LÍDER INDÍGENA DENUNCIÓ A PARAMILITARES COLOMBIANOS

Por:

JAVIER AFANADOR

javiera@expressnews.uk.com

Karmen Ramírez Boscán, lidereza del pueblo Wayúu colombiano, habló en Madrid con ExpressNews y denunció amenazas y asesinatos de integrantes de su pueblo, realizadas por grupos paramilitares en momentos en que adelantaban un proceso de negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Resaltó que Colombia fue el único país latinoamericano que el pasado 13 de septiembre de 2007 no firmó la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“La guerrera Wayúu” es secretaria general del Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento. Asiste a diversas actividades internacionales en las que se trabaja en función de los derechos humanos, además participó en los Diálogos Globales con las Redes de mujeres latinoamericanas, africanas y europeas, desarrollado en Madrid.

¿Cuál es la propuesta que trae a España y por qué?

“Quiero dar a conocer una problemática que estamos enfrentando el pueblo Wayúu, más específicamente las comunidades que hemos sido afectadas por el fenómeno del paramilitarismo; pero también la intención es traer la voz de los pueblos indígenas de Colombia que están enfrentando la misma situación. Yo pertenezco a una organización que se llama la Fuerza de Mujeres Wayúu desde donde articulamos trabajo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y a su vez con algunos movimientos latinoamericanos como el de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). La intención es hablar un poco sobre todo lo que ha venido sucediendo a raíz de la incursión paramilitar en algunas zonas de territorios indígenas en Colombia y cuáles son los intereses detrás de todo esto”.

¿Cuáles son esos intereses y por qué?

“Los Wayúu empezamos a sufrir este fenómeno del paramilitarismo a finales de la década de los noventa y no fue sólo por el control del comercio, sino por ejercer dominio sobre corredores de movilidad para controlar una frontera que es un territorio rico en recursos naturales. En La Guajira la presión paramilitar no es gratuita, porque si tú te montas en una lancha rápida, de los puertos naturales que hay en la Alta Guajira hasta los Estados Unidos te demoras unas cuántas horas. Segundo, hay alrededor de ocho proyectos megaextractivos entre los cuales está El Cerrejón, que es la mina a cielo abierto más grande del mundo que lleva ya treinta años de explotación, e intenciones de seguir explotando por varias décadas más el carbón de La Guajira; los actores armados han venido desterritorializando de sus resguardos a varias comunidades del pueblo Wayúu que se encuentran localizadas alrededor de los intereses de las multinacionales”.

¿Cómo se elaboraron esas negociaciones con las multinacionales?

“A espaldas de los verdaderos dueños de los territorios, violando todos los convenios internacionales y la constitución, atropellando cualquier tipo de derecho. Nunca ha habido una consulta previa adecuada, ni información previa; han llegado con opciones nefastas para los pueblos indígenas. “Desarrollo sostenible”, “desarrollo sustentable”, “ecodesarrollo”, “etnodesarrollo” y eso no sirve sino a los intereses de los poderosos. Llegan a imponer un modelo que para los pueblos indígenas es nefasto, es exterminador. No se tienen en cuenta las opciones nuestras y más bien generan empobrecimiento y miseria. En La Guajira hay una situación gravísima de falta de agua. Sin embargo, es el segundo departamento de Colombia que más regalías obtiene y en treinta años de explotación de los recursos naturales el problema del agua no se ha solucionado. Esos pocos recursos que deberían quedar para el departamento no son invertidos adecuadamente, sino que derivan en una corrupción galopante”.

¿Ustedes han presentado propuestas viables?

“Muchas propuestas se han presentado, pero nunca son escuchadas. Por eso los espacios que existían de concertación con el Estado colombiano, como mesas de derechos humanos, de territorios indígenas, de desarrollo rural… tuvieron que ser rotas. Tuvimos que pararnos ya que el Gobierno Nacional no ha querido cumplir con los acuerdos que se han generado. Además insiste en negar el conflicto armado interno. Álvaro Uribe Vélez se ha mostrado muy considerado con los paramilitares. La posición es que se van a juzgar como si hubieran cometido crímenes de guerra, ¿pero, cómo se va a juzgar si no hay guerra? Se invierte en guerra, armas y no se invierte en nuestros territorios. Es claro que las políticas a favor de los pueblos indígenas han tenido un retroceso en los últimos años de gobierno de Uribe Vélez. En la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Colombia se abstuvo de votar favorablemente. Fue el único país latinoamericano que lo hizo. Como Estado nunca había habido un desacuerdo en cuanto a aceptar estándares internacionales; siempre había un clima favorable y constructivo en los escenarios internacionales, pese que los reconocimientos quedaban sobre el papel”.

¿Por qué ese giro, qué ocurre?

“Lo que ocurre ahí es que se están tomando a nivel internacional decisiones de Estado, pero a título de un Gobierno particular, y eso es grave, significa que el resto puede flaquear en ese sentido. Ese tipo de decisiones estructurales no pueden ser tomadas a título de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué el Gobierno de Colombia se abstiene de apoyar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas? Porque es una Declaración fundamentada en la autonomía de los territorios indígenas y a eso es que le teme el gobierno de Uribe Vélez. Porque eso significa tener nosotros también control sobre lo nuestro.

Leí sobre la muerte de líderes sindicales…

“Se han venido develando nexos entre multinacionales con los paramilitares. Abiertamente no se divulga, pero uno sabe que la presencia paramilitar obedece en gran medida a recursos provenientes de esas grandes empresas, que han cifrado sus expectativas en los territorios de los pueblos indígenas y buscan a toda costa explotarlos. No solamente desde el movimiento sindical sino desde otros movimientos sociales hay mucha contrariedad por esos nexos entre unos y otros, los cuales, de diversa manera, han sido apoyados y permitidos por el gobierno”.

¿De qué forma han salido perjudicados los pueblos indígenas con la presencia tanto de multinacionales como de grupos al margen de la ley?

“Comunidades bastante empobrecidas enfrentando una problemática muy delicada. Nos preocupa la estigmatización que se está llevando a cabo contra las víctimas del paramilitarismo. Se han incrementado las ejecuciones extrajudiciales en algunas zonas del país como en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, y eso obedece a que se viene denunciando lo que ha pasado y lo que está sucediendo. Hay más de doscientos asesinatos cometidos en contra de los Wayúu. Crímenes entre los cuales hay al menos ocho masacres, varias mujeres asesinadas, en una cultura donde la mujer es intocable y nunca se la involucra en ninguna guerra. Denunciamos desde hace cuatro años públicamente, incluso en eventos internacionales, los crímenes que venían cometiendo los paramilitares contra los Wayúu. Sin embargo el gobierno respondía que los Wayúu éramos narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de armas, guerrilleros. De la lista de asesinatos que hemos consolidado la mayoría han sido cometidos por los paramilitares y en muchos de ellos ha habido participación de la fuerza pública. Tenemos dos casos cometidos por la guerrilla de las FARC. Los paramilitares cometieron la mayoría de sus crímenes cuando se encontraban en pleno cese de hostilidades, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez estaba adelantando un proceso de negociación con Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y todos los demás mandos paramilitares”.

Colombia está mejor que hace una década? ¿Qué hay que solucionar?

“Lo primero que hay que reconocer es que hay un conflicto armado interno y como no se ha reconocido ha tendido a empeorar. El Gobierno Nacional prefiere invertir en la guerra y no en salud, educación, vivienda o agua. Además estamos adormecidos por los medios de comunicación que no trasmiten en las noticias lo que realmente está sucediendo en el país, sino lo que es conveniente a los inversionistas. El proceso de paz con los paramilitares ha sido una farsa que ha institucionalizado la impunidad y los medios masivos de comunicación no han hecho otra cosa que guardar silencio”.

¿Cuál es la mayor necesidad que en estos momentos tiene La Guajira?

“Acabar con el hambre y acceso al agua potable para todos. Esas son las mayores necesidades. Hay muchos niños que están muriendo de desnutrición. La Guajira ocupa, a nivel nacional, un deshonroso lugar en cuanto a la extensión de la desnutrición que a veces se convierte en una pandemia. En una proporción importante el hambre se origina por los desplazamientos forzados. A la gente la han sacado de sus territorios y ya no pueden dedicarse a las actividades que les brindaban sustento: pastorear chivos y sembrar productos de pancoger. La situación de desplazamiento es gravísima. El nuevo milenio arrancó con una secuencia de masacres que originaron desplazamientos forzados. Todavía hay un desconocimiento sobre algunas de estas masacres porque los Wayúu, por temor, optaron por atravesar la línea fronteriza con Venezuela y callarse. De otro lado estamos siendo amenazadas por paramilitares los cuales supuestamente, según la versión oficial, ya no existen, pero ahí están, con otros nombres y otras dinámicas. En Colombia se siguen violando los derechos humanos. No existe ningún proceso de paz, ni ningún proceso de desmovilización de los paramilitares. Nosotras estamos enfrentando la situación delicada desde diferentes escenarios. Quisiera hacer un llamado para que los países de Europa hagan un mayor seguimiento y verifiquen en qué se invierten en Colombia los recursos de la cooperación internacional. Es necesario que se busquen otras alternativas para canalizar esos recursos, no sea que terminen profundizando la crisis”.

Tomado de: ExpressNews. No. 124. Madrid. 6 al 12 de noviembre de 2007. P. 17. Cfr: www.expressnews.uk.com