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viernes, 14 de marzo de 2008

ACERCA DEL CONTRABANDO DE GASOLINA DE VENEZUELA HACIA COLOMBIA

Por:

JUAN ALFONSO LÓPEZ

miraherna@yahoo.com

La gasolina de contrabando que entra a Colombia procedente de Venezuela

Se cayeron las ventas de combustible en Colombia dice Fedispetróleo. Las ventas de gasolina en Colombia cayeron en el 2007 en un 3.3%, con respecto al año de 2006.


Fedispetróleo, que es la entidad que agrupa a los distribuidores minoritarios de combustible, no se explica esta cifra si se tiene en cuenta que la economía colombiana creció un 7,35%, a septiembre de 2007 y se vendieron 258.463 vehículos nuevos.


Según cifras de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) en el 2007 se comercializaron 74.100 barriles diarios de gasolina --entre extra y corriente--, en promedio, frente a los 76.600 del 2006. Y se espera que en este año de 2008 haya un descenso de 2.000 barriles diarios.


En cambio las ventas de diesel o ACPM subieron 6,1 por ciento. En el 2007 se vendieron 94.200 barriles diarios, mientras que en el 2006 fueron 88.800.


En el balance consolidado, las ventas de gasolina y ACPM de Ecopetrol apenas subieron 1,7 por ciento y pasaron de 165.400 barriles por día (promedio) en el 2006 a 168.200 barriles en el 2007.


Las razones para la baja en las ventas


Los fundamentos o las razones de este fenómeno están en que los colombianos que tienen carros, acosados por los altos costos de la gasolina, ya que un galón tiene ya un precio entre seis mil y siete mil pesos, se vieron obligados a programar el tanqueo mensual de sus vehículos y el otro factor, dijéramos el más importante, obedece al contrabando de gasolina que entra por la frontera venezolana.


¿Cuánto cuesta producir un barril de combustible en Venezuela?


El costo promedio de producción de un barril de petróleo venezolano puesto en boca de pozo es de 8 dólares, más los costos de transporte, almacenamiento y refinación seria de unos 5 dólares y todo este proceso hasta colocarlo en las estaciones distribuidoras oscila entre 190.000 y 250.000 bolívares.


El precio real de un litro de gasolina venezolano es de 160 a 180 bolívares, lo que indica que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), esta subsidiando cada litro en 60 bolívares, para que cada litro llegue al consumidor final entre 70 a 97 bolívares.


Seiscientos millones de dólares pierde Venezuela anualmente por el contrabando de combustibles

En un estudio reciente del Ministerio de Energía y Petróleos de Venezuela MINPET, dice que las pérdidas de PDVSA son de unos 600 millones de dólares anuales, ocasionadas por el contrabando de combustibles en el año 2007. Sería una perdida mensual de 1.5 millones de dólares diarios, unos 3.2 millones de bolívares fuertes.


De los 270 mil barriles diarios de combustibles procesados en las refinerías venezolanas, 30 mil barriles salen de contrabando, o sea un 12% de la refinación, especialmente para la frontera con Colombia, Curazao y Aruba y en menor escala para la frontera con Brasil.


Los datos del contrabando de gasolina de Venezuela para Colombia


Los datos oficiales del contrabando con Colombia dados por PDVSA registran que las más de 15 cooperativas Wayúu comercializan mensualmente 11 millones de litros en el departamento de La Guajira. No hay datos muy precisos de este negocio en la frontera con Norte de Santander y Arauca.


El acuerdo marco firmado entre PDVSA y Ecopetrol


Sin embargo, en un acuerdo marco firmado en el 2007 entre PDVSA y Ecopetrol, se acordó exportar al departamento Norte de Santander 8 millones de litros mensuales, un 70% de gasolina de alta calidad 91 octanos y 30% de diesel, hasta alcanzar un tope de 19 millones de litros, en el 2012 que se cargarían en la Ciudad del Vigía y se llevarían a los centros de acopio ya construidos en la ciudad de Cúcuta. La exportación de combustible venezolano, está prevista para los próximos meses.


¿Quien es el gran beneficiado con este negocio?


Tanto el capital de las cooperativas de La Guajira como los centros de acopio de Cúcuta son dineros del lavado de dólares del narco-paramilitarismo colombiano, esto es de público conocimiento en la opinión pública nacional e internacional y por tanto, es este capital el gran beneficiado de uno de los mejores negocios fronterizos.


Los pimpineros quedaron por fuera del negocio


Este acuerdo marco entre Ecopetrol y PDVSA va a afectar de manera directa a los llamados pamplineros, que quedaron por fuera del negocio. Una pimpina de 26 litros, la que normalmente se vende en las ciudades fronterizas, cuesta en Venezuela 180 bolívares. Pero ya la venta en Cúcuta es de $18.000, unos 52.000 Bolívares. Esto da una ganancia de 1.800%.


Seguramente, el negocio del contrabando de combustible por la vía de los pamplineros va a continuar, por cuanto esa es una forma de vida de mucha gente en la frontera y de la que viven muchas familias en Cúcuta, Arauca y Maicao. La importación no va a solucionar el problema del contrabando, por el contrario ahora va a aumentarlo una vez se comience con las primeras exportaciones de combustible a Colombia, que ha estado trancada por todos estos líos en que Uribe Vélez se ha metido con el vecino país.


Algunas consideraciones


1. Está ampliamente demostrado que todos los negocios ilegales son muchos más rentables que los legalmente instituidos.


2. Los convenios económicos binacionales entre países fronterizos, como es el caso de Colombia y Venezuela, siempre serán paños de agua tibia frente a la ilegalidad fronteriza, como es el caso del acuerdo marco entre la Ecopetrol y PDVSA para exportar combustible venezolano a Colombia y de esa manera evitar el contrabando.


3. Que la única salida para la superación del contrabando de combustible de Venezuela hacia Colombia es legalizar el negocio. Esta actividad contrabandística, se volvió ilegal desde hace muchos años y fue en el momento en que esta corrompió la institucionalidad establecida de ambos países, dando origen a un tercer Estado ilegal fronterizo, con sus propias normas, reglas y redes para cada una de las actividades ilícitas. Por ello es común ver en los retenes y alcabalas de ambos lados de la frontera, como se soborna a las autoridades; es algo normal y cotidiano ver la paga por todo lo que se mueve de manera ilegal. Cuando la legalidad no llena el vacío de la actividad fronteriza se acude de manera normal a lo ilegal a lo no establecido, ni pactado.


Propuestas para los venezolanos


1. Que la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA, cree de manera directa empresas distribuidoras de combustible en ciudades como Cúcuta, Arauca y Maicao, como las tiene en Estados Unidos con su empresa subsidiaria CISGO. Que el costo del combustible sea a mitad del precio oficial colombiano con lo que PDVSA obtendría grandes ganancias. Que los trabajadores de PDVSA sean los actuales pimpineros y que las ganancias tengan un destino solidario binacional, para los barrios más pobres de las ciudades y pueblos fronterizos.


2. Creación de una empresa comunitaria binacional distribuidora de combustible, con controles y auditorias de ambos países, pero que su filosofía sea siempre beneficiar a los más pobres.


Barranquilla (Atlántico), 13 de marzo de 2008.

Tomado de: http://colombia.indymedia.org/news/2008/03/82811.php

jueves, 13 de marzo de 2008

ESTRATEGIA CONTINENTAL

Por:

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS *

Acerca de la incursión del ejército colombiano en territorio de Ecuador, para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, parece estar todo dicho; más aún si aparece como un caso cerrado, exitosamente cerrado. Pero la verdad es que no es así. Lo que se revela sobre la situación es tan importante como lo que se oculta.

Primer ocultamiento: los procesos políticos en América latina cuestionan el control continental que EE.UU. necesita para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de la región. Se trata de una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. que, ante el fracaso inminente de las respuestas “consensuadas” (libre comercio y concesiones para las bases militares), busca tener una respuesta firme y unilateral. Es decir, la guerra global contra el terrorismo llega al continente –llegó con el Plan Colombia pero la incursión en Medio Oriente provocó algún atraso– y asume aquí las mismas características que ha adquirido en otros continentes: utilizar un aliado privilegiado (sea éste Colombia, Israel o Pakistán), a quien a lo largo del tiempo se provee con la ayuda militar e información de espionaje sofisticado que lo pone al abrigo de represalias y le permite acciones dramáticas de bajo costo y un éxito certero; se incita al aliado al aislacionismo regional como precio a pagar por la alianza hegemónica.

La guerra contra el terrorismo incluye acciones muy visibles y otras secretas. Entre las últimas están los actos de espionaje y de desestabilización; Bolivia, Venezuela, la triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) son los blancos privilegiados. En Bolivia, becarios norteamericanos de la Fundación Fulbright son llamados por la Embajada de EE.UU. para dar información sobre la presencia de cubanos y venezolanos y movimientos indígenas sospechados; mientras, los separatistas extremistas de Santa Cruz son entrenados en la selva colombiana por los paramilitares. Nuevos hechos: en las acciones de desestabilización pueden participar empresas militares y de seguridad privada, contratadas por EE.UU. bajo el paraguas del Plan Colombia que, además, las dota de inmunidad diplomática y por lo tanto impunidad ante la Justicia nacional.

Segundo ocultamiento: la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. De hecho, la permanencia de las FARC es fundamental para mantener la justificación de la guerra contra el terrorismo y generar un clima de miedo y una lógica bélica que bloquea el ascenso de las fuerzas progresistas, denominadas Polo Democrático de Colombia.

Por la misma razón, la intervención humanitaria a favor de los rehenes tuvo que ser desmantelada para que no obtuviera rédito político Hugo Chávez. Las fuerzas políticas progresistas amenazan la dominación territorial de EE.UU. a través de medidas que buscan fortalecer la soberanía de los países sobre los recursos naturales y alterar las reglas de la distribución de los beneficios de su explotación.

Pero la mayor amenaza proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde están esos recursos, o sea, de los pueblos indígenas. En relación con esto es elocuente el informe Tendencias Globales-2020, producido por el Consejo Nacional de Información de EE.UU., sobre los escenarios de amenaza a la seguridad nacional del país. En el informe se afirma que las reivindicaciones territoriales de los movimientos indígenas “representan un riesgo para la seguridad regional” y son uno de los “factores principales que determinarán el futuro latinoamericano”. Tomando como ejemplo las luchas indígenas de Chiapas, Ecuador, Bolivia, Chile y sur de Argentina, se dice que “en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas... Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización... que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo”.

A la luz de esto no sorprende que el presidente del Perú se pregunte “si no habrá una internacional terrorista en América latina”. Tampoco sorprende que actualmente centenares de líderes indígenas de Perú y de Chile hayan sido imputados al abrigo de leyes antiterroristas promulgadas en estos y otros países (por presión de EE.UU.) por defender sus territorios. La estrategia queda entonces delineada: transformar a los movimientos indígenas en la próxima generación de terroristas y, para enfrentarlos, seguir las recetas señaladas en el informe: tolerancia cero, refuerzos para gastos militares, estrechamiento de las relaciones con EE.UU. La responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas es lograr que esta estrategia fracase.

Jueves 13 de marzo de 2008.

* Doctor en Sociología del Derecho, profesor de la Universidad de Coimbra (Portugal).

Tomado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/index-2008-03-13.html

lunes, 10 de marzo de 2008

PARAMILITARISMO COLOMBIANO EN VENEZUELA:

Por:

LUISMI HUARTE

Nadie duda ya de la penetración de grupos paramilitares colombianos en Venezuela, donde además de actuar como una herramienta de muerte al servicio de los poderosos, se están apropiando poco a poco de sectores económicos sumamente lucrativos. Diseñada desde el exterior, esta estrategia busca desestabilizar el país.

Cuando en mayo de 2004, un grupo superior a 100 paramilitares colombianos fue detenido en una finca cercana a Caracas, propiedad del cubano-venezolano y anticomunista Robert Alonso, se evitó un plan de magnicidio, que tenía como objetivo acabar con la vida del presidente Hugo Chávez. Tres años después, en el marco de la mediación del mandatario venezolano para lograr un acuerdo humanitario entre el Gobierno colombiano y las FARC, Chávez decidió indultarlos y enviarlos a Colombia, como gesto simbólico dirigido a las dos partes enfrentadas. Aquel centenar de mercenarios regresaron a su país, pero para entonces, un número bastante más elevado de paramilitares estaban ya dispersados por diferentes zonas del territorio venezolano.


Daba la impresión de que las autoridades venezolanas, en estos últimos años, habían relativizado la expansión del fenómeno del paramilitarismo de origen colombiano. Sin embargo, en los últimos meses, parece que le han otorgado la importancia que se merece, producto de la penetración, cada vez más preocupante, de estos grupos.


Como es obvio, ni Washington ni la oligarquía criolla han renunciado a disolver la Revolución Bolivariana, y por ello siguen utilizando diversos mecanismos para intentar acabar con el proceso de cambio de orientación popular que se vive en Venezuela desde 1998. Fallaron el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, y los paros patronales, pero actualmente la estrategia de desestabilización se expresa a través de la combinación de varios elementos: uno de ellos es el conocido acaparamiento y desabastecimiento de alimentos, y otro, la implantación progresiva de paramilitares colombianos en pueblos y ciudades de todo el país, que irían desgastando y minando el proceso revolucionario, e incluso en un futuro oponiéndose frontalmente, al estilo de la Contra en Nicaragua.


Por etapas


La penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela ha tenido dos etapas bien definidas. La primera de ellas, se produce en el marco de la Ley de Tierras de 2001 y la Reforma Agraria, cuando se establece el marco legal para la lucha contra el latifundio y el reparto de tierras a los campesinos. A partir de esa fecha se empieza a manifestar el fenómeno, a través del modelo del sicariato, del que se sirven los terratenientes para enfrentar la lucha campesina. Ganaderos y grandes propietarios de tierras venezolanos contratan paramilitares colombianos para exterminar a cuadros campesinos que estaban liderando la Reforma Agraria.


Los efectos, hasta el día de hoy, son devastadores, ya que más de 180 campesinos han sido asesinados, según datos facilitados por las propias organizaciones agrarias. Pero lo más preocupante, no es sólo la desaparición física de todas estas personas, sino la impunidad generalizada, ya que prácticamente ningún paramilitar ni terrateniente han sido juzgados por hechos de esta naturaleza. La indefensión, por tanto, del movimiento campesino, ha sido extrema, lo que le ha obligado en más de un caso a organizarse y practicar la autodefensa armada.


Pero más allá de convertirse en una herramienta de muerte al servicio de la vieja oligarquía, la penetración del paramilitarismo colombiano se expresó, desde hace más de siete años, en la inserción y control de importantes territorios a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Estados fronterizos como Táchira o el Zulia son hoy día ejemplos significativos de la presencia notable de estas bandas, que poco a poco han ido apropiándose de sectores económicos sumamente lucrativos. Negocios tan beneficiosos como el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia están bajo control del paramilitarismo colombiano desde hace tiempo, según fuentes oficiales. Se presume también que manejan el contrabando de comida y que, por tanto, están jugando un papel destacado en la estrategia de desabastecimiento que sufre el país desde hace más de un año.


En ciudades como San Cristóbal, capital del Estado Táchira, han logrado implantar el cobro de «vacunas», es decir, el pago por «protección», a infinidad de comerciantes, reproduciendo así el clásico modus operandi de la mafia. Si a esto unimos los negocios comunes que tienen con ciertos sectores de las fuerzas de seguridad (Guardia Nacional, Ejército, Policía) y con algunas autoridades, según denuncian pobladores de la zona, el grado de preocupación aumenta considerablemente. La escasa presencia del Estado venezolano en grandes extensiones de la frontera, ha facilitado, sin duda, la expansión y el fortalecimiento de estas bandas.


Inserción en ciudades


El salto cualitativo más reseñable de la implantación del paramilitarismo en Venezuela, se dio hace uno o dos años, con su inserción progresiva en las grandes ciudades del país, lo que supone una segunda fase en su penetración en el país. De manera gradual y silenciosa han ido instalándose en decenas de barrios populares de las principales urbes de la República, valiéndose de diferentes mecanismos para incidir en la vida de la comunidad, y progresivamente ir apropiándose de espacios para su posterior control. La venta de drogas a bajo precio, ha sido una de las vías fundamentales para atraer a los jóvenes de las barriadas, con el objetivo implícito de terminar captándolos e integrándolos en bandas delictivas.


En otros casos, aprovechándose del problema de la inseguridad en los barrios pobres y de la ineficacia de la Policía, se han ofrecido como protectores y garantes del orden público, logrando así una legitimidad que les confiere un estatus de poder de valor incalculable. En los últimos tiempos, incluso, han llegado a reproducir el esquema clásico que desde hace décadas implementan en ciudades colombianas como Medellín, Cali, Bogotá..., el asesinato selectivo de líderes comunitarios y cuadros políticos que desempeñan papeles de dinamización popular muy destacado. A pesar de que durante un tiempo, se quiso achacar al «hampa común» estas muertes, cada día parece más evidente que forman parte de un plan para debilitar al movimiento popular en las comunidades.

Ya casi nadie duda de que el fenómeno del paramilitarismo es un problema creciente y muy preocupante en Venezuela y que responde a una estrategia diseñada en el exterior, al servicio de los intereses de la oligarquía interna y, por supuesto, de la Casa Blanca. Quizás los servicios de inteligencia del Gobierno de EEUU, podrían proporcionar información valiosa sobre este asunto.


Dario Azzellini, politólogo, escritor y documentalista italo-alemán, ha investigado en profundidad el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. En 2003 publicó el libro «El negocio de la guerra», una de cuyas últimas ediciones ha corrido a cargo de Txalaparta en el Estado Español y por Question en Venezuela.
«Es mucho más efectiva una guerra de desgaste, como la de Nicaragua»


En los últimos tiempos, Dario Azzellini se ha dedicado a recabar información sobre la penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela, que afirma que se ha producido con ayuda de EEUU, a quien no le interesa llevar a cabo una intervención directa sino una «guerra de desgaste» cuya meta es la «desmoralización del contrario» y no una «victoria militar». Azzellini señala que uno de los objetivos del paramilitarismo es hacerse con el control del transporte, y concretamente, del taxi, puesto que es «uno de los espacios privilegiados decisivos para construir redes de inteligencia».

En sus investigaciones sobre el fenómeno del paramilitarismo en Venezuela, asegura que responde a una estrategia orquestada por el imperialismo, donde el Ejército colombiano y la oligarquía venezolana juegan un papel fundamental. Llega incluso a establecer similitudes con la Contra en Nicaragua. ¿A esos niveles de riesgo se ha llegado en Venezuela?


Te diría que todavía hoy día no estamos al nivel que se vivió en Nicaragua, pero sin duda, a medio plazo, se podría llegar a una situación similar si no se aplican las medidas necesarias. La penetración del paramilitarismo surge en la frontera, y se ha ido extendiendo a lo largo de toda la cordillera de los Andes, acercándose al norte costero, donde se encuentra uno de los polos industriales del país. En un momento dado, si se iniciase una guerra de baja intensidad aprovecharían ese corredor para atacar esa zona industrial estratégica, y así golpear uno de los polos clave de desarrollo económico.


¿Estados Unidos, por tanto, evitaría una intervención directa, y apostaría por una guerra de baja intensidad valiéndose de este tipo de grupos?


Efectivamente. Una intervención directa de Estados Unidos es impensable por la coyuntura internacional actual, y porque unificaría el sentimiento patriótico al interior del país. Es mucho más efectiva una guerra de desgaste, que no busque la victoria militar, sino la desmoralización del contrario, en la línea que desarrollaron en Nicaragua, y que tan buenos resultados les dio.


Apunta en su investigación que uno de los objetivos prioritarios de los paramilitares es el control del transporte. ¿Por qué?


Porque es un sector estratégico, como se ha podido comprobar en otros procesos históricos. Por ejemplo, en el caso chileno, el paro de transportes fue decisivo para debilitar al gobierno de Salvador Allende. El caso concreto de los taxis es realmente significativo, ya que es uno de los espacios privilegiados para construir redes de inteligencia. Los paramilitares controlan en Colombia gran parte de las líneas de taxis. Fíjate que los sandinistas en Nicaragua y los zapatistas en México, las primeras cooperativas que crearon fueron de taxis, con el claro objetivo de diseñar sus propias redes de inteligencia. En Venezuela, los paramilitares están poco a poco apropiándose de este sector, incluso en zonas de la propia capital, Caracas.


Da la impresión de que el paramilitarismo colombiano está extendiéndose cada vez más en todo el país, y que no se le está enfrentando con eficacia. ¿Qué se podría hacer para solucionar este grave problema?


Es cierto que hasta hace poco, desde el Estado no se le ha prestado la atención necesaria, y por ello se ha ido extendiendo de manera progresiva y creciente. Ahora, parece que los organismos de seguridad se han tomado en serio el problema, y comienzan a dar los primeros pasos. Considero que en primera instancia, los organismos de inteligencia del Estado tienen que diseñar un plan serio y riguroso para enfrentar el fenómeno en toda su dimensión. Pero esto no es suficiente. Hay que complementarlo con labores de «inteligencia social» por parte de la comunidad organizada, ya que es allí donde los grupos paramilitares se instalan y desarrollan sus actividades. El Estado y el pueblo deben articularse para abordar en conjunto este grave problema. De nuevo el concepto de «poder popular» se torna aquí esencial, en este caso en el ámbito de la seguridad, transfiriendo poder a la ciudadanía para hacer más efectivas las políticas públicas.

9 de marzo de 2008


Tomado de: www.gara.net

Cayó el hombre que movía la coca entre Guajira y Venezuela, según las autoridades

Hermágoras González Polanco, de 49 años, fue capturado en la hacienda La Trinchera, a 15 kilómetros de un punto conocido como Boscán, en territorio del vecino país.

El operativo copmenzó cuando la Policía venezolana detectó el aterrizaje de una aeronave en una pista clandestina ubicada en ese lugar.

Con esa información, la noche del viernes anterior un comando del destacamento 32 y funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas, venidos de Caracas, llegaron al lugar y cumplieron con el objetivo.

Además, se decomisaron 117 kilos de cocaína, que también pertenecería a González Polanco, conocido también como 'el Gordito González' o Armando González Apushana, y a Ramiro Arevely, un narco del Valle.

Hermágoras se convirtió en uno de los principales objetivos de los organismos de investigación colombianos, después de que a finales de octubre pasado su nombre apareciera en un editorial de The Washigton Post sobre las luchas antidrogas.

Y es que según las autoridades estadounidenses, las redes y contactos de Hermágoras eran las responsables de introducir al año en E.U. 250 kilos del alcaloide.

Estaba en la lista de los 12 'narcos' más buscados, por él se ofrecían 5 millones de dólares como recompensa, y hacía parte de la lista de 15 delincuentes (entre guerrilleros de las Farc y 'paras') que manejaba el tráfico de droga en la frontera.

Droga salida desde laboratorios en el sur de Bolívar, Cesar, la Guajira habría sido colocada por las redes de Hermágoras en el estado Apure, el Zulia, la península de Paraguaná, Caracas e Islas Margarita.

Hace unos meses, en Colombia, el narco guajiro estaba referenciado como un 'para' de la costa norte del país con nexos con José María Barros, 'Chema Balas', y José Ángel Palmar Jusayú, 'el Pale', de las Auc de 'Jorge 40', hoy detenidos. Arsenales provenientes de Venezuela con destino a las Auc, habían sido tramitados por él desde La Guajira.

Hermágoras, junto con otro narco del Valle que hoy está preso en la cárcel de Cómbita y sobre el cual pesa un pedido de extradición, es responsable, según Estados Unidos. de un cargamento de 9 toneladas que cayó en aguas internacionales en el 2000.

Al igual que otros mafiosos como Diego León Montoya Henao, alias 'don Diego', o Wílber Alirio Varela, alias 'Jabón', 'el Gordito González' tenía su propio cartel y ejército personal en Venezuela, donde, a través de millonarios sobornos, se movilizaba con tranquilidad. Hermágoras poseía doble nacionalidad.

Sus actividades consolidadas de narcotráfico en Venezuela datan por lo menos de hace más de cuatro años. Otras seis personas murieron en ese enfrentamiento.

Según el Departamento de Justicia de E.U., González fue procesado por varias cortes, en 2002, 2004 y 2005.
Tomado de:

miércoles, 5 de marzo de 2008

REFLEXIONES EN VOZ ALTA

En relación al “Diálogo Interinstitucional Sobre Reincorporación y Reconciliación: Experiencias Colombianas e Internacionales”, realizado en Valledupar (Cesar) entre el 4 y el 5 de marzo de 2008 por convocatoria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), la Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW-FMW), organización expresamente invitada a este evento, se permite realizar algunas consideraciones que si bien son marginales a la discusión presentada a lo largo del evento, merecen decirse:

1. En aras de una pretendida reconciliación es a todas luces inoportuno y criticable forzar en un mismo escenario la confluencia de las víctimas y sobrevivientes con sus victimarios.

Luego de casi tres años de expedida la llamada Ley de Justicia y Paz se pone de manifiesto una abultada asimetría entre las metas alcanzadas por los victimarios y desmovilizados y los derechos efectivamente reconocidos a las víctimas y sobrevivientes del paramilitarismo.

Mientras los primeros se han visto cobijados por una serie de beneficios jurídicos, económicos y sociales que les han dado unas mínimas condiciones y unas rutas para su desmovilización y reincorporación, las víctimas y sobrevivientes vemos cada vez más lejos el reconocimiento de nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Mientras se ha definido un alto presupuesto y se ha habilitado toda una institucionalidad específica para hacer efectivo y eficiente el trabajo concerniente a los victimarios y desmovilizados, más allá de las instituciones de siempre, desbordas por el volumen de trabajo y su bajo presupuesto, el Estado colombiano no ha construido instancias especiales para atender a quienes tuvimos que soportar la violencia paramilitar. En suma, mientras mucho se habla de los victimarios y desmovilizados poco se dice sobre la suerte de los pueblos indígenas, invisibilizados totalmente en la Ley de Justicia y Paz.

De otro lado, sobre todo en el área de influencia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es de dominio público que siguen existiendo activas estructuras paramilitares --ya sean no desmovilizadas, disidentes o rearmadas-- que curiosamente se dedican no sólo a realizar casi las mismas actividades económicas que antes monopolizaban las estructuras paramilitares amparadas bajo la etiqueta de las AUC sino que siguen manteniendo, en algunos sectores más que en otros, una notable influencia política, lo que lleva a considerar que en la región más que hablar de rupturas y quiebres entre los paramilitares de ayer y de hoy, lo que se advierte es una continuidad de los paramilitares de siempre, en razón a que no sólo no se desmantelaron plenamente sus estructuras armadas sino que se mantuvieron casi intactas las estructuras económicas y políticas que los sustentan y perpetúan.

2. La reconciliación no se consigue simplemente propiciando una serie de encuentros y reuniones para que víctimas y victimarios se reconozcan y construyan consensos y propuestas comunes. Una reconciliación abordada de esta manera no sólo es restrictiva sino que fácilmente se puede convertir en una afrenta a la dignidad y memoria de las víctimas y sobrevivientes, máxime cuando una inmensa mayoría de los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares contra los pueblos indígenas siguen en el anonimato, sin siquiera aparecer en las estadísticas oficiales, sin ser reconocidos por el Estado y sumergidos en el más absoluto silencio en las llamadas “confesiones” de los mandos de las AUC.

Sobre el particular puede decirse con meridiana claridad que el primer paso que se tiene que dar es el de la reconciliación del Estado y sus instituciones con los pueblos indígenas en particular y con la sociedad en su conjunto. Ello no sólo porque históricamente el Estado ha salvaguardado preferencialmente los intereses de los poderosos que lo han usufructuado a su arbitrio y ha mantenido sistemáticamente subordinados a los pueblos indígenas sobre los cuales reiteradamente ha agenciado políticas encaminadas a quebrar nuestra autodeterminación y a vulnerar nuestros territorios, sino que ya sea por omisión cuando no por abierta acción favoreció la creación y ulterior desarrollo del paramilitarismo en el país.

Dado que la reconciliación del Estado con los pueblos indígenas y con la sociedad pasa necesariamente por el reconocimiento de la cuota de responsabilidad que le cabe en la ocurrencia de diversos crímenes derivados principalmente de su apoyo a la gestación y expansión del paramilitarismo, la persistente negativa del Gobierno Nacional a ocultar, bajo el eufemismo de bandas criminales emergentes (BACRIM), la continuidad y vigencia del paramilitarismo, lo mismo que su obstinado empeño en negar contra toda evidencia la existencia de un conflicto armado interno, son señales inequívocas que indican que el proceso de reconciliación no se avizora cerca.

3. Pero no sólo los paramilitares mantienen afinada su capacidad de coacción y amedrantamiento. Desafortunadamente muchos de los desmovilizados y ex combatientes no se quedan atrás y con sus palabras y actitudes contribuyen a generar una atmósfera de temor.

No fueron otra cosa que soterradas amenazas las que profirió el representante de la organización de desmovilizados del Cesar, quien en su intervención realizada en horas de la tarde del 4 de marzo de 2008 ante un nutrido auditorio del que hacían parte algunas víctimas y sobrevivientes expresó, con cinismo y sin el menor rubor, que ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los acuerdos alcanzados con las AUC no le quedaría más alternativa que rearmarse y retornar a las actividades que antes realizaba, entre las cuales estaban, aunque no lo dijo expresamente, sembrar el terror y matar a civiles inermes.

Realmente no parece que este tipo de afirmaciones sean una contribución a la reconciliación. ¿Si los desmovilizados amenazan con rearmarse qué camino nos toca a las víctimas y sobrevivientes?

4. Aunque el concepto de víctima se ha usado también en esta comunicación, a algunas comunidades del pueblo Wayúu nos preocupa que ser calificadas de esa manera derive en estigmatizaciones que prolonguen una situación que, en principio, debiera ser transitoria.

Sobre el particular hemos planteado que el concepto de víctimas, al llevar implícito exclusivamente una referencia a las afectaciones contra las personas impide comprender los daños causados a las relaciones que éstas establecen consigo mismas, con otras personas, con su comunidad y, en general, con nuestro universo cultural, lo cual trae como resultado una visión parcializada y fragmentaria del conjunto de daños e impactos ocasionados por la violencia política. De otro lado el mencionado concepto puede contener una carga peyorativa que conlleva afectaciones a valores identitarios significativos ya que, por ejemplo, se deja de ser indígena y más específicamente Wayúu para pasar a ser “víctima” o “desplazado”.

Pese a que los paramilitares siguen actuando y el conflicto interno sigue sin ser resuelto, varias de las comunidades del pueblo Wayúu más que víctimas colectivas hemos optado por reconocernos como “comunidades en reconstrucción”, con lo cual queremos darle una nueva impronta a los procesos organizativos en que nos encontramos empeñadas. Dejar de ser meras comunidades objeto de la violencia política para afirmar nuestra condición de comunidades convertidas en sujetos activos en la lucha por nuestros derechos humanos y colectivos.

5. Como Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW-FMW) hacemos parte activa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siendo consecuentes con ello hacemos nuestros los cuestionamientos que se le han formulado a la Ley de Justicia y Paz, incluidos los reparos que han sido planteados respecto del papel y trabajo adelantado por la CNRR, los cuales básicamente van dirigidos a buscarle legitimidad social y política a un proceso altamente criticado desde diversas orillas.

En ese contexto no está demás señalar que nos preocupa altamente que la participación de nuestra organización en los distintos eventos nacionales y regionales organizados y convocados por la CNRR lleve a la postre a validar un proceso de consulta y concertación con los pueblos indígenas y sus organizaciones, lo cual todavía no se ha dado y es preciso hacer. Es por ello que de ninguna manera puede entenderse que la participación de algunas organizaciones indígenas locales y regionales en estos escenarios agota el necesario proceso de diálogo e interlocución que desde la CNRR se debe procurar con el movimiento indígena colombiano en su conjunto.

Valledupar, (Cesar), 5 de marzo de 2008

SJW-FMW
SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – FUERZA DE MUJERES WAYÚU

 
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