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miércoles, 26 de septiembre de 2007

Invitación Desde el Desierto

SÜTSÜIN JIEYU WAYÚUFUERZA DE MUJERES WAYÚU

INVITAN A:

LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PARTICIPAN:

GIOVANNI PUA –
CENTRO DE INVESTIGACIÓN UN

LUIS EVELIS ANDRADE
PRESIDENTE DE LA ONIC
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007

6:00 P.M.
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUDITORIO CAMILO TORRES DE DERECHO

8:00 P.M.
ASOCIACIÓN CULTURAL ANDRA
CAFÉ MARÍA VARILLA
DIAGONAL 42A No.20-45

BOGOTÁ D.C.




martes, 25 de septiembre de 2007

CINCUENTA AÑOS DE REPRESIONES Y SAQUEOS NO HAN FRENADO LA LUCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS [1]

Por: GIOVANNA CAPELLI [2]

Veinticinco años de resistencia. 25 años de lucha por la dignidad, el territorio, la autonomía, la unidad y la misma sobrevivencia. Uno de los movimientos indígenas más importantes de América Latina, la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) celebra en estos días un cuarto de siglo de resistencia en el país más maltratado del continente, que antes de la llegada de los colonizadores era llamado Abya Ayala.

Desde hace más de medio siglo Colombia sufre un conflicto interno que en los últimos años ha asumido el perfil de una verdadera y propia guerra contra la población civil. Dos tercios de ésta vive en la miseria forzada por la explotación económica. Un modelo impuesto directamente desde Washington que ha necesitado aliarse con los escuadrones de la muerte, con el narcotráfico internacional, con los militares, los políticos y las oligarquías locales.

En un continente en transformación, sostenida por la onda bolivariana e indígena y sacudido por las luchas de los movimientos sociales, Colombia asume un valor mucho más importante para los intereses estratégicos de las multinacionales y para la seguridad energética de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta esto, se comprende la intensificación de las acciones militares realizadas y las privatizaciones llevadas a cabo. El Plan Colombia, El Plan Patriota, las bases militares, el TLC (Tratado de Libre Comercio), son sólo algunos de los instrumentos de guerra contra una población entera.

El fiel vasallo de turno es esta vez el gobierno de Uribe Vélez, famoso no solo por esto, sino sobretodo por ser el verdadero promulgador del paramilitarismo y del modelo de Estado parafascista construido para llevar a cabo las políticas neoliberalistas. El escándalo de los últimos meses en el que se ha revelado públicamente la responsabilidad de un tercio del parlamento por mantener relaciones con el paramilitarismo, conexiones con el narcotráfico, y relaciones con las empresas y la corrupción, inicia a mostrar las dimensiones del terrorismo de Estado y de cómo un país ha sido desmontado y luego reconstruido expresamente sobre los intereses del capital y de la mafia, nacional e internacional.
Al interno de este marco, los movimientos indígenas, sociales, afrocolombianos, sindicales y todas las organizaciones que se rebelan contre esta prospectiva constituyen un obstáculo de eliminar. El paramilitarismo nace de hecho no para combatir contra las guerrillas de las FARC-EP y el ELN sino para exterminar los opositores sociales y políticos y aterrorizar la población civil. Basta pensar en las 65 mil ejecuciones extrajudiciales de los últimos treintas años, de las cuales, cinco mil corresponden a miembros de los partidos de izquierda de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, a los casi tres mil sindicalistas asesinados en los últimos veinte años y a los cuatro millones de desplazados internos.

Cifras que producen escalofrío pero que también hacen reflexionar sobre la extraordinaria capacidad de resistencia de los movimientos colombianos partiendo precisamente del movimiento indígena que ha pagado más que cualquier otro en términos históricos y sociales.
Tan sólo en los primeros ocho meses de este año han sido asesinados trescientos indígenas, y miles han sido las violaciones de derechos humanos, pero, no obstante esto, “la palabra continua a caminar”. La resistencia indígena, a pesar de la nimiedad numérica, dado que representa “solo” un millón trescientos mil de los cuarenta y cinco millones de colombianos, es impresionante por su fuerza y creatividad. Los 92 pueblos nativos que aún viven en Colombia responden golpe a golpe a las actividades criminales de las multinacionales en sus territorios, violados no solo por la brutalidad de la fuerza, sino también por la misma incapacidad del derecho internacional de hacerse sentir.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos muchas veces han condenado el gobierno Uribe Vélez pidiéndole modificar su política hacia los pueblos indígenas, pero hasta el día de hoy nada ha servido para cambiar la situación.
Son 18 pueblos indígenas que están en riesgo de desaparecer por causa del conflicto y de las actividades de las multinacionales, todas realizadas en total violación del derecho y de las convenciones internacionales. “Hasta hoy solo nuestra resistencia y la solidariedad internacional de base nos han permitido continuar y existir como indígenas. Los gobiernos continúan a desconocer todos nuestros derechos, mientras las instituciones multilaterales son incapaces de hacer aplicar lo que ellas mismas dicen y la grande cooperación internacional solo ha jugado un rol negativo o de división de nuestras luchas”, dice Luis Evelis Andrade Casamá presidente de la ONIC. En este sentido también nuestro país viene llamado en causa.
Nos parece de verdad incomprensible cómo se puede continuar a no denunciar en el plano internacional un gobierno parafascista como el de Uribe Vélez mientras sí se “demuestra preocupación” por el gobierno venezolano, boliviano y ecuatoriano. Redistribuir igualmente las riquezas, nacionalizar los propios recursos garantizando de todas formas un margen de grandes ganancias para las empresas privadas, erradicar el analfabetismo e invertir en el social en vez que en la guerra hace torcer la nariz y da fastidio a la “democrática” Europa, mientras permanece muda ante todo lo que sucede cotidianamente en Colombia.
Debemos entonces hablar con sinceridad de una colusión o de una incapacidad por parte de la Unión Europea para articular una política independiente de los intereses del gobierno de Washington y de las grandes transnacionales. Sería entonces necesario que alguien nos dijera desde esta perspectiva de que parte está el gobierno italiano, mientras seguramente los movimientos de nuestro país han ya demostrado su decisión de paz y justicia social en confronto con las explotaciones y las guerras. Para apoyar el movimiento indígena colombiano en estos años, A Sud, canalizando el apoyo de pequeñas realidades de base y de algunas instituciones locales, ha reforzado el sistema informativo indígena realizando 36 radios comunitarias, ha constituido un observatorio legal, ha apoyado y acompañado en campo los procesos de algunas de las luchas simbólicas en contra de la explotación petrolífera, ha iniciado la campaña por la “liberación de la Madre Tierra” y por el reconocimiento de la “deuda ecológica” y ha sostenido actividades para el regreso de las comunidades desplazadas a sus territorios.
Después de la moción presentada por el grupo al Senado del PRC (Partido de la Refundación Comunista) en apoyo al movimiento indígena colombiano, luego de la visita de la ONIC y de la representante de las mujeres Wayúu organizada por A Sud en octubre del 2006, algo se ha movido. El pasado cinco de septiembre, durante una misión internacional de verificación de los derechos de los pueblos indígenas organizada precisamente por A Sud y por el grupo al Senado del PRC se vivió una de las etapas más intensas de este camino hecho de reciprocidad y de ideales comunes: la inauguración de la Casa de las Mujeres Wayúu. La concretización de la primera fase de un proyecto de cooperación de base que parte del sostenimiento a la lucha de las mujeres por la afirmación de sus derechos y contra la impunidad del paramilitarismo que en los últimos años ha asesinado y violado a centenares de ellas.
Este extraordinario pueblo matrilineal hecho de mujeres guerreras que han vivido por milenios en la región de La Guajira al norte de Colombia, ha visto su territorio transformarse en el epicentro de los intereses del narcotráfico y de nueve megaproyectos, entre los cuales la más grande minera de carbón a cielo abierto, una gasoducto, un puerto multifuncional y hasta un proyecto de ecoturismo, que ha provocado el desplazamiento de muchos Wayúu de sus territorios, obligados ahora a vivir en condiciones inhumanas. Todo viene robado de esta tierra, mientras que a sus legítimos hijos no les queda nada excepto el dolor por las muertes sufridas.

Para continuar a resistir y para continuar a formar e informar a tantas de ellas, las mujeres Wayúu han solicitado a A Sud que se comprara una casa en uno de los puntos estratégicos de La Guajira donde se entrecruzan muchos de estos intereses: Cuatro Vías. Una casa realizada también gracias al apoyo del Comité Piazza Carlo Giuliani, que ha sido dedicada precisamente a nuestro Carlo, entrelazando simbólicamente su nombre al de aquellos muertos Wayúu que en estos años se han enfrentado por los mismos valores en los que él creía y por los cuales fue asesinado. Una acción desde la base que acerca nuestros pueblos, que refuerza nuestras luchas y que demuestra como es posible construir otra forma de hacer política.








[1] Publicado originalmente en periódico Liberazione . 9 de septiembre de 2007.
[2] Senadora italiana del Partido de la Refundación Comunista (PRC)

MITOS WAYÚU CON EFECTOS ESPECIALES

Panorama fue al detrás de cámara de “Kataa ou-outa”, de Patricia Ortega

Por:
RICARDO PINEDA TOLEDO

El largometraje zuliano es el primero en emplear la técnica Chroma key en 3D. Funciona a partir de un fondo verde que será reemplazado con imágenes computarizadas. Sustentarán una reflexión hacia la integración cultural indígena.

“En la película, el ‘nosotros’ es el Wayúu y los ‘otros’ son los alienados o resistentes a la cultura”, explica la cineasta.

Al actor Elvis Prieto lo acaban de maquillar para representar a Maleiwa —en el imaginario Wayúu, es el creador de todo el universo— en una escena donde debe correr para no ser tragado por una inmensa ola de mar.

Hay que utilizar mucho la imaginación, porque en escena sólo se encuentra el intérprete (de facciones indígenas), la arena de playa y una curiosa cortina verde en el fondo del estudio dos de TV LUZ, en Maracaibo.

Es un día de intensa labor para el equipo de producción de “Kataa ou-outa” (vivir-morir, en Wayúu), de la cineasta zuliana Patricia Ortega, quien tras recorrer algunos festivales internacionales con trabajos audiovisuales de corta duración, realiza su primer largometraje con efectos especiales incluidos.

La tela verde tamaño 6x6 —cortesía de la Villa del Cine— sirve para imponer imágenes digitalizadas, tal como lo hacen las películas hollywoodenses “La venganza del Sith”, “La ciudad del pecado” o “300”.

El resto de los equipos audiovisuales fueron alquilados por una productora privada.

“Estas secuencias con la técnica del Chroma key en 3D son riesgosas, porque no se habían abordado antes en una película venezolana, mucho menos en el Zulia”, compartió Ortega luego de gritar “¡Corten!” para repetir la misma toma.

“Pero lo asumimos así —continúa— porque no sólo queríamos retratar la integración intercultural de la etnia Wayúu desde un punto de vista antropológico y social; también desde lo onírico, para representar las deidades y recrear sus mitos y leyendas”.

Experimento

Las ganas de experimentar, de encontrar nuevos lenguajes y estilos es el propósito de que la obra no sea documentada en un género cuadriculado (muy común en este tipo de trabajo).

Para combinar lo real con las imágenes míticas, realizadas por computadora, el equipo emplea una cámara HD Real Panasonic 200 (de alta definición), cuyo material se almacena directamente al disco duro de una computadora, para ser trabajada en la fase de postproducción.

La cámara usa un adaptador y óptica de cine en 35 mm, que le brindará mayor profundidad de campo a la imagen cuando sea proyectada en pantalla grande.

“En la película, el ‘nosotros’ es el Wayúu y los ‘otros’ (la ciudadanía marabina) son los alienados o resistentes a la cultura”, explica la directora de este documental, enlazado con ficción.

La idea nació precisamente “porque pienso que es necesario hacer una reflexión sobre nuestra relación con los indígenas, si es que tenemos una”.

Plantea que Maracaibo, siendo una zona fronteriza y de mucha diversidad cultural, no vive la cotidianidad del Wayúu o guajiro, como se les dice.

“Siempre queda como el relegado: el que recoge las bolsas de supermercado, el que trabaja en el basurero, la que limpia la casa... Se les trata como extraños, tienen sus costumbres y leyes que nosotros desconocemos por completo”.

En equipo

“Kataa ou-outa” ha resultado muy ambicioso para el equipo detrás de cámara, entre quienes se encuentran: David Cabrera (director de efectos especiales); Sergio Curiel (edición y montaje); José Saavedra (sonido); Mexi De Donato y Régulo Rincón (script); Mauricio Siso (fotografía); Siria Briceño, Emiliano Faría y Egla Ortega (productores) y Aquiles Báez (música).

Integran el reparto María Semprún (anciana sabia), Elio Machado (cazador), María Carolina Machado (Pulowi y Wolunka), Homero Montes (Wanulu) y Lucía Rojas (Palá).

Por tratarse de exteriores donde no había electricidad —como la Guajira colombo-venezolana—, el resto de las secuencias se filmaron con cámaras Mini DVD, 24 progresive. También se incluyen secuencias en Las Pulgas y otros sectores de la capital zuliana.

“Como es la primera vez que hago un largometraje, hay que tomárselo con más calma. No es como los cortometrajes, que en una semana de rodaje crees que se te va la vida”, compara Ortega, a quien se le nota mayor determinación y madurez.

No es para menos. Debe asumir los obstáculos en una técnica que apenas se está explorando en la cinematografía regional. Aparte de resolver contratiempos, también ha de administrar las horas de trabajo o si no “te pierdes en el proceso”.
Calcula que le tomará un año rodar toda la película, el mismo tiempo que invirtió elaborando el guión. En total serán como dos o tres años entregados a este proyecto inédito.

Tomado de: http://www.panodi.com/panodi/357416.html

domingo, 23 de septiembre de 2007

Queremos conocer sus opiniones

Apreciados hermanos y amigos de NotiWayúu:

En febrero de 2006 tuvimos el sueño de iniciar un modesto espacio en la Internet, que nos permitiera difundir de manera mucho más amplia algunos acontecimientos que suceden en La Guajira, principalmente los relacionados con la violencia paramilitar y de otros actores armados que vienen afectando a muchas comunidades del pueblo Wayúu.

El espacio al principio se fue construyendo a partir de la compilación y organización de noticias e información recogida de diversos medios periodísticos y académicos, lo que incluía la transcripción de material aparecido exclusivamente en documentos escritos. Poco a poco hemos incorporado algunos artículos propios que se han venido escribiendo desde la experiencia organizativa del Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento.

Modestamente y sin mayores pretensiones creamos este blog, el cual al principio sólo contaba con las entradas que nosotras mismas hacíamos. Hoy observamos con inmensa alegría que, en un breve período, sobrepasamos las cuatro mil visitas, lo que a la vez que nos anima a seguir en la brega nos obliga a hacerlo cada vez mejor.

Por ello es de suma importancia conocer sus opiniones acerca de este blog. Sus opiniones, comentarios, sugerencias, reflexiones siempre serán bienvenidas. Esperamos que nos escriban ya se en esta misma página o al correo electrónico notiwayuu@gmail.com

sábado, 22 de septiembre de 2007

EL RECICLAJE DE ‘JORGE 40’

Por:
EL ESPECTADOR – REDACCIÓN JUDICIAL

Tras 18 meses de investigación, la Fiscalía consolidó un expediente que tiene a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, ad portas de perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

[Sábado, 22 de septiembre de 2007] El 11 de marzo de 2006 el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía capturó en Barranquilla al ex oficial del Ejército Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, reconocido en el mundo del hampa como la mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Semanas después se supo que durante el operativo los investigadores descubrieron un sofisticado centro de comunicaciones con modernos aparatos de tecnología de punta, tales como computadores, memorias, CDs, grabadoras y teléfonos celulares. Hoy, 18 meses después y tras una minuciosa labor de inteligencia, la Fiscalía ha puesto al descubierto una organización jerarquizada, con diferentes frentes delictivos y capacidad para infiltrar a la Fuerza Pública, cuya cabeza sigue siendo el desmovilizado jefe del Bloque Norte de las autodefensas Jorge 40.


Cuando la Fiscalía concretó el operativo contra Don Antonio, la noticia pasó desapercibida porque 24 horas antes los titulares de prensa registraban un suceso mayor: en el corregimiento de La Mesa (Cesar), a pocos kilómetros de Valledupar, junto con 2.000 hombres del Bloque Norte, se desmovilizó el temido jefe paramilitar Jorge 40. Y una segunda noticia opacó el hecho: el domingo 12 de marzo se realizaron las elecciones parlamentarias y no eran tiempos para publicitar positivos judiciales. Sólo siete meses más tarde el país habría de conocer lo que encontró la Fiscalía el día que capturó a Don Antonio. La prensa calificó el hallazgo como el computador de Jorge 40. Hoy, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene claro que había mucho más y empieza a demostrar cómo el paramilitarismo se sigue reciclando.

Después de un sofisticado proceso de interceptación de comunicaciones telefónicas, seguimientos y capturas, registros de cuentas y visitas carcelarias, la Fiscalía ha logrado desentrañar los enlaces de una compleja organización de las que actualmente se denominan bandas emergentes que, extendiendo sus tentáculos en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Bolívar y Sucre, siguen manteniendo el imperio de las autodefensas. Con estructura similar a la de los bloques ‘paras’, con mandos altos y medios, redes de sicariato y sutiles conexiones con el narcotráfico, esta organización, mayoritariamente integrada por desmovilizados, a pesar de los compromisos pactados en el proceso de paz con las Auc, ha reincidido en la práctica de homicidios selectivos, secuestros, extorsiones y componendas políticas.

Y lo más grave de las primeras pesquisas del ente investigador es que las comunicaciones evidencian que Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia), “a través de comunicados vía internet, cartas o escritos llevados por personas o visitas de integrantes de la organización a la cárcel, a fin de recibir cuentas y dar órdenes para la realización de actividades”, mantiene estrecho contacto con los principales jefes de la banda criminal que sigue azotando a la Costa Atlántica. Con un agravante: también siguen permeando a diferentes frentes del Estado, como la Policía, el DAS, la Armada, las entidades de salud y el propio CTI. Se trata, según la Fiscalía, de un reacomodamiento de la estructura criminal de las Autodefensas en esta región del país para la comisión de acciones ilícitas.

Según las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, con apoyo de la Dirección de Policía Judicial, entre los principales enlaces de Jorge 40 con la organización criminal figura Marta Argüelles Usma, conocida con el alias de Marta, una mujer que, con el pretexto de la visita, les facilitaba a varios integrantes de la banda el ingreso a la cárcel de Itagüí para entrevistarse con Rodrigo Tovar Pupo. Tras la interceptación legal de sus teléfonos celulares se estableció que mantenía comunicaciones con el jefe de la organización delictiva, un desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas identificado como Arturo García y conocido en el bajo mundo con los alias de Noé, Coronel, El Arca o El Mayor. A este sujeto las autoridades lo sindican de coordinar la red logística y financiera de homicidios, desapariciones y demás actividades delictivas.


Igualmente, Fiscalía y Sijín detectaron la gestión de Nohemí Galeano David, conocida como La Gomela, quien estaría sirviendo de canal de comunicación entre Jorge 40 y dos personajes importantísimos de la organización criminal: Mario Marenco Egea, conocido como El Gordo, y Javier Enrique Toro Insignares, alias Benjamín. Del primero, las autoridades sostienen que se trata de otro desmovilizado del Bloque Norte, encargado del manejo político para las elecciones en los departamentos de Atlántico y Magdalena por órdenes directas de Rodrigo Tovar. Además, se le sindica de coordinar la captación ilegal de dineros oficiales del sector salud y algunas administraciones locales. En particular, las interceptaciones telefónicas a Marenco podrían comprometer a la ex alcaldesa del municipio de Soledad Rosa Estella Ibáñez.


En cuanto a Toro Insignares o Benjamín, las pesquisas judiciales indican que después de su desmovilización como integrante del Bloque Norte de las Autodefensas en marzo de 2006, entró a coordinar la estructura militar de la banda emergente que comenzó a operar en el Atlántico. Se le sindica de ser el líder para la comisión de homicidios y otras actividades al margen de la ley y, además, de afianzar las relaciones con la Fuerza Pública, particularmente con unidades de la Policía, el DAS y el CTI, quienes le habrían prestado colaboración en el suministro de información, participando además en algunas acciones ilegales. Asimismo, sería enlace clave con la oficina de cobro que promovió la organización criminal para garantizar el recaudo de los dineros ilegales.


El otro miembro fundamental de esta banda emergente era Miguel Villarreal Archila, alias Salomón o El Viejo, también desmovilizado del Bloque Norte. Capturado en Bucaramanga el pasado 20 de abril y solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, las autoridades lo sindican de haber utilizado a un tercero para que lo suplantara en los trámites de la desmovilización. Durante varios meses orientó la banda emergente desde Venezuela. La razón: la disputa territorial planteada por la organización criminal Los Paisas, al mando de alias Rogelio. Para fortalecer su lucha, Salomón buscó aliarse con los narcotraficantes Wílber Varela, Juan Carlos Ramírez o Chupeta y el Loco Barrera. Al parecer la banda quedó bajo el control de los hermanos Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, conocidos como Los Mellizos.


El seguimiento y captura de Salomón fue determinante para establecer el modus operandi de esta organización ilegal y el papel cumplido por sujetos como Yury Rodríguez o La Araña, Miguel Torregrosa o Chang —hoy detenido en la cárcel de Cómbita—, Juan Carlos Pastrana Palomo o El gordo Pastrana y Pastor León Patiño o Vicente, todos desmovilizados del Bloque Norte de las Auc, con roles específicos (ver gráficos), como la coordinación de los llamados kits para la ejecución de homicidios, el reclutamiento de armas y sicarios, la captación de dineros productos de extorsiones o aportes voluntarios de ganaderos, comerciantes y transportadores, las labores de la oficina de cobro, las gestiones de una empresa de vigilancia de fachada y los enlaces con los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.


El componente de la investigación que más ha inquietado a la Fiscalía ha sido la evidencia de que muchos agentes del Estado venían apoyando las acciones de la banda emergente y, lo que es más desconcertante, la mayoría de estos funcionarios hacían parte de grupos de inteligencia para combatir el narcotráfico y los homicidios en la Costa. Por ejemplo, Fiscalía y Sijín establecieron que Ernesto Escorcia Niebles, funcionario de la Policía en Atlántico, “excusado de su trabajo por presuntos problemas siquiátricos”, estaba dedicado de tiempo completo a proveer información confidencial a la banda y que Adolfo Arcón, agente del CTI adscrito al Gaula del Ejército, también andaba en vueltas ilegales. Igual que Hernán Ramos Acosta, quien era ni más ni menos que el jefe de la Policía Judicial del DAS en Atlántico.


En criterio de la fiscal de Derechos Humanos que adelanta el proceso, la banda emergente, constituida por desmovilizados de las Auc, venía incurriendo en conductas ilícitas graves, ante lo cual deben ser procesados por el delito de concierto para delinquir bajo la modalidad de alianza para cometer homicidios, secuestros y extorsiones, en detrimento de la Fuerza Pública. En cuanto a los funcionarios comprometidos, a pesar de que han querido excusarse argumentando que recibían llamadas sin saber quiénes eran sus interlocutores, la Fiscalía sostiene que estas disculpas chocan con la realidad y lo que se concluye es que se habían vuelto informantes de la organización ilegal. En consecuencia, incurrieron en un delito lesivo contra la seguridad estatal.


La lista de implicados con la banda supera las 100 personas y abarca desde desmovilizados de las Auc, pasando por agentes de la Fuerza Pública, candidatos y alcaldes en ejercicio, hasta abogados al servicio de la organización. La mayoría ya están detenidos y prácticamente todos los procesados están cobijados por medidas de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. Se les acusa de no menos de 50 homicidios en la Costa Atlántica, una cifra que tiene aterrados a los investigadores. Es la primera vez que el ente acusador demuestra lo que era un secreto a voces: el reciclaje del paramilitarismo a través de bandas emergentes y conexiones con el narcotráfico y la política. Serán ahora los jueces y magistrados de Justicia y Paz quienes determinen si el jefe paramilitar Jorge 40 es o no el cerebro de esta organización criminal y por qué mantenía estrecha comunicación con la banda desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Tomado de:
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=15599&idSeccion=22

viernes, 21 de septiembre de 2007

¿NACEN LOS PARAS DE TERCERA GENERACIÓN?

Por:

SEMANA

La desmovilización paramilitar puso a Colombia ante un nuevo reto que exige abordaje tan inmediato como el de la resolución de las dudas sobre la reparación a las víctimas y el futuro de los jefes paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz. Se trata de la aparición de 22 nuevos grupos armados que se pelean los negocios, recursos y territorios de los desmovilizados, especialmente para el tráfico de drogas.

Dichos grupos hacen presencia en 25 departamentos del país, están integrados por entre 3.000 y 6.000 personas y tienen tres orígenes básicos: son disidentes de la negociación con el gobierno, desmovilizados que se rearmaron o grupos emergentes que, bajo una nueva marquilla, ocupan las zonas en las que operaban las antiguas autodefensas.

Sus objetivos también son variados. Van desde los servicios de seguridad privada para las mismas zonas de tradicional influencia 'para' hasta la lucha por el control de rutas y la salida de drogas ilícitas a través de Venezuela, el Caribe y el Pacífico.
Mientras el gobierno las define como simples bandas delincuenciales y la oposición cree que son la prueba del resurgimiento paramilitar, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) considera que son algo más que lo primero y, si no hay acciones efectivas por parte del Estado, pueden convertirse en lo segundo. Incluso el director de la CNRR, Eduardo Pizarro, alertó el 15 de agosto sobre lo que podría convertirse --en caso de que las autoridades no adopten las medidas necesarias-- en la tercera generación paramilitar del país.

Los nuevos grupos armados aparecieron tras las 37 ceremonias de desmovilización colectivas efectuadas desde 2002, a las cuales se acogieron 32 mil hombres. Según la Policía Nacional, el 17% de los miembros de dichas estructuras son desmovilizados. Otras cifras oficiales también señalan que 694 ex integrantes de las autodefensas que reincidieron fueron asesinados y otros 1.452 resultaron heridos.

La CNRR cruzó los datos oficiales de la Fuerza Pública con los de la Misión de Apoyo de la OEA e identificó las cuatro principales zonas en las que operan dichos grupos.

1. La Costa Caribe: 1.290 hombres ocupan la zona del extinto Bloque Norte de las AUC en los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar y Norte de Santander. La región es clave para el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la extorsión.

2. Urabá, Córdoba y Magdalena Medio: 605 hombres ocupan ahora el área en la que hubo mayor cantidad de desmovilizaciones colectivas en el país.

3. Llanos Orientales: Hay 960 hombres en armas entre Meta, Vichada y Guaviare, región disputada entre varios de estos grupos y con las guerrillas.

4. Región Pacífico: En esta área hay más de 1.100 hombres armados desde la desmovilización de las autodefensas. Delinquen con o contra la guerrilla, los narcotraficantes y otros grupos ilegales.

Aunque las cifras presentadas por cada institución pueden variar en cuanto al número de integrantes de cada una de estas nuevas organizaciones armadas, todas coinciden en su existencia y en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar que el mal se desborde, como ocurrió con los paramilitares de primera y segunda generación.

Para la CNRR, la respuesta frente al surgimiento de estos nuevos grupos violentos debe incluir un refuerzo en las estrategias de atención a los desmovilizados, más presencia estatal en las zonas en las que operan y hasta un mayor control a los ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, algunos de los cuales estarían relacionados con las nuevas estructuras de violencia.

La advertencia está dada y el reto para evitar consecuencias que puedan ser aún más contraproducentes en el proceso de desmovilizaciones que lideró está ahora en manos del mismo gobierno. Es cierto que no se deben magnificar las manifestaciones de violencia. Pero tampoco hay que desconocerlas, especialmente si son tan tangibles como las de los grupos post-autodefensas.

Tomado de:
http://www.semana.com/multimedia/md_281/Media-281_2007816_192538_High.swf

jueves, 20 de septiembre de 2007

Confirmó Chávez próximo encuentro con homólogo colombiano Uribe

Caracas, 18 sep (PL) El presidente venezolano Hugo Chávez confirmó hoy un próximo encuentro con su homólogo colombiano Alvaro Uribe el 12 de octubre venidero en la región de la Guajira, para inaugurar el gasoducto Transguajiro.

Así lo informó el jefe de Estado durante su encuentro en el Palacio presidencial de Miraflores con la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien le entregó un video enviado por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el video, el canciller de las FARC, Raúl Reyes, propuso a Chávez reunirse el próximo 8 de octubre, con el fin de adelantar las conversaciones para un posible canje de prisioneros de la guerrilla por rebeldes presos del gobierno colombiano.

Si logramos el canje humanitario, apuntó Reyes en su mensaje, será la llave de entrada o el camino para transitar hacia el objetivo de la Paz en Colombia, y no vemos otra salida que concertarla, para lo cual contamos con su apoyo.

El mandatario venezolano explicó que es necesario paciencia, constancia y mucha comprensión de ambas partes para lograr una posición intermedia, que permita llegar a un acuerdo humanitario.

Chávez evitó confirmar fecha para la reunión con representantes de las FARC, aunque aseguró que en breve precisará con la jefatura de la guerrilla para concretar esa primera reunión.
El presidente venezolano reiteró su disposición de trasladarse hasta la selva colombiana, siempre que sea autorizado por las autoridades de la vecina nación, pero consideró que este primer encuentro deba realizarse en territorio venezolano.

Chávez aceptó en agosto pasado la petición de Córdoba de servir como mediador para un posible canje humanitario entre las FARC y el gobierno colombiano, labor para la cual la senadora del opositor Partido Liberal fue autorizada como facilitadora por Uribe.

sábado, 15 de septiembre de 2007

VENEZUELA ACOGE A 200 MIL VÍCTIMAS DE GUERRA EN COLOMBIA

El representante de Acnur pide apoyo estatal a la Comisión de Refugiados

Por:
REYES THEIS- EL UNIVERSAL

[Caracas/12 de septiembre de 2007] La muerte ronda en La Guajira. Un grupo paramilitar conocido como las Águilas Negras ha sustituido a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia en la siembra del terror en la zona. Hoy el triste saldo es de 200 muertos de la etnia Wayúu, la mayoría ocurridos en los últimos cinco años, y un número importante de indígenas que se han mudado de su territorio, denuncia la organización Fuerzas de Mujeres Wayúu.

Esta tragedia que viven los indígenas, para quienes no existen las fronteras, es similar a la que atraviesan tres millones de colombianos que han abandonado su residencia para huir del conflicto y de 550 mil que han salido de su país. 200 mil de ellos con destino a Venezuela, de acuerdo con las cifras del representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) John Fredrikson.

El funcionario señala que incluso la cifra de colombianos que han optado por Venezuela para guarecerse podría ser aun mayor, pues la mayoría no se registra para solicitar le sea concedido el estatus de refugiado.

El sufrimiento de huir

Sobre el estado de la persona que abandona Colombia por la guerra, Fredrikson comenta: “A nivel personal estamos hablando de gente que tiene mucho sufrimiento, que ha sido atacada. Invariablemente a algún miembro de la familia lo han matado o desaparecido y ha tenido que dejarlo todo”, señala.

Como en todas las guerras, los que nada tienen que ver en ella son los más perjudicados. “El que sufre más es el ciudadano civil, porque el que está en un bando de la guerra tiene sus propios sistemas de apoyo, pero es la persona civil a quien se acusa de estar tomando parte de un lado u otro del conflicto y tiene que huir”, asegura el representante de Acnur.

Pero la situación se hace más dramática en el caso de los indígenas. “Para un campesino ser desplazado significa quizás perder el estatus económico, una casa, su trabajo, pero para una persona indígena la tierra tiene un valor sacrosanto, que tiene que ver con la relación entre el cielo, la tierra y el ser humano que vive con su familia. He escuchado a líderes de etnias que me han dicho: si usted me desplaza a mí yo me muero, no porque me peguen un tiro, sino porque me quita mi esencia espiritual”, narra Fredrikson.

Falta apoyo

Paradójicamente, a pesar del gran interés manifestado por el Gobierno venezolano para contribuir al proceso de paz en Colombia, las cifras no indican la prioridad que se le está asignando al tema de la atención a los refugiados provenientes de esa nación.

El representante de Acnur señala que para junio de este año (2007) han solicitado refugio en forma oficial 8.801 personas, casi todos colombianos, pero el Estado venezolano tan sólo ha reconocido el estatus de 852.

El que les sea otorgado dicha condición es vital, porque solamente así podrán optar al documento de identidad venezolano y el Estado se comprometerá a no devolverlos a Colombia.

Fredrikson señala que el órgano estatal involucrado --la Comisión Nacional de Refugiados—“no tiene suficientes recursos ni personal para atender aun a las pocas solicitudes que están llegando, imagínense si comienzan a llegar en gran número”. Añade que esta falta de agilidad en el trámite podría desestimular al resto de quienes huyen del conflicto colombiano, a que regularicen su situación.

No obstante, destaca que el proceso en Venezuela es “bastante nuevo”, ya que “la Comisión Nacional para Refugiados comienza a trabajar en el año 2003 y las secretarías técnicas en 2006, así que hay que tenerle paciencia”.

Según el funcionario, a Venezuela todos los días arriban pequeños grupos de colombianos, a veces familias enteras, que traen apenas la vida como único bien. Ellos claman por la atención rápida de un país al que llaman “hermano”.

Tomado de: http://www.eluniversal.com/2007/09/12/pol_art_venezuela-acoge-a-20_466592.shtml

martes, 11 de septiembre de 2007

Un vigoroso grito

Publicado por:
Desde el desierto

Portada del libro Desde el desierto y su autora “La wayunkerra”

A Karmen Ramírez Boscán los lectores de Cronopios la conocen como “la guerrera wayúu” porque aquí se publicó hace algunos meses una crónica de esta decidida mujer guajira que un buen día dejó de ejercer sus actividades como diseñadora gráfica y profesora universitaria para ponerse al frente de causas de Derechos Humanos, tras sentir en piel propia el drama de la desaparición de muchos de sus familiares abatidos cobardemente en su territorio por el bárbaro acometimiento paramilitar que hoy padecemos todos los colombianos.

A pesar de que parece larga, la historia es vertiginosa: Karmen fue seleccionada para representar a los indígenas de América en una capacitación mundial con sede en Ginebra. Su experiencia con indígenas de los demás continentes, su permanente desplazamiento internacional en foros y encuentros por los Derechos Humanos, su palabra y su presencia cada vez más notoria, en muy corto tiempo la han llevado a convertirse en líder de su comunidad, y de los indígenas, en general.

A la vez que participa en actividades internacionales permanentes, tiene su sede residencial en Valledupar y cumple con sus voluntarios compromisos como secretaria general del Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento y ha sacado tiempo para indagar memorias y dejar testimonios de su pueblo, de su lucha.

El resultado está en un libro que acaba de publicar como compiladora mientras su hermano Miguel Iván intervino como diseñador, fotógrafo e ilustrador, con el resultado integral de un volumen que impacta e identifica tanto el drama como la condición humana de los wayúu, que ellos representan desde su casta Epinayú, porque son hijos de Gloria y nietos de Franco, dos figuras prominentes en la defensa de las causas que lidera “la guerrera”, a quien hoy le dicen “wayunkerra”, una palabra que en el hablar guajiro quiere decir “muñeca” y que en todo caso es voz de cariño y solidaridad en una sociedad que respeta y cumple la palabra como un fundamental ritual de vida.

“Desde el desierto. Notas sobre paramilitares y violencia en territorio Wayúu de la Media Guajira”, es el título del libro. Nombre que transmite valentía pero también riesgos reales pues si fuésemos a las comparaciones que suelen irradiar de la filosofía popular, esto equivaldría tanto como a mentar la soga en casa del ahorcado.

En todo caso, ella lo sabe y lo asume y sigue en su camino que si bien es cierto resulta pedregoso y a veces hasta pavoroso, de todas formas tiene el sol arriba, alumbrando como una esperanza, sol guajiro, sueño universal.

El texto preliminar explica el contenido: “[…] comprende una selección de diversos artículos y textos, algunos inéditos otros no, que recuperan pedazos de la memoria de lo que ha sido la dinámica de la violencia paramilitar y el conflicto armado en el territorio Wayúu de la Media Guajira. El propósito de la publicación es simple: llamar la atención sobre el accionar del paramilitarismo y sus nefastas consecuencias en algunas de las comunidades del pueblo Wayúu y aportar modestamente para hacer visible su tragedia. Consta de seis capítulos. El primero: “Paramilitarismo en la Media Guajira”, pretende hacer una aproximación panorámica a las dinámicas que paramilitares y autodefensas despliegan en La Guajira, con énfasis especial en Maicao y su entorno. El segundo: “Esas voces que vienen del desierto”, está construido a partir de dolores y penas plasmadas en testimonios vivos que aun nos hacen quebrar la voz y descomponer el semblante cuando se leen. El tercero: “Crónicas para una memoria”, busca reconstruir a partir de pedazos hallados en dispersas crónicas periodísticas, parte de la memoria de los Wayúu víctimas y sobrevivientes de la barbarie paramilitar. El cuarto: “Género, violencia y conflicto armado”, tiene la finalidad de contextualizar el papel que la mujer Wayúu desempeña en las estrategias de resistencia que las comunidades del pueblo Wayúu, conciente e inconcientemente, han enarbolado contra el conflicto armado. El quinto: “Otros territorios, otros pueblos, la misma violencia”, señala algunas evidencias sobre la manera como otros pueblos, especialmente de la región, han sido afectados por la violencia paramilitar. Y, el sexto “Al menos sus nombres”, hace un esfuerzo por recoger en una larga lista, que tristemente crece cada día, los nombres de algunos Wayúu asesinados y desaparecidos forzadamente por los distintos actores armados en La Guajira, desde 1993 hasta la fecha [...]”.

Este es sin duda un grito vigoroso desde el desierto guajiro. Y más allá de las denuncias y el arrojo, que hoy en día nadie se atreve a acometer, es también un ejemplo de decisión de una mujer cuya pasión vital contagia a los demás y va creciendo y creciendo y convirtiéndose en un eco que no podemos descartar quienes (cada uno desde su trinchera y con sus armas, ojalá vitales) no nos resignamos simplemente a sufrir y a sentir pisoteada la integridad y llegamos a la misma conclusión que bulle en la sangre de la Wayunkerra: solo vale la pena vivir con dignidad.
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Si quiere adquirir el libro, escriba a: wayuunouna@gmail.com y /o comunicaciones@onic.org.co

sábado, 8 de septiembre de 2007

“GUERRA SILENCIOSA DE PARAMILITARES DEJA MÁS DE 200 WAYÚU MUERTOS”

Por:
EL ESPECTADOR


La Fuerza de Mujeres Wayúu denunció que en los últimos cinco años esa etnia ha sido víctima de las acciones armada de grupo paramilitares que operan en el departamento de La Guajira.

[Viernes, 07 de septiembre de 2007]. De acuerdo con un informe presentado por ese organismo, llamada originalmente en dialecto Wayúu como Sütsüin Jiyeyu Wayúu, casi la mitad de la de las víctimas, aproximadamente 94, pertenecían a las comunidades indígenas de Maicao.

En el documento “Desde el desierto. Notas sobre paramilitares y violencia en territorio Wayúu de la Media Guajira” fue preparado por la secretaria general del Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento y vocera de la SJW, Karmen Ramírez Boscán.

“Es una compilación de escritos, crónicas, testimonios y, lo más importante, creo, es una triste lista de Wayúu que han sido asesinados”, explicó Ramírez.

Aseguró que la obra aborda un proceso al que todos los días “se suma más gente y también, infortunada y dolorosamente, más nombres a esa larga lista (de víctimas)” de la comunidad Wayúu, compuesta aproximadamente por 300.000 indígenas.

Los paramilitares llegaron en 1998 al territorio de los Wayúu, y en esa zona empezó a operar el Bloque Norte de las Autodefensas.

La presencia paramilitar se dio de manera no muy clara y, en un principio, desde el Gobierno se aseguró que el conflicto en La Guajira se derivaba de “peleas entre clanes”, recordó Ramírez, diseñadora gráfica que en 2006 viajó a Ginebra, becada por la ONU, dentro de un programa de estudios para pueblos indígenas.

Esa supuesta explicación del conflicto fue recogida por el presidente, Álvaro Uribe, cuando la ley wayúu “tiene códigos de honor y de guerra muy estrictos, en los cuales no se involucran las mujeres ni los niños, pero sobre todo se defiende el territorio”, insistió.

Con esta alusión, Ramírez subrayó que la guerra lanzada por los paramilitares ha dejado también como víctimas a mujeres y niños, y ha causado, asimismo, desapariciones y desplazamientos forzados.

Explicó que los territorios que dejaron las Autodefensas al momento de su desmovilización han sido ocupados por la banda emergente Águilas Negras, lo que ha mantenido vigente la “guerra silenciosa”, que se recrudeció desde finales de 2002, “en pleno cese de hostilidades, en pleno proceso de paz”.

Es una presencia que causa más “dolores y penas”, y prolonga la crisis en el territorio indígena, dijo la vocera de la SJW, que ahora iniciará la realización de un censo de la población desplazada.
“No hemos podido establecer el número de desplazados”, admitió Ramírez, quien señaló que esta población vulnerable no sólo ha viajado a Bogotá o ciudades de la costa Caribe, sino que se han desplazado a áreas venezolanas como las de Machiques, Valencia o Maracaibo, y la misma capital del vecino país, Caracas.

La SJW fue creada hace casi cinco años, y es una alianza de siete asociaciones indígenas que representan a más de sesenta comunidades de base, entre ellas las de autoridades tradicionales y de cabildos.

Tomado de:
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=14859&idSeccion=22

viernes, 7 de septiembre de 2007

A JUICIO EX FISCAL POR TORCER CINCO PROCESOS EN BENEFICIO DE PARAMILITARES DE 'JORGE 40'

Por:
EL TIEMPO – Redacción Justicia
[5 de septiembre de 2007] El acusado es el ex fiscal de derechos humanos de Barranquilla Luis Francisco Becerra Araque, detenido hace 4 meses en Bucaramanga, y a quien la Fiscalía llegó gracias al testimonio de un reinsertado.

Se trata del abogado Rafael Darío Palomino que hace un año supo que se había convertido en una piedra en el zapato para el grupo que por años le pagó por sus servicios: el frente 'Contrainsurgencia Wayúu', uno de los grupos 'paras' que le rendían cuentas a 'Jorge 40' en la Costa Atlántica.

Algunos de sus contactos le confirmaron que varios sicarios ya le estaban siguiendo los pasos. Sin dudarlo abandonó Barranquilla, donde residía, y viajó a Bogotá. Desde ese momento está en el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General.

Lo que ha venido contando Palomino le ha servido a la justicia para armar uno de los capítulos todavía ocultos del poder 'para' en la Costa: las relaciones que por años mantuvieron las Auc con fiscales, jueces e investigadores para garantizar la impunidad por sus crímenes.
Fueron tan graves las acusaciones de Palomino que el propio fiscal general, Mario Iguarán, ordenó al grupo contra la corrupción en la Fiscalía y la Rama Judicial que asumiera el caso de manera preferente.
Esas investigaciones llegaron por primera vez a manos de un juez el martes pasado.
El caso del ex fiscal de derechos humanos de Barranquilla recuerda el de la ex fiscal de Cúcuta Ana María Flórez, a quien la justicia busca por proteger a los 'paras' del 'Bloque Catatumbo' de Salvatore Mancuso.
Mensajes de texto delatores
Palomino, como prueba de sus negocios con el fiscal Becerra, entregó la tarjeta de registro de su celular. En ella quedaron consignados los mensajes de texto que el funcionario le envió para pedirle dinero, preguntarle por expedientes y hasta amenazar.
Según las investigaciones, Becerra se esforzó a fondo para frenar un proceso contra Carlos Alberto Sosa Castro, 'Ramiro', jefe del 'Contrainsurgencia Wayúu', que operaba en el norte de la Sierra Nevada de Santa Marta.
'Ramiro' está sindicado de narcotráfico, decenas de extorsiones, secuestros y masacres como la de la finca La Esperanza, en la vía a Maicao, donde murieron cinco indígenas, y la de la vereda El Limón, de donde se llevaron a varios indígenas wiwa de los que no se sabe nada.
El expediente contra 'Ramiro' estaba en el despacho de Becerra en Barranquilla. Y entre las pruebas estaban los testimonios de José Angulo y José Álvarez, dos reinsertados de las Auc.
Angulo ya había hecho una descripción de 'Ramiro' que sirvió para hacer un primer retrato hablado, pero sorpresivamente cambió todos los datos en una nueva entrevista con el fiscal Becerra.
La Fiscalía encontró que el propio Becerra le ofreció plata para que describiera a otro hombre. Así, Ramiro, que tenía ojos verdes, terminó con ojos negros. También le cambió la nariz y la estatura.

Entre septiembre del 2005 y diciembre del 2006, en la misma cuenta en la que Angulo recibía su estipendio como reinsertado fueron consignados tres millones de pesos. Pruebas grafológicas a las consignaciones demostraron que fueron hechas por el fiscal Becerra. El otro testigo, según la acusación, también recibió dinero y por eso terminó cambiando la versión contra 'Ramiro'.
Estos 'cambios' le dieron a Becerra motivos para dejar quieto el caso. La Fiscalía también descubrió que del expediente original 'desaparecieron' los retratos hablados de 'Ramiro' y de 'Juan', otro 'para' de la Sierra.
A 'para' lo dejaron libre
En otro proceso, esta vez por la desaparición de tres comerciantes en septiembre del 2003 en Maicao, fue detenido Rolando Gutiérrez, señalado comandante 'para', junto con Pablo Peinado.
En este caso también hubo testigos que se retractaron y por eso el fiscal Becerra dejó en libertad a Gutiérrez. A Peinado le cambió el cargo de desaparición forzada y le dejó concierto para delinquir.
La Fiscalía dice que entregaba información a abogados de los 'paras' y que sobornó a un testigo para que no identificara en fila de sindicados a 'Palomo', comandante de las Auc que había sido detenido.
En el 2004, Becerra era fiscal en El Banco (Magdalena). En la administración de Luis Camilo Osorio lo ascendieron y llegó a fiscal especializado en Barranquilla. Él asegura que es inocente y que siempre actuó ceñido al derecho.
Los mensajes al celular del testigo
Según la Fiscalía, desde un celular el fiscal le envió al abogado mensajes de texto para averiguar por el dinero que le iban a dar por desviar un caso.
Las 'piñas' y 'camisetas' que menciona en los mensajes son en realidad millones de pesos. Todo quedó grabado en la SIM card del celular del abogado.
Febrero 2006: "¿Cuándo me entrega mis 15 camisetas?"
"¿Qué delito le imputan?"
"¿Hay platica para mañana?"
"Tras su irrespetuoso silencio, ha surgido una nueva oportunidad Xra (para) el 28 de febrero y 1 de marzo".
"Yo no voy a dejar perder mis 15 camisetas, se ponen a paz y salvo este viernes o se pierde el expediente y ordeno (...) reconstruirlo como verdaderamente es, no me gusta que me tomen del pelo".
"Necesito saber si me devuelvo a Barranquilla".
Abril 2006: "¿Me gasto las 8 piñas? Me acaban de llamar de Bogotá y acabaron de matar al testigo. ¿Qué hacemos con las camisetas? ¿Las devolvemos?".

"El fiscal llegó al hotel en Barranquilla donde estaba el testigo que iba a declarar contra 'Palomo'. Se le metió a la pieza, le pasó plata y le dijo: 'Tome huevón, pa' que usted no reconozca a ese man'", dice uno de los investigadores sobre lo que confesó después el testigo.


Tomado de:

 
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