En relación al “Diálogo Interinstitucional Sobre Reincorporación y Reconciliación: Experiencias Colombianas e Internacionales”, realizado en Valledupar (Cesar) entre el 4 y el 5 de marzo de 2008 por convocatoria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), la Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW-FMW), organización expresamente invitada a este evento, se permite realizar algunas consideraciones que si bien son marginales a la discusión presentada a lo largo del evento, merecen decirse:
1. En aras de una pretendida reconciliación es a todas luces inoportuno y criticable forzar en un mismo escenario la confluencia de las víctimas y sobrevivientes con sus victimarios.
Luego de casi tres años de expedida la llamada Ley de Justicia y Paz se pone de manifiesto una abultada asimetría entre las metas alcanzadas por los victimarios y desmovilizados y los derechos efectivamente reconocidos a las víctimas y sobrevivientes del paramilitarismo.
Mientras los primeros se han visto cobijados por una serie de beneficios jurídicos, económicos y sociales que les han dado unas mínimas condiciones y unas rutas para su desmovilización y reincorporación, las víctimas y sobrevivientes vemos cada vez más lejos el reconocimiento de nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Mientras se ha definido un alto presupuesto y se ha habilitado toda una institucionalidad específica para hacer efectivo y eficiente el trabajo concerniente a los victimarios y desmovilizados, más allá de las instituciones de siempre, desbordas por el volumen de trabajo y su bajo presupuesto, el Estado colombiano no ha construido instancias especiales para atender a quienes tuvimos que soportar la violencia paramilitar. En suma, mientras mucho se habla de los victimarios y desmovilizados poco se dice sobre la suerte de los pueblos indígenas, invisibilizados totalmente en la Ley de Justicia y Paz.
De otro lado, sobre todo en el área de influencia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es de dominio público que siguen existiendo activas estructuras paramilitares --ya sean no desmovilizadas, disidentes o rearmadas-- que curiosamente se dedican no sólo a realizar casi las mismas actividades económicas que antes monopolizaban las estructuras paramilitares amparadas bajo la etiqueta de las AUC sino que siguen manteniendo, en algunos sectores más que en otros, una notable influencia política, lo que lleva a considerar que en la región más que hablar de rupturas y quiebres entre los paramilitares de ayer y de hoy, lo que se advierte es una continuidad de los paramilitares de siempre, en razón a que no sólo no se desmantelaron plenamente sus estructuras armadas sino que se mantuvieron casi intactas las estructuras económicas y políticas que los sustentan y perpetúan.
2. La reconciliación no se consigue simplemente propiciando una serie de encuentros y reuniones para que víctimas y victimarios se reconozcan y construyan consensos y propuestas comunes. Una reconciliación abordada de esta manera no sólo es restrictiva sino que fácilmente se puede convertir en una afrenta a la dignidad y memoria de las víctimas y sobrevivientes, máxime cuando una inmensa mayoría de los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares contra los pueblos indígenas siguen en el anonimato, sin siquiera aparecer en las estadísticas oficiales, sin ser reconocidos por el Estado y sumergidos en el más absoluto silencio en las llamadas “confesiones” de los mandos de las AUC.
Sobre el particular puede decirse con meridiana claridad que el primer paso que se tiene que dar es el de la reconciliación del Estado y sus instituciones con los pueblos indígenas en particular y con la sociedad en su conjunto. Ello no sólo porque históricamente el Estado ha salvaguardado preferencialmente los intereses de los poderosos que lo han usufructuado a su arbitrio y ha mantenido sistemáticamente subordinados a los pueblos indígenas sobre los cuales reiteradamente ha agenciado políticas encaminadas a quebrar nuestra autodeterminación y a vulnerar nuestros territorios, sino que ya sea por omisión cuando no por abierta acción favoreció la creación y ulterior desarrollo del paramilitarismo en el país.
Dado que la reconciliación del Estado con los pueblos indígenas y con la sociedad pasa necesariamente por el reconocimiento de la cuota de responsabilidad que le cabe en la ocurrencia de diversos crímenes derivados principalmente de su apoyo a la gestación y expansión del paramilitarismo, la persistente negativa del Gobierno Nacional a ocultar, bajo el eufemismo de bandas criminales emergentes (BACRIM), la continuidad y vigencia del paramilitarismo, lo mismo que su obstinado empeño en negar contra toda evidencia la existencia de un conflicto armado interno, son señales inequívocas que indican que el proceso de reconciliación no se avizora cerca.
3. Pero no sólo los paramilitares mantienen afinada su capacidad de coacción y amedrantamiento. Desafortunadamente muchos de los desmovilizados y ex combatientes no se quedan atrás y con sus palabras y actitudes contribuyen a generar una atmósfera de temor.
No fueron otra cosa que soterradas amenazas las que profirió el representante de la organización de desmovilizados del Cesar, quien en su intervención realizada en horas de la tarde del 4 de marzo de 2008 ante un nutrido auditorio del que hacían parte algunas víctimas y sobrevivientes expresó, con cinismo y sin el menor rubor, que ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los acuerdos alcanzados con las AUC no le quedaría más alternativa que rearmarse y retornar a las actividades que antes realizaba, entre las cuales estaban, aunque no lo dijo expresamente, sembrar el terror y matar a civiles inermes.
Realmente no parece que este tipo de afirmaciones sean una contribución a la reconciliación. ¿Si los desmovilizados amenazan con rearmarse qué camino nos toca a las víctimas y sobrevivientes?
4. Aunque el concepto de víctima se ha usado también en esta comunicación, a algunas comunidades del pueblo Wayúu nos preocupa que ser calificadas de esa manera derive en estigmatizaciones que prolonguen una situación que, en principio, debiera ser transitoria.
Sobre el particular hemos planteado que el concepto de víctimas, al llevar implícito exclusivamente una referencia a las afectaciones contra las personas impide comprender los daños causados a las relaciones que éstas establecen consigo mismas, con otras personas, con su comunidad y, en general, con nuestro universo cultural, lo cual trae como resultado una visión parcializada y fragmentaria del conjunto de daños e impactos ocasionados por la violencia política. De otro lado el mencionado concepto puede contener una carga peyorativa que conlleva afectaciones a valores identitarios significativos ya que, por ejemplo, se deja de ser indígena y más específicamente Wayúu para pasar a ser “víctima” o “desplazado”.
Pese a que los paramilitares siguen actuando y el conflicto interno sigue sin ser resuelto, varias de las comunidades del pueblo Wayúu más que víctimas colectivas hemos optado por reconocernos como “comunidades en reconstrucción”, con lo cual queremos darle una nueva impronta a los procesos organizativos en que nos encontramos empeñadas. Dejar de ser meras comunidades objeto de la violencia política para afirmar nuestra condición de comunidades convertidas en sujetos activos en la lucha por nuestros derechos humanos y colectivos.
5. Como Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW-FMW) hacemos parte activa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siendo consecuentes con ello hacemos nuestros los cuestionamientos que se le han formulado a la Ley de Justicia y Paz, incluidos los reparos que han sido planteados respecto del papel y trabajo adelantado por la CNRR, los cuales básicamente van dirigidos a buscarle legitimidad social y política a un proceso altamente criticado desde diversas orillas.
En ese contexto no está demás señalar que nos preocupa altamente que la participación de nuestra organización en los distintos eventos nacionales y regionales organizados y convocados por la CNRR lleve a la postre a validar un proceso de consulta y concertación con los pueblos indígenas y sus organizaciones, lo cual todavía no se ha dado y es preciso hacer. Es por ello que de ninguna manera puede entenderse que la participación de algunas organizaciones indígenas locales y regionales en estos escenarios agota el necesario proceso de diálogo e interlocución que desde la CNRR se debe procurar con el movimiento indígena colombiano en su conjunto.
Valledupar, (Cesar), 5 de marzo de 2008
SJW-FMW
SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – FUERZA DE MUJERES WAYÚU
1. En aras de una pretendida reconciliación es a todas luces inoportuno y criticable forzar en un mismo escenario la confluencia de las víctimas y sobrevivientes con sus victimarios.
Luego de casi tres años de expedida la llamada Ley de Justicia y Paz se pone de manifiesto una abultada asimetría entre las metas alcanzadas por los victimarios y desmovilizados y los derechos efectivamente reconocidos a las víctimas y sobrevivientes del paramilitarismo.
Mientras los primeros se han visto cobijados por una serie de beneficios jurídicos, económicos y sociales que les han dado unas mínimas condiciones y unas rutas para su desmovilización y reincorporación, las víctimas y sobrevivientes vemos cada vez más lejos el reconocimiento de nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Mientras se ha definido un alto presupuesto y se ha habilitado toda una institucionalidad específica para hacer efectivo y eficiente el trabajo concerniente a los victimarios y desmovilizados, más allá de las instituciones de siempre, desbordas por el volumen de trabajo y su bajo presupuesto, el Estado colombiano no ha construido instancias especiales para atender a quienes tuvimos que soportar la violencia paramilitar. En suma, mientras mucho se habla de los victimarios y desmovilizados poco se dice sobre la suerte de los pueblos indígenas, invisibilizados totalmente en la Ley de Justicia y Paz.
De otro lado, sobre todo en el área de influencia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es de dominio público que siguen existiendo activas estructuras paramilitares --ya sean no desmovilizadas, disidentes o rearmadas-- que curiosamente se dedican no sólo a realizar casi las mismas actividades económicas que antes monopolizaban las estructuras paramilitares amparadas bajo la etiqueta de las AUC sino que siguen manteniendo, en algunos sectores más que en otros, una notable influencia política, lo que lleva a considerar que en la región más que hablar de rupturas y quiebres entre los paramilitares de ayer y de hoy, lo que se advierte es una continuidad de los paramilitares de siempre, en razón a que no sólo no se desmantelaron plenamente sus estructuras armadas sino que se mantuvieron casi intactas las estructuras económicas y políticas que los sustentan y perpetúan.
2. La reconciliación no se consigue simplemente propiciando una serie de encuentros y reuniones para que víctimas y victimarios se reconozcan y construyan consensos y propuestas comunes. Una reconciliación abordada de esta manera no sólo es restrictiva sino que fácilmente se puede convertir en una afrenta a la dignidad y memoria de las víctimas y sobrevivientes, máxime cuando una inmensa mayoría de los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares contra los pueblos indígenas siguen en el anonimato, sin siquiera aparecer en las estadísticas oficiales, sin ser reconocidos por el Estado y sumergidos en el más absoluto silencio en las llamadas “confesiones” de los mandos de las AUC.
Sobre el particular puede decirse con meridiana claridad que el primer paso que se tiene que dar es el de la reconciliación del Estado y sus instituciones con los pueblos indígenas en particular y con la sociedad en su conjunto. Ello no sólo porque históricamente el Estado ha salvaguardado preferencialmente los intereses de los poderosos que lo han usufructuado a su arbitrio y ha mantenido sistemáticamente subordinados a los pueblos indígenas sobre los cuales reiteradamente ha agenciado políticas encaminadas a quebrar nuestra autodeterminación y a vulnerar nuestros territorios, sino que ya sea por omisión cuando no por abierta acción favoreció la creación y ulterior desarrollo del paramilitarismo en el país.
Dado que la reconciliación del Estado con los pueblos indígenas y con la sociedad pasa necesariamente por el reconocimiento de la cuota de responsabilidad que le cabe en la ocurrencia de diversos crímenes derivados principalmente de su apoyo a la gestación y expansión del paramilitarismo, la persistente negativa del Gobierno Nacional a ocultar, bajo el eufemismo de bandas criminales emergentes (BACRIM), la continuidad y vigencia del paramilitarismo, lo mismo que su obstinado empeño en negar contra toda evidencia la existencia de un conflicto armado interno, son señales inequívocas que indican que el proceso de reconciliación no se avizora cerca.
3. Pero no sólo los paramilitares mantienen afinada su capacidad de coacción y amedrantamiento. Desafortunadamente muchos de los desmovilizados y ex combatientes no se quedan atrás y con sus palabras y actitudes contribuyen a generar una atmósfera de temor.
No fueron otra cosa que soterradas amenazas las que profirió el representante de la organización de desmovilizados del Cesar, quien en su intervención realizada en horas de la tarde del 4 de marzo de 2008 ante un nutrido auditorio del que hacían parte algunas víctimas y sobrevivientes expresó, con cinismo y sin el menor rubor, que ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los acuerdos alcanzados con las AUC no le quedaría más alternativa que rearmarse y retornar a las actividades que antes realizaba, entre las cuales estaban, aunque no lo dijo expresamente, sembrar el terror y matar a civiles inermes.
Realmente no parece que este tipo de afirmaciones sean una contribución a la reconciliación. ¿Si los desmovilizados amenazan con rearmarse qué camino nos toca a las víctimas y sobrevivientes?
4. Aunque el concepto de víctima se ha usado también en esta comunicación, a algunas comunidades del pueblo Wayúu nos preocupa que ser calificadas de esa manera derive en estigmatizaciones que prolonguen una situación que, en principio, debiera ser transitoria.
Sobre el particular hemos planteado que el concepto de víctimas, al llevar implícito exclusivamente una referencia a las afectaciones contra las personas impide comprender los daños causados a las relaciones que éstas establecen consigo mismas, con otras personas, con su comunidad y, en general, con nuestro universo cultural, lo cual trae como resultado una visión parcializada y fragmentaria del conjunto de daños e impactos ocasionados por la violencia política. De otro lado el mencionado concepto puede contener una carga peyorativa que conlleva afectaciones a valores identitarios significativos ya que, por ejemplo, se deja de ser indígena y más específicamente Wayúu para pasar a ser “víctima” o “desplazado”.
Pese a que los paramilitares siguen actuando y el conflicto interno sigue sin ser resuelto, varias de las comunidades del pueblo Wayúu más que víctimas colectivas hemos optado por reconocernos como “comunidades en reconstrucción”, con lo cual queremos darle una nueva impronta a los procesos organizativos en que nos encontramos empeñadas. Dejar de ser meras comunidades objeto de la violencia política para afirmar nuestra condición de comunidades convertidas en sujetos activos en la lucha por nuestros derechos humanos y colectivos.
5. Como Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW-FMW) hacemos parte activa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siendo consecuentes con ello hacemos nuestros los cuestionamientos que se le han formulado a la Ley de Justicia y Paz, incluidos los reparos que han sido planteados respecto del papel y trabajo adelantado por la CNRR, los cuales básicamente van dirigidos a buscarle legitimidad social y política a un proceso altamente criticado desde diversas orillas.
En ese contexto no está demás señalar que nos preocupa altamente que la participación de nuestra organización en los distintos eventos nacionales y regionales organizados y convocados por la CNRR lleve a la postre a validar un proceso de consulta y concertación con los pueblos indígenas y sus organizaciones, lo cual todavía no se ha dado y es preciso hacer. Es por ello que de ninguna manera puede entenderse que la participación de algunas organizaciones indígenas locales y regionales en estos escenarios agota el necesario proceso de diálogo e interlocución que desde la CNRR se debe procurar con el movimiento indígena colombiano en su conjunto.
Valledupar, (Cesar), 5 de marzo de 2008
SJW-FMW
SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – FUERZA DE MUJERES WAYÚU
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