indicó que las comunidades indígenas tienen derecho a conocer de los proyectos que se planean en sus territorios. Ese conocimiento debe ser “libre, previo e informado”.

Además aduce que en caso de que existan proyectos en territorios indígenas, la consulta es obligatoria, y debe buscar el “acuerdo” o “conseguir el consentimiento”. Es decir, no es suficiente con contarle a la comunidad que se va a desarrollar un proyecto en su territorio. Ese espacio de consulta debe ser una “disertación entre iguales” y no un simple formalismo.

Además, agrega la Corte, “no solo se debe obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades cuando existen planes para llevar a cabo grandes actividades de explotación en territorios indígenas, sino en efecto garantizar que se compartan los beneficios derivados de dicha explotación de forma equitativa”.

La Corte encontró que no se trata del “mantenimiento de la vía” (Ungia-Acandí) como argumentó la agencia militar, pues la carretera no existe. El proyecto en cuestión busca construir la carretera con todo lo que ello implica.

El alto tribunal recogió los argumentos de los propios indígenas quienes explicaron que una carretera cambiaría todo su estilo de vida, permitiría el tránsito de los grupos ilegales y multinacionales y podría significar un peligro para ellos. Además, el proceso de construcción también implica la destrucción de la naturaleza.

Al respecto del proyecto de interconexión eléctrica, la Corte se abstuvo de impartir una orden, pues este está en etapa de estudio de factibilidad. Sin embargo, advirtió que en caso de que el proyecto resulte viable y se advierta la posibilidad de que afecte a las comunidades, la empresa debe gestionar su participación en el proceso de consulta previa.

La Corte encontró que hay un título minero vigente que podría afectar al río Tolo. Ese río, además de ser la fuente del líquido vital de uno de los resguardos es sagrado. Por ello, la Corte ordenó suspender “las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera”. También pidió al Ministerio del Interior y a varias instituciones que le den prioridad en el Plan de salvaguardia de las minorías étnicas a los mecanismos de protección que garanticen la pervivencia de las comunidades.

Como parte de las medidas reivindicativas pidió a la Alcaldía de Acandí reconocer la importancia de los indígenas en la región y hacer campañas pedagógicas como muestra de ese reconocimiento; y a las autoridades ambientales, hacer un programa de arqueología preventiva, para identificar los lugares que merecen especial protección.

Para que no quedara duda de la posición de la Corte, ninguno de los magistrados que firmó la sentencia salvó su voto.

Tomado de:  http://www.semana.com/nacion/historia-reivindicacion-indigena-consulta-previa/156452-3.aspx

miércoles, 4 de mayo de 2011

CIDH llama la atención sobre la violencia contra las mujeres indígenas en Colombia

(CAOI).-  “La violencia ejercida por todos los actores del conflicto interno sigue causando un impacto diferenciado y agravando la discriminación histórica que las mujeres colombianas han vivido (…) afectando de forma particular a las mujeres indígenas y afrocolombianas”, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el reporte de seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia del 18 de octubre de 2006.
 Este informe de seguimiento forma parte del Informe Anual 2010 de la CIDH, constituyendo su capítulo quinto, en el que señala como las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres “la violencia física, sexual y psicológica; el reclutamiento forzado; la imposición de pautas de comportamiento social; y el desplazamiento forzado”.
 La CIDH toma como fuente un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC, integrante de la CAOI) sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas, según el cual: “Las mujeres indígenas en Colombia son impactadas doblemente por el conflicto y la violación sistémica de los derechos humanos; ser mujeres e indígenas hace que los efectos y la utilización de las mujeres en la guerra causen daños diferenciados en su vida personal y comunitaria”.
 De acuerdo con cifras de la ONIC, entre 2002 y 2009 más de mil indígenas fueron asesinados por causas violentas, siendo los pueblos más afectados Nasa, Wayúu, Kankuamo, Awá y Embera Chamí. Aproximadamente un 15 % (151 víctimas) eran mujeres, niños y niñas. También se reportó que en el mismo periodo 187 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual y tortura.
 La CIDH señala que “la prostitución forzada y la violencia sexual hacia mujeres y jóvenes indígenas es usada como táctica bélica, principalmente por parte de los actores armados ilegales y que muchos de los casos de violencia sexual denunciados por la Corte ante las autoridades competentes tienen por víctimas mujeres, niñas y adolescentes indígenas en todo el país”.
 Estos hechos se agravan porque “la violencia sexual perpetrada por los actores del conflicto armado contra las mujeres indígenas continúa siendo una realidad silenciada, ya que las mujeres no denuncian estos crímenes por miedo a ser estigmatizadas y rechazadas en sus comunidades”.
 Desplazamiento forzado
 La CIDH recuerda que la propia Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 090 del 2008, ha comprobado que “las mujeres indígenas y afrodescendientes son, entre el grupo de mujeres desplazadas, el segmento poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por los crímenes, las injusticias e inequidades que forman parte constitutiva tanto de la violencia armada como del desplazamiento forzado”.
 Al ser desplazadas por los actores del conflicto armado, “las mujeres indígenas sufren el impacto desproporcionado […], se exponen al abuso y explotación sexual, a la mendicidad, a la explotación en trabajos como el trabajo doméstico, entre otros, sin contar las condiciones infrahumanas en las que les toca vivir en los cinturones de miseria en las ciudades”.
 La Corte Constitucional de Colombia también ha enfatizado en varias de sus resoluciones la ausencia de enfoques diferenciados en las políticas públicas nacionales para las mujeres afectadas por el conflicto, en particular de las mujeres desplazadas. Una de las preocupaciones de la CIDH es que los sistemas y registros de información estadística “no reflejan adecuadamente la realidad de la situación de la violencia contra las mujeres a nivel nacional y local, especialmente la magnitud de problemáticas como la violencia sexual causada por los actores del conflicto”.
 El Informe de la CIDH denuncia además que el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz en el 2007 “no toma en cuenta las problemáticas específicas de las mujeres víctimas de violencia en el contexto del conflicto armado, y que muchos casos de violencia contra las mujeres investigados en estos procesos continúan en la impunidad”.
 En resumen, la CIDH señala cuatro manifestaciones de violencia que afectan especialmente a las mujeres en el contexto del conflicto armado: a) la violencia física, psicológica y sexual utilizada para “lesionar al enemigo” y avanzar en el control de territorios y recursos; b) la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio y desarraigo del hogar y de la vida familiar; c) la violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres por parte de miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares, y d) la violencia como una pauta de control social impuesta por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo su control.
 Advierte además que continúa recibiendo denuncias de asesinatos de mujeres por los actores del conflicto armado, tanto de la fuerza pública como de los grupos al margen de la ley. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) de 2007 y 2008, “las mujeres están siendo victimizadas con mayor frecuencia en las zonas urbanas y rurales por grupos armados en confrontación”. En el 2007, el 22% de las mujeres murieron en zonas rurales causadas por la violencia derivada del conflicto armado y la violencia intrafamiliar, a comparación de un 7% en el 2006.
 Violencia sexual
 La Comisión observa que los principales perpetradores de la violencia sexual son la policía, las fuerzas militares y los actores ilegales del conflicto armado (guerrillas y grupos paramilitares). De dicha información también se desprende que la violencia sexual es perpetrada mayormente en acciones militares, enfrentamientos armados y acciones guerrilleras.
La Corporación Sisma Mujer ha documentado más de 70 casos de violencia sexual perpetrados en contra de mujeres por actores armados o contra mujeres desplazadas por actores civiles entre el 2006 y 2009. Estos casos no han sido registrados en las estadísticas oficiales y de los testimonios de las mujeres se ha podido verificar “el agudo impacto y la profunda desestructuración que implica la violencia sexual en la vida de las mujeres y las comunidades”.
 En este sentido, en la mayoría de los casos documentados, las mujeres han padecido secuelas físicas y psicológicas ocasionadas por las agresiones sexuales, como torturas, amenazas, vivencias traumáticas (haber presenciado asesinatos, otras violaciones y agresiones sexuales) así como embarazos no deseados.
 De acuerdo con Amnistía Internacional: “Todas las partes involucradas en el conflicto atacan deliberadamente a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y facilitar así el control militar del territorio, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y apropiarse de las tierras abandonadas y para vengarse del enemigo”.
 El Informe de la CIDH señala casos emblemáticos de actos de violencia sexual perpetrados por grupos guerrilleros y paramilitares:
 • De grupos paramilitares contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y de desplazadas en el departamento de Santander.
• De miembros de la Fuerza Pública como forma de abuso de autoridad en los departamentos de Antioquia y Cauca.
• De miembros de la Fuerza Pública, acusando a la víctima de tener relaciones afectivas con un guerrillero y como medio para obtener información, en el Valle de Cauca.
• En algunos casos la violencia sexual se realizó al tiempo con otras violaciones a los derechos humanos, por ejemplo precedió al homicidio, o se dio de manera concomitante con hechos de tortura, toma de rehenes y desaparición forzada.
 El documento subraya que la violencia sexual ha continuado por parte de los grupos paramilitares durante los procesos de desmovilización, lo que significa que los perpetradores siguen ejerciendo control sobre la vida y el cuerpo de las mujeres afectadas por el conflicto armado.
 La Corte Constitucional de Colombia en el 2008 reconoció que: “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática en el contexto del conflicto armado colombiano” y que esta violencia permanece en la “casi total impunidad”.
 También la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país notó que: “En algunos departamentos, como el de Cauca y Chocó, la oficina en Colombia recibió información de casos de tratos crueles y degradantes contra mujeres y niñas por miembros del Ejército, que, en ocasiones, se tradujeron en violencia sexual”.
 En Medellín, anota la CIDH, “se ha reportado la explotación, el acoso y el abuso sexual de niñas y niños especialmente en las comunas 6 y 8 y en el barrio de San Pedro; así como el embarazo de adolescentes y desplazamiento de jóvenes por negarse a tener relaciones sexuales con policías en la comuna 3 de La Cruz”.
 La CIDH menciona el grave sistema de los “paga diario”, desmovilizados que, en virtud de la situación de pobreza de las mujeres, prestan altas sumas de dinero en las zonas desplazadas y cobran diario un porcentaje. “Si las mujeres no pueden cubrir la deuda, se pide la entrega de las mujeres jóvenes a cambio y se han registrado, incluso, asesinatos de mujeres que han rehusado entregar a sus hijas”.
 Recoge también el reporte de Amnistía Internacional que señala que los grupos paramilitares, con la colaboración de bandas de delincuentes, han secuestrado y violado a mujeres y niñas en varias zonas de Colombia y después las han obligado a trabajar como prostitutas.
 Despojo territorial
 Otra consecuencia del conflicto armado interno es que la muerte o desaparición de los hombres genera a las mujeres mayores riesgos de ser despojadas de sus tierras. Las mujeres generalmente no cuentan con información sobre los linderos de los predios, la existencia de títulos de propiedad o la modalidad de derechos que ostentan respecto de los bienes inmuebles. Por lo tanto, enfrentan mayores riesgos “de perder su patrimonio frente a las acciones de los distintos actores armado y no armados interesados en configurar situaciones de despojo y abandono forzado”.
 Recomendaciones específicas
 En el Informe del 2006, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado:
 • Adoptar una política estatal integral para abordar el impacto específico del conflicto armado en las mujeres en las áreas de justicia, salud y educación entre otras.
• Implementar y fortalecer las medidas para cumplir con el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, exacerbada por el conflicto armado;
• Implementar medidas para erradicar patrones socioculturales discriminatorios en razón de sexo, raza y etnia, tomando en cuenta estas diferencias y condiciones de vulnerabilidad en el desarrollo de las políticas públicas para mitigar el pernicioso efecto del conflicto armado en las mujeres colombianas.
• Reconocer públicamente las distintas manifestaciones de violencia y discriminación de género y su relación con la crisis humanitaria atravesada por Colombia.
 De igual forma, realizó una serie de recomendaciones específicas en aras de mejorar la respuesta estatal en la protección de los derechos humanos de las mujeres en la legislación y políticas públicas; los servicios a las mujeres desplazadas; el diagnóstico y prevención de la violencia; la problemática de las mujeres indígenas y afrocolombianas; la administración de la justicia; la participación cívica y política de las mujeres; y en los procesos de verdad, justicia y reparación.

Tomado de:  http://www.aininoticias.org/2011/04/cidh-llama-la-atencion-sobre-la-violencia-contra-las-mujeres-indigenas-en-colombia/

lunes, 2 de mayo de 2011

Mujeres Wayuu adoptamos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenio 169 de la OIT

Declaración del Primer Conversatorio Mujeres Indígenas, Mujeres Wayuu, Minería y Territorio.



Por: Sütsuin Jiyeyu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu




El wayuu
Un ser valiente
Un ser sin fin
Un ser el cual no dejara de existir.
Venceremos todas las barreras por muy altas que sean,
Siempre estaremos ahí en el presente, en el pasado, en el futuro; en el ir y en el venir.
Porque nosotros los wayuu somos los gigantes acompañados de Wounmainkat, nuestra madre tierra.

[Génesis  Gutiérrez Romero – Niña Wayuu de la FMW ]



Introducción

Los días 28 y 29 de Abril de 2011,  se celebró en  el Resguardo indígena wayuu Provincial – Municipio de Barraca Departamento de La Guajira Colombia, con la participación de 50  asistentes al primer conversatorio Wayuu, “MUJERES WAYUU MINERIA Y TERRITORIO”, espacio que fue desarrollado y coordinado por la organización Fuerza de Mujeres Wayuu - FMW y  la Asociación   de Autoridades y Cabildos Wayuu del Sur de la Guajira - AACIWASUG, con la colaboración y participación de otras organizaciones solidarias. El Objetivo principal de este conversatorio fue el de analizar la situación y el impacto diferenciado de la presencia de multinacionales y transnacionales que exploran y explotan  los recurso naturales en territorios ancestrales del pueblo Wayuu, lo cual se hace necesario evaluar, desde la mirada  y las voces de resistencia de las mujeres Wayuu.

Durante la realización del Primer Conversatorio Mujeres indígenas, Mujeres Wayuu, Minería y Territorio,  se promovió la participación de mujeres Wayuu, a partir del valor que debe darse a nuestra palabra, como parte fundamental de la vida propia del pueblo Wayuu.  De la misma manera, se analizaron las situaciones de violación a nuestro derecho propio, así como las infracciones al derecho internacional humanitario que enfrentamos los pueblos indígenas en Colombia, prestando particular atención a los nefastos impactos provocados por la implementación de la politica minera como una política de estado que, promueve la desterritorialización, así como el lento y silencioso exterminio del pueblo Wayuu.  Así mismo, se consideraron los devastadores crimenes cometidos en contra del pueblo Wayuu en el marco del conflicto armado, el cual está estrechamente ligado a los intereses económicos, como factores que promueven la extinción de nuestra cultura, además de la expropiación del territorio de los pueblos indígenas.

Se reconoció  además que la afectación e impacto de la minería y el conflicto armado en Colombia es diferenciado en el caso de las mujeres indígenas, prestando particular atención al contexto del pueblo Wayuu, cuando desde nuestra ley de origen, Wounmainkat – Nuestra Tierra, es considerada para nuestro pueblo como un ser femenino y sagrado.  Además se realizaron profundos razonamientos acerca del papel que desempeñamos las mujeres Wayuu como transmisoras del conocimeinto ancestral, así como nuestra relación estrecha y permanente con Wounmainkat.

Este  conversatorio cuyo tema principal fue  Mujeres Indígenas, Mujeres Wayuu, Minería y Territorio, es una de las diferentes propuestas de reivindicación y resistencia que hemos venido desarrollando como mujeres Wayuu, desde 2007 con la Campaña por la Eliminación de todas las Formas de Violencia en contra de Wounmainkat – Nuestra Tierra, cuyo lema es “Porque en Wounmainkat, los Únicos Gigantes somos los Wayuu”, y cuyo objetivo fundamental, obedece a la necesidad de fortalecer nuestras voces para que éstas sean escuchadas especialmente por quienes cometen violaciones en contra nuestra, vengan de donde vengan estas agresiones.

Es importante mencionar que durante el desarrollo del Primer Conversatorio:  Mujeres Indígenas, Mujeres Wayuu, Minería y Territorio, se prestó particular atención  a las preguntas del “Cuestionario sobre proyectos de desarrollo y extracción de recursos naturales dentro o cerca de territorios indígenas”, el cual será enviado al equipo de apoyo del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
 

Principales planteamientos abordados en el Conversatorio

Mujeres Wayuu:

1. Es necesario resaltar que existe un  impacto diferencial en cuanto  al desarrollo de la minería en el territorio Wayuu. Las mujeres Wayuu manifestamos que  la minería es un factor que promueve  la contaminación ambiental, provocando un impacto absolutamente nefasto para la biodiversidad existente, así como el deterioro cultural, el conflicto armado y la corrupción,  conduciendo al incremento de problemáticas como las amenazas,  las muertes selectivas, los señalamientos, los desplazamiento forzado, etc.  Por lo anterior,  hacemos un llamado  a la solidaridad a nivel interna del pueblo Wayuu, a nivel nacional e internacional de las organizaciones indígenas y no indígenas, para seguir visibilizando y denunciando los hechos de violación de derechos humano e indígenas en el territorio wayuu.

2. Declaramos que seguiremos fortaleciendo el trabajo de sensibilización y visibilización de las mujeres indígenas, en particular de las mujeres Wayuu. 

3.  Declaramos que, en el ejercicio de nuestro derecho propio, adoptamos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas DNUDPI, así como el Convenio 169 de la OIT, como los estándares mínimos para garantizar nuestros derechos al Consentimiento Previo, Libre e informado – CPLI, así como el derecho a la consulta previa,  cuando se intenten tomar medidas de cualquier tipo que, afecten nuestra cultura, nuestro territorio y nuestra vida. 

4.  Exigimos al estado Colombiano que se implemente de manera real y efectiva la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de manera que se pueda garantizar la participación de las mujeres en luna verdadera contrucción, aplicación e implementación de políticas públicas, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con las dinámicas del conflicto armado que nos afectan directamente como mujeres indígenas. 

5.  Reiteramos la  necesidad de seguir consolidando las alianzas estratégicas entre organizaciones indígenas Wayuu, organizaciones de otros pueblos indígenas, Organizaciones No Gubernamentales  ONGs, Organizaciones sociales,  tanto nacionales como internacionales, las cuales bajo diversas modalidades y siempre de manera respetuosa y generosa han venido acompañando el trabajo organizativo adelantado por los indígenas, principalmente en el tema de mujeres indígenas.


Sobre la Política Minera:

6.  “Colombia Minera, Desarrollo Responsable”,  es la Política minera que encierra los grandes intereses de las multinacionales, sustentanda en la L
ey 685 del año 2001. El Estado cambia su papel y  favorece la explotación minera  Extranjera.  Hoy los pueblos indígenas y en particular las mujeres del pueblo Wayuu, denunciamos esta política porque es  sinónimo de destrucción,  por arremeter en contra de Wounmainkat y nuestra propia cultura. 

7.  Se hace necesaria la consientización así como la información permanente, al interior de las comunidades del pueblo Wayuu,  de las estrategia estatales, utilizadas para explotar indiscriminadamente recursos naturales  que se encuentra en territorios indígenas.  Es prudente tener en cuenta que el carbón es considerado como un elemento que contribuye a mantener el equilibrio de Wounmainkat – Nuestra Tierra.

8.  Colombia depende de la imposición de politicas de otros estados que necesitan facilitarse la explotación de los recursos naturales que se encuentran en los países que son considerados en vía de desarrollo sin si quiera contemplar la posibilidad de garantizar los derechos que nos asisten como pueblos indígenas.  El gobierno, como parte de su estrategia, muestra un interés falso ya que las políticas que se implementan siempre son a favor de las multinacionales.

“Los mismo gobernantes del estado colombiano se han encargado de negociar nuestro recursos a las multinacionales, y esto se refleja en todos  los proyectos de ley que se vienen aprobando desde el congreso de la  republica, prácticamente  las multinacionales son las mismas encargadas de elaborar dichos proyectos para su propio beneficios”


Territorio y el impacto de la Minería


9.  El pueblo wayuu sigue manteniendo  que los “En Wounmainkat - Nuestra Tierra, los Únicos Gigantes Somos los Wayuu”,  como  lo es el territorio para cada pueblo indígena en Colombia y en el mundo.  Es por ello que no aceptamos que las multinacionales aval por los gobiernos de turno en Colombia, sigan destruyendo nuestro territorio por sus intereses de compra y venta en el marco de un modelo económico que no piensa en los seres humanos ni mucho menos en los devastadores e irreparables impactos que afectan a la Madre Tierra.


10.  Hoy la Guajira Colombiana cuenta con recursos mineros (Carbón, Cobre, Platino, Oro, Titanio, entre otros), que son codiciados por las empresas mineras, encontrandose todo el territorio del pueblo Wayuu entregado en consesión para llevar a cabo procesos de exploración y explotación. En este sentido el pueblo wayuu quiere denunciar que el derecho que nos asiste a los pueblos indígenas de garantizar la Consulta Previa, ha sido tenido en cuenta.


11. Reiteramos la necesidad  que las empresas y multinacionales como el Cerrejón, realicen acciones  estructurales, de manera inmediata, a fin de solucionar los graves problemas de contaminación ambiental que se traducen en graves enfermedades que incluso, han ocasionado la muerte especialmente de niñas y niños Wayuu afectados por problemas respiratorios y de piel. En este sentido, debiera ser el estado Colombiano quien  tenga la responsabilidad de garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y especialmente el de los pueblos indígenas, sinebargo, esto no sucede y por el contrario es el mismo estado quien regala a las multinacionales nuestro territorio. 


12.  Manifestamos nuestra gran preocupación frente  a la contaminación física como espiritual que vienen sufriendo Wounmainkat - Nuestra Madre Tierra así como los Wayuu.  Denunciamos que muchas muertes de Wayuu, ocurridas, son presentadas con otros diagnósticos para esconder la realidad de las cada vez más, enfermedades de piel, respiratorioas, así como afecciones en los ojos.  De igual manera denunciamos la extinción de plantas medicinales, animales y la contaminación de nuestras escasas fuentes de agua, lo cual se traduce en un atentado permanente en contra de nuestra biodiversidad.


“Las enfermedades en la población wayuu,  producto de la explotación minera y su  impacto ambiental son: las  enfermedades de la piel, perdida de la visión a temprana edad, enfermedades pulmonares, mal formación en los niños, y  muerte. Resalando también este impacto en  los   animales que desde la tradición han  convivido con nosotros por tiempos milenarios”
El impacto ambiental es una amenaza a la  identidad cultural  del pueblo wayuu y al equilibrio ambiental”


13.  Denunciamos el interés de la explotación minera, del desvió del Rio Ranchería, principal fuente de agua en el departamento de la Guajira,  la cual se efectúa con la única pretensión de garantizar  la explotación de Carbón.  Es preciso mencionar que atentar contra el agua en territorio Wayuu provocará impactos nefastos teniendo en cuenta que el Río Ranchería es prácticamente el único recurso de agua  existente en nuestro territorio, el cual se caracteriza por ser muy árido.


14.  La minería en Colombia genera desplazamientos forzados de las comunidades indígenas en el país, y en el caso del pueblo Wayuu se han generado estos desplazamientos disfrazados con el nombre de reubicaciones.


15.  La militarización del territorio es una realidad que nos ha venido afectado desde los inicio de la explotación minera y ha traído consigo consecuencia lamentables en la vida cotidiana del pueblo wayuu, especialmente en las mujeres, y es por ellos hoy rechazamos la presencia militar en el territorio Wayuu.


16.  El Cerrejón, en su afán de ampliar la explotación del carbón, ha intentado seducir a muchos líderes de comunidades Wayuu que están asentadas en las supuestas reservas mineras que les pertenecen.  De la misma manera, ha ofrecido a las comunidades una reubicación, lo cual consideramos es un desplazamiento forzado que provocaría desarraigo territorial, ya que cambiar de lugar las comunidades más cercanas a la explotación de carbón, implicaría que fueran asentadas forzozamente en territorios que no pertenecen a los límites tradicionales del Pueblo Wayuu, ya que el acelerado crecimiento de la explotación de carbón, ha destruido la mayor parte del territorio en el Sur de La Guajira.



Conflicto Armado


17.  Hoy los pueblos indígenas nos encontramos en el corazón del conflicto Armado que vive Colombia, y la presencia de multinacionales mineras en nuestro territorio acrecienta más la amenaza de los pueblos indígenas de seguir siendo víctimas de este conflicto. Existe temor por los mayores (ancianos) indígenas sobre el futuro de nuestros pueblos. El pueblo Wayuu resalta  que tenemos territorio y somos dueños de él, pero en la práctica es el Estado Colombiano quien toma las decisiones acerca de los proyectos que se implementan en neustro territorio. En este sentido denunciamos que se está violando nuestro derecho a ejercer nuestra Autonomía  cuando se desconoce a nuestras autoridades tradicionales.


18.  El conflicto armado en Colombia es la excusa para la militarización de nuestro territorio, cuyo objetivo es prestar un servicio de seguridad a los proyectos mineros y logran  en el marco de este conflicto, una alarma constante ya que persisten las amenazas,  las muertes selectivas, los señalamientos, los desplazamiento forzado, etc.



Espiritualidad   Wayuu

21.  La Espiritualidad Wayuu como esencia de vida,  hace parte de la  práctica curativa y preventiva que aplican el pueblo Wayuu, conjuga  varios elementos  importantes, entre ellos: La mujer, como transmisora del conocimiento; Los sueños como mecanismo de comunicación entre lo mítico y lo religioso; La medicina Tradicional como parte de la práctica curativa y preventiva; Los lugares Sagrados, y el Out’su como el guía espiritual y sabio de este conocimiento. En estos momentos está en peligro por culpa del la explotación minera.

Finalmente queremos invitar a las mujeres Wayuu, así como otras organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, derechos humanos, y otros sectores, para que desde ya, programen la participación en el Conversatorio Mujer Wayuu, Territorio y Conflicto Armado que se llevará a cabo el 20 y 21 de mayo próximos.

Hoy en mes de abril, mes de l@s niño@ en Colombia presente y futuro de la existencia de nuestro pueblo,  Autoridades indígenas y mujeres indígenas Wayuu decimos
NO A LA POLITICA MINERA QUE PROMUEVE LA DESTERRITORIALIZACIÓN”

Abril 28 y 29 de 2011
Resguardo indígena Wayuu Provincial
Waranka - Wajira
Colombia

Mujeres wayuu Alzadas en voces por la protección y la paz”

 
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