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sábado, 30 de junio de 2007

Declaración de Maikou: La Reparación no es simplemente ponerle un precio a nuestros muertos

En Maikou (Wajira) [Maicao (La Guajira)], entre el 23 y el 24 de junio de 2007, un número significativo de autoridades tradicionales, líderes y liderezas en representación de alrededor de dieciséis comunidades del pueblo Wayúu localizadas principalmente en Maicao pero también en otros lugares de La Guajira colombo-venezolana, y cuyo común denominador es haber sido o estar siendo afectadas por la violencia ejercida por los paramilitares y las autodefensas de ayer y de hoy, nos dimos cita en un amplio encuentro para discutir, reflexionar y definir horizontes de trabajo para que a las víctimas y sobrevivientes Wayúu les sean plena e integralmente garantizados sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y se den garantías para la no repetición.

El trabajo que se desarrolló durante los dos días que duró el encuentro fue muy provechoso y enriquecedor, en razón a que permitió el intercambio de experiencias, la socialización de propuestas y la construcción de consensos básicos, todo en la perspectiva de continuar avanzando en la consolidación de un movimiento de víctimas y sobrevivientes Wayúu, articulado a las autoridades tradicionales y a las organizaciones de base.

Adicionalmente, entre el 25 y el 26 de junio de 2007, varias de las autoridades tradicionales, líderes y liderezas Wayúu participantes en el mencionado encuentro y que fueron seleccionados para tal efecto, sostuvimos un encuentro con instituciones del Gobierno Nacional para abordar el tema de la seguridad y protección de las víctimas y sobrevivientes Wayúu que han sido amenazados por las llamadas "Águilas Negras".

Muchos fueron los planteamientos que se tejieron tanto a lo largo del encuentro como en la reunión con el Gobierno Nacional, sin embargo, entre las conclusiones más relevantes, se pueden citar las siguientes:

1. Frente a la llamada "Ley de Justicia y Paz" (Ley 975 de 2005):

1.1. Es manifiestamente insuficiente para garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas y sobrevivientes Wayúu a la verdad, a la justicia y a la reparación, al igual que no brinda garantías para la no repetición de los hechos. En ese contexto los estándares definidos en la ley no satisfacen las expectativas de varias de las comunidades del pueblo Wayúu victimizadas por paramilitares y autodefensas.

1.2. Evidencia una abismal asimetría entre los grandes beneficios otorgados a nuestros victimarios por un lado, y las pobres garantías brindadas a las víctimas y sobrevivientes por el otro, los cuales son prácticamente invisibilizados a lo largo de todo el articulado. Esta asimetría se profundiza aún más si se tiene en cuenta que mientras el Gobierno Nacional, a través del naciente Plan Nacional de Desarrollo, entrega sumas exorbitantes de dinero a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, el llamado Fondo Nacional de Víctimas languidece en la bancarrota.

1.3. Tiende una cortina de humo que pretende evadir y ocultar las responsabilidades del Estado respecto a la conformación, expansión y consolidación de los grupos paramilitares y de autodefensas en el país. En ese sentido, es que la reparación de las víctimas y sobrevivientes queda prácticamente dependiendo de la "buena voluntad" y de las "posibilidades" de los victimarios.

1.4. Es fruto de un proceso de negociación cuestionable que el Gobierno Nacional adelantó con paramilitares y autodefensas de espaldas al país y en el cual se construyeron acuerdos sobre los cuales hay un sospechoso hermetismo. Sobre este particular puede decirse que el objetivo central que le dio origen fue el de brindar garantías jurídicas a las estructuras paramilitares con las que el Gobierno Nacional negoció.

1.5. El concepto que trae de víctimas es sumamente restrictivo, en razón a que se refiere exclusivamente a las víctimas de paramilitares y autodefensas, en un período que básicamente va desde 1997 hasta principios de 2006, de suerte que las víctimas de las remozadas estructuras paramilitares de hoy no quedan amparadas, como tampoco caben las víctimas de la insurgencia armada y de la fuerza pública.

2. Sobre el llamado proceso de "desmovilización" de las estructuras paramilitares:
2.1. Pese a la retórica de la propaganda gubernamental que señala que los paramilitares y autodefensas son cosa del pasado, lo cierto es que en La Guajira, y particularmente en territorio Wayúu, persisten estructuras paramilitares que continúan ejerciendo control sobre los circuitos más importantes de la economía regional, tanto legal como ilegal.

2.2. Las "Águilas Negras" como así mismo se llaman, o las "Bandas Criminales Emergentes" como las denomina el Gobierno Nacional, se diferencian muy poco de la estructura paramilitar que antes se conocía como "Frente Contrainsurgencia Wayúu": Se dedican a las mismas actividades económicas; ejercen control sobre casi los mismos espacios territoriales; continúan cobrando sus "impuestos" a ganaderos, empresarios y comerciantes; persisten en sus crímenes contra las comunidades del pueblo Wayúu; algunos de los comandantes y mandos siguen siendo los mismos; tienen incidencia en el devenir político… etc. Es por lo anterior que en La Guajira se dice que los paramilitares y las autodefensas "lo único que hicieron fue cambiar de nombres".

2.3. El solo desmantelamiento de la estructura netamente militar de los paramilitares y de las autodefensas no es suficiente para que estos grupos dejen de existir, si continúan intactas sus estructuras económicas y si siguen manteniendo estrechos vínculos con sectores de la política regional que se fortalecieron con el proyecto político-militar de las llamadas "Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC)", que es lo que se ha venido dando en La Guajira, el fenómeno del paramilitarismo se seguirá afianzando.

3. Acerca de actividades y jornadas que entidades e instituciones han adelantado con víctimas y sobrevivientes Wayúu:

3.1. Varias de las llamadas "jornadas de atención a víctimas" que han sido adelantadas por distintas entidades gubernamentales con víctimas y sobrevivientes Wayúu con la finalidad fundamental de aplicar el "Formato de registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley", al no ir acompañadas adecuadamente de la implementación de medidas de seguridad y protección, han terminado por exponer aún más a las víctimas y sobrevivientes Wayúu a la acción de las estructuras paramilitares.

3.2. A las víctimas y sobrevivientes Wayúu que han participado en algunas de estas "jornadas de atención a víctimas" varias instituciones deliberadamente se han encargado de generar falsas expectativas sobre la llamada "Ley de Justicia y Paz" que con el paso del tiempo desencadenarán una gran frustración, que sin duda alguna será asumida como una burla y una afrenta a nuestro dolor y a nuestros muertos.

3.3. Las denuncias sobre las amenazas que las llamadas "Águilas Negras" profirieron contra autoridades tradicionales, líderes y liderezas Wayúu que venimos trabajando, fundamentalmente en el entorno de Maicao, en una dinámica organizativa de víctimas y sobrevivientes Wayúu de la violencia de todos los actores armados, no recibieron por parte del Gobierno Nacional la atención que la gravedad de los hechos ameritaba. Al respecto la visita de una comisión interinstitucional que se había acordado con suficiente antelación para que se desplazara a la región entre el 25 y el 26 de junio de 2007, hasta último momento algunas instituciones del Gobierno Nacional procuraron, argumentando diversas razones, cancelarla y agendarla para una nueva fecha, con lo que nos transmitieron el mensaje que las víctimas y sobrevivientes Wayúu no somos una prioridad.




4. Frente a los efectos que la violencia paramilitar y de otros actores armados han causado a comunidades del pueblo Wayúu:

4.1. La tragedia por la que han atravesado diversas comunidades del pueblo Wayúu a causa de la violencia derivada del conflicto armado, ha permanecido silenciada e invisibilizada. La magnitud de los desplazamientos de comunidades Wayúu que se presentaron, y aún se presentan, generados por los actores armados, no aparece reflejada en las estadísticas oficiales que están disponibles. La inmensa mayoría de desplazamientos de comunidades Wayúu pasaron totalmente desapercibidas para las instituciones responsables y, consecuentemente, no recibieron ningún tipo de atención.

4.2. Con el manido argumento de que eran producto de las atávicas vendetas entre clanes rivales que caracterizan al pueblo Wayúu, la inmensa mayoría de instituciones gubernamentales explicaron muchas de las muertes y varias de las masacres de Wayúu que se iban presentando a lo largo y ancho de La Guajira. Cuando el argumento de los conflictos intraétnicos no se ajustaba a los hechos, salían otras explicaciones como que eran ajustes de cuentas entre contrabandistas, pero nunca las entidades gubernamentales quisieron reconocer que varias comunidades del pueblo Wayúu estábamos siendo víctimas de una sistemática arremetida paramilitar, máxime cuando estas ocurrian en pleno proceso de negociación con las "AUC".

4.3. Pero para las comunidades del pueblo Wayúu los impactos nefastos del paramilitarismo van mucho más allá del largo número de víctimas fatales (asesinatos y desapariciones forzadas) y de los innumerables desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras que se han presentado. Los paramilitares pervirtieron los códigos de honor y de guerra del pueblo Wayúu; depredaron el poder de las autoridades tradicionales; fracturaron redes de reciprocidad y ayuda mutua que se extendían a lo largo de familias y clanes; erosionaron aspectos significativos de nuestro patrimonio cultural e intelectual sobre todo lo relacionado con las prácticas y ceremonias fúnebres; se apropiaron de las actividades económicas históricamente en manos Wayúu; desterritorializaron a numerosas comunidades… y un largo etcétera.

4.4. Antes que sentirnos protegidas por la presencia de la fuerza pública, muchas comunidades del pueblo Wayúu contrariamente expresamos que nos sentimos hostigadas, acosadas y hasta amedrentadas, debido a las actitudes que la fuerza pública asume en algunos lugares del territorio Wayúu, en donde al parecer los Wayúu somos vistos como los enemigos y no como la población civil que está obligada a proteger. Algunas autoridades tradicionales trajeron a colación los casos sucedidos anteriormente en donde la fuerza pública llegaba hasta las rancherías para decomisar las armas que allí se encontraba y luego ante su indefensión total incursionaban los paramilitares, causando muerte y terror. En la larga lista de Wayúu asesinados por los actores armados que se está recopilando y sistematizando, hay un importante número de muertos ocasionados por acciones de la fuerza pública, en las cuales hay evidencias de montajes de escenas para hacer falsos positivos de "caídos en combate".

En razón de lo anteriormente enumerado, las autoridades tradicionales, líderes y liderezas de distintas comunidades del pueblo Wayúu participantes en el encuentro de Maicao, resolvemos y solicitamos lo siguiente:

5. Sobre la reparación de las comunidades del pueblo Wayúu víctimas de la violencia política:

5.1. Desde la Sukuaipa Wayúu, sistema jurídico del pueblo Wayúu, hemos definido consensuadamente unos criterios de reparación que deben ser tenidos en cuenta por cualquier tribunal o autoridad, nacional o internacional, que busque resarcir los daños espirituales, culturales y materiales causados a las comunidades del pueblo Wayúu por los distintos actores armados. Estos criterios se han definido teniendo en cuenta el tipo de daño y la gravedad del mismo, según lo estipula la cosmovisión del pueblo Wayúu. En ese contexto la reparación busca compensar y restablecer el equilibrio y la armonía rotas por las acciones criminales.

5.2. Las reparaciones no solamente deben ser individuales, sino que deben estar articuladas a una propuesta de reparación colectiva e integral para las comunidades del pueblo Wayúu, sobre todo las que fueron especialmente afectadas por el conflicto armado y la violencia política. Debe quedar claro, por ejemplo, que el derramamiento de sangre en territorio Wayúu y la imposibilidad de enterrar los muertos según nuestra tradición, tienen amplias implicaciones y pueden cobijar a comunidades enteras.

5.3. Es el Estado colombiano, quien por acción u omisión, posibilitó la creación, expansión y consolidación de los paramilitares y autodefensas, el responsable directo y principal de las reparaciones a que hayan lugar con las comunidades del pueblo Wayúu. La responsabilidad de la reparación, sea esta individual, colectiva o simbólica, no puede recaer en los victimarios.

5.4. Hay que resaltar que desde el trabajo organizativo con víctimas y sobrevivientes Wayúu que estamos adelantando, no se hacen distinciones ni separaciones entre ellas. Independientemente del actor armado que haya realizado las acciones se considera que todas son víctimas y sobrevivientes Wayúu, con los mismos derechos. Esto adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de Wayúu muertos o desaparecidos en razón del conflicto armado, lo fueron a manos de alijunas o de actores armados comandados por alijunas. En definitiva, cayeron en una guerra que en modo alguno le pertenece al pueblo Wayúu.

6. Sobre las investigaciones de los asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados cometidos contra comunidades del pueblo Wayúu:

6.1. La Fiscalía General de la Nación debe constituir un equipo de alto nivel y especializado de fiscales e investigadores para que aboque, como parte de un mismo proceso, los diferentes crímenes cometidos contra algunas comunidades del pueblo Wayúu. Las investigaciones, si es que se están adelantando, no pueden seguirse haciendo bajo el supuesto que los asesinatos y desapariciones forzadas de Wayúu son casos aislados y sin ninguna conexión entre sí, ya que hay evidencias de que los paramilitares pusieron en marcha diversos dispositivos para aniquilar sistemáticamente a ciertas comunidades del pueblo Wayúu que ocupaban áreas convertidas en corredores de movilidad para los intereses de las "AUC".

6.2. Que la Fiscalía General de la Nación informe permanentemente a las autoridades tradicionales, líderes y liderezas de las comunidades Wayúu concernidas, sobre el trámite que se le ha dado y la evolución de los casos que han sido recogidos a partir del diligenciamiento del "Formato de registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley".

7. Sobre la atención para los desplazamientos forzados que han soportado comunidades del pueblo Wayúu:

7.1. Que las instituciones gubernamentales concernidas, especialmente la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Ministerio del Interior y de Justicia, con participación adecuada de las comunidades interesadas, inicie un proceso serio y riguroso de documentación y diagnóstico que permita conocer, entender, evaluar y definir alternativas de atención, en relación al fenómeno del desplazamiento forzado que han soportado numerosas comunidades del pueblo Wayúu, desde la irrupción de los paramilitares en su territorio hasta hoy, haciendo énfasis en los eventos que no fueron reportados en el momento en que se presentaron. Es claro que para el caso del pueblo Wayúu y dados los antecedentes que se presentaron, la condición de desplazados no puede otorgársele exclusivamente a los Wayúu que aparecen en los registros oficiales.

7.2. En el proceso de documentación y diagnóstico antes mencionado, atención especial deben merecen las comunidades del pueblo Wayúu que todavía se encuentran en situación de desplazamiento en Venezuela y otros lugares de La Guajira y el resto del país.

8. Acerca de la presencia de la fuerza pública:

8.1. Se hace un llamamiento a los actores armados para que se abstengan de involucrar en el conflicto armado a las comunidades del pueblo Wayúu, las cuales deben ser vistas como población civil especialmente protegida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

8.2. Con intervención del Ministerio Público, la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado, deben concertar con las autoridades tradicionales, líderes y liderezas de las comunidades del pueblo Wayúu correspondientes, las medidas de seguridad y protección que se requieren implementar para evitar acciones y retaliaciones de las denominadas "Águilas Negras" y de otras estructuras paramilitares.

8.3. Que con la intervención del Ministerio Público, de oenegés de derechos humanos, del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Vicepresidencia de la República, y con la activa participación de las comunidades Wayúu interesadas, se definan escenarios adecuados en los que se discuta y elabore un protocolo, que sea ampliamente difundido, que oriente y trace normas de comportamiento de la fuerza pública en su tránsito por el territorio Wayúu.

9. En lo que respecta a la memoria histórica:

9.1. Se hace un llamamiento a las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU), a los organismos de cooperación internacional y a las embajadas acreditadas en Colombia, para que apoyen la iniciativa que, desde diversas comunidades del pueblo Wayúu, se viene trabajando en la perspectiva de reconstruir la memoria del conflicto en La Guajira, sobre el cual realmente es muy poco lo que se conoce actualmente.

9.2. En el contexto de la recuperación de la memoria histórica se está trabajando para recobrar la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos a causa de los actores armados, a través de la recopilación y sistematización de sus nombres, rostros y trayectorias vitales.

Dado en Winpumuin, Maikou (Wajira)
Maicao (La Guajira), 27 de junio de 2007

CABILDO WAYÚU NÓÜNA DE CAMPAMENTO

SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – FUERZA DE MUJERES WAYÚU

AUTORIDADES TRADICIONALES DE COMUNIDADES DEL PUEBLO WAYÚU DE MAICAO Y OTROS LUGARES DE LA GUAJIRA:

MOSCOMANA, MALAKI, ATNEKISHAMANA, ISHAPA'A, COLOMBIA LIBRE, SANTA FÉ, WAMAYAO, SANTA CRUZ, SEGUANA, COCHORRETAMANA, LA CRUZ, BARSOVIA, PAQUIMANA, YOTOJOROY, MASHOU, NÓÜNA DE CAMPAMENTO, ATNAMANA, PAWASILA, LA ESPERANZA.

miércoles, 27 de junio de 2007

Hay 20 interesados en petróleo del Caribe

La Agencia Nacional de Hidrocarburos afirma que hay gran interés de empresas por explorar crudo en la denominada Ronda Caribe.

La Ronda Caribe, el proyecto más ambicioso que tiene Colombia este año para la asignación de áreas para la exploración de hidrocarburos ya tiene al menos 20 empresas interesadas.

Así lo reveló la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la cual ya ha vendido igual número de paquetes de información geológica.

Los 13 bloques tienen una extensión promedio de 290.000 hectáreas, y se encuentran localizados en las cuencas de Urabá, el Sinú y La Guajira.

La agencia anunció que tiene previsto realizar en Bogotá, entre el 11 y el 12 de julio, unos talleres especiales para resolución de inquietudes en torno al proceso en general.

El proceso de adjudicación de las áreas comenzó el jueves 12 de abril con la publicación de los términos de referencia correspondientes. La entrega se hará en octubre.

El director de la ANH, Armando Zamora, dijo que empresas de Estados Unidos, Canadá, India, China, Brasil y del Reino Unido han expresado su interés en el proceso.

“Todas tienen el perfil de las que queremos tener”, explicó. La fecha límite para que las empresas interesadas presenten los documentos que las habilitan para participar en el proceso vence el 10 de agosto.
Tomado de:

martes, 26 de junio de 2007

Sigue en la Guajira

Aún cuando las autoridades quisieron desestimar las informaciones según las cuales el jefe paramilitar, Vicente Castaño, se movía a su antojo en una ranchería guajira, lo cierto es que continúa recorriendo esa región. Habitantes de ese departamento informaron a CAMBIO, la semana pasada, que habían visto a Castaño movilizarse entre el Cabo de la Vela y el corregimiento de Majayura. Otros aseguraron que luego, Castaño, se había trasladado a la zona limítrofe con Venezuela donde está coordinando algunas campañas a la Gobernación y varias alcaldías de La Guajira.

Tomado de:

Ejército asesinó a dos indígenas Wayuú

Por: Autoridades Indígenas Wayúu del Resguardo de Mayabangloma


Comunicado a la opinión pública

Que el día 18 de Junio de 2007, aproximadamente a las 5:00 de la tarde en entre los corregimientos de Pozo Hondo y Guayacanal, jurisdicción del municipio de Barrancas-Guajira, unidad del ejercito Colombiano, adscrita al batallón Grupo de Caballería Mecanizado Rondon, con sede en Buenavista, Guajira ejecutaron extrajudicialmente a los Indígenas Wayuú, Eusebio Gil Pushaina de 39 años de edad y Sergio Andrés solano Uriana de 21 años de edad, miembros del Resguardo Wayuú de Mayabangloma, Municipio de Fonseca, reportándolos por un lado como delincuentes y por otro lado como miembros de las Águilas Negras dados de bajas en combates con el ejercito nacional.

Que los señores antes mencionados habían salido del Resguardo hacia Pozo Hondo en compañía de cuatro indígenas mas para dialogar sobre un mal entendido entre el señor Teofilo Carrillo y Eusebio Gil Pushaina, en donde éste último lo habían relacionado en un atentado en donde salio herido el señor Teofilo Carrillo. Hechas las aclaraciones sobre el incidente, el señor Teofilo Carrillo le expresa a la comisión de indígenas que él en ningún momento había señalado a Eusebio Gil sobre este hecho, además porque eran conocidos desde hace tiempo.
Que superado este impase, los indígenas que conformaron la comisión, decidieron celebrar el éxito del resultado dialogo junto con otros amigos en Pozo Hondo y fue cuando en algún momento se agotó la bebida y Sergio Andrés Solano Uriana, decidió salir a Barrancas a comprar más ron para seguir la celebración pero que nunca volvió a reunirse con sus amigos porque a la vuelta el ejercito lo había detenido.

Que en vista de que el señor Sergio Andrés nunca volvió, Eusebio Gil salio a buscarlo en compañía de otro señor de Pozo Hondo que presta servicio público en su moto taxi pero llegando al reten militar fueron abordados por el ejercito, haciendo efectivo la detención de Eusebio Gil y dando una orden amenazante al taxista de que se devolviera y que no dijera nada de lo sucedido porque podría correr la misma suerte que correrían (muerte) los dos detenidos, ya que hasta ese momento el taxista alcanzo ver a Sergio Andrés con vida dentro del campero Rojo, el mismo que horas antes lo había seguido desde Pozo Hondo hasta el Reten Militar.

Que el resto de la comisión fue informado de la detención de sus compañeros y junto con otras personas y amigos de Pozo Hondo fueron al sitio para enterarse de la situación, pero cuando llegan al lugar sus compañeros yacen muertos en el mismo reten, pero por temor a ser ejecutados también ignoraron la situación y después de una requisa decidieron devolverse a Pozo Hondo y luego pedir ayuda al Resguardo para que fueran a rescatarlos e igualmente los cuerpos de sus compañeros que habían sido asesinados por el ejercito nacional.

Que Según las circunstancias, los dos indígenas fueron detenidos por miembros del ejército y luego ejecutados en total indefensión, a sangre fría y con tiros de gracias en la cabeza, desvirtuando así un combate tal como lo reseñaron en su informe militar y judicial, pero sí demostrando el doble crimen cometido por el ejército colombiano.

Que para justificar sus actos homicidas, el ejército colombiano hizo un montaje en la escena del crimen colocando descaradamente delante de los familiares de los asesinados artefactos explosivos (granadas) y armas de fuego cerca de las victimas que luego fueron disparadas por un soldado de la unidad y colocado nuevamente con las vainas vacías junto a los cadáveres, demostrando una vez mas el cinismo de los militares para montar falsos positivos y simulacros, mostrar resultados y de paso justificar su acción criminal contra personas civiles.

Que los familiares de las victimas conociendo la noticia se desplazaron al lugar de los hechos para reclamar los cadáveres y ser llevados a la comunidad para darles sepultura conforme a la tradición Wayuú, más sin embargo fueron intimidados y amenazados por los militares impidiéndoles el paso, pero la insistencia acompañada con el dolor hizo posible tener acceso a los cadáveres.

Que el cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Fiscalía en turno, al momento de hacer el levantamiento de los cadáveres fue muy permisivo con las irregularidades cometidas en las escenas del crimen por parte del ejército, es decir, con los falsos positivos, tomando fotografías y datos a sus conveniencias y no actuando en su oficio conforme a derecho y los mandatos constitucionales legitimando de alguna manera con esta actuación los hechos en la cual dos indígenas fueron asesinados, dejando hijos y esposas huérfanos y viudas respectivamente.

Que por otro lado, el ejército nacional está haciendo hostigamiento a indígenas del Resguardo y bloqueando de alguna manera la movilidad de los hermanos indígenas desde y hacia la finca comunitaria el Porvenir y el Resguardo Indígena de Mayabangloma, haciendo señalamientos de ser colaboradores de la Guerrilla, además hurtando los utensilios de cocinas y víveres de las personas que viven en las fincas y maltratándolos verbal y físicamente.

Reiteramos en esta oportunidad que no es la primera vez que se señala a los indígenas de este Resguardo de ser colaboradores de la Guerrilla, en múltiples ocasiones el ejercito colombiano y la Policía nacional lo han hecho, poniendo en un riesgo inminente la vida e integridad de los miembros de las comunidades.

Además, no es el primer atropello que comete el ejército nacional contra indígenas Wayuú de este Resguardo, en el mes de febrero y marzo, fueron maltratados los indígenas Roberto Solano Uriana y Lorenzo Rafael Fernández Solano, el primero con golpes contundentes en el rostro, el segundo igual con golpes y una pierna lesionada. Ambos casos fueron denunciados ante la Fiscalía, Ministerio de Defensa, ante el Comando Nacional del Ejército y ante demás entes de control, pero que hasta el momento no tenemos ninguna respuesta sobre estas violaciones.
Aclaramos, que como autoridades Indígenas hemos solicitado un dialogo abierto con los comandantes del ejercito del Grupo Rondon y la Policía Nacional a fin de aclarar asuntos en la cual se hayan involucrados miembros de nuestras comunidades indígenas a fin de evitar la violación de los Derechos Humanos, dejamos constancia de esto en oficios que han sido enviado a cada una de las instituciones competentes.
Por todo lo anterior:

Las Autoridades Indígenas de este Resguardo y la Comunidad en general condenamos la acción criminal del Ejército colombiano y exigimos a los órganos de control y de justicia hacer las investigaciones correspondientes a fin de condenar los responsables de estos hechos.

No compartimos que el ejército imponga la pena de muerte a nuestros hermanos indígenas, si ellos tenían algún antecedente judicial tenían el derecho de ser detenidos y juzgados conforme a la justicia indígena y a la justicia ordinaria, pero no ejecutados vilmente y cobardemente como lo hicieron los militares que cada vez pierden el horizonte de su misión, ya casi matan por diversión y ganar ascensos en detrimento de la vida de los civiles y personas inocentes.

Alertamos A los organismos de Derechos Humanos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos sobre posibles violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y a la vez solicitamos su acompañamiento para verificar el estado de la situación para prevenir que se siga estigmatizando y señalando a miembros de nuestras comunidades Indígenas por parte del ejército y la policía nacional.

A la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y demás organizaciones indígenas hermanas, solicitamos su solidaridad con nuestra causa, para seguir caminando en unidad y hacer valer nuestras vidas y nuestra dignidad ante cualquier actor violento que quiera silenciar nuestra existencia.

Autoridades Tradicionales y miembros del Cabildo Wayuú del Resguardo Indígena de Mayabangloma.

viernes, 22 de junio de 2007

En La Guajira: ¿Quién dejó volar a Mancuso y a 'Jorge 40' hace diez años, tras asesinar a dos personas?

La tarde del 4 de mayo de 1997, ocho hombres que se movilizaban en un campero Toyota rojo asesinaron a sangre fría a Celin Suarit Núñez y a su compañera Elizabeth Araújo Vega.
Las dos víctimas eran presuntos invasores de una pequeña parcela en Villanueva (La Guajira), que hacía parte de los predios de un poderoso terrateniente de la región.



Dos de los señalados homicidas resultaron ser Salvatore Mancuso Gómez y su entonces subalterno, Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', quienes, en ese momento, iniciaban su carrera delictiva y la avanzada paramilitar en esa zona del país.



El episodio no pasaría de ser otro de los cientos de asesinatos por los que los 'paras' deberán responder y pagar, de no ser porque el propio Mancuso decidió detenerse en este caso.



Dentro de su versión libre dijo que, en esa ocasión, él y '40' lograron salir de la cárcel a las pocas horas por orden del entonces director de la Policía y hoy embajador en Austria, general Rosso José Serrano.



El favor del alto oficial -agregó- se debió a que era muy cercano a la organización y amigo del desaparecido jefe de las Auc Carlos Castaño.



Tras sus declaraciones, el propio Serrano le solicitó al fiscal Mario Iguarán, que lo investigara y aseguró que las acusaciones de mancuso son una retaliación de la mafia.



Pero ya, por su propia iniciativa, la Fiscalía -con el apoyo de organismos de seguridad del Estado- viene investigando cada una de las afirmaciones que los 'paras' han hecho en sus versiones libres.



El propósito: tener elementos de juicio para contrapreguntarles, explorar la posibilidad de abrir indagaciones contra las personas que están siendo señaladas o notificarles a los fiscales de justicia y paz que los 'paras' están mintiéndole al país. Sin embargo, aún es una incertidumbre si por este tipo de 'imprecisiones' pueden perder beneficios de ley.



En este caso -que de haberse evitado habría salvado a cientos de víctimas de estos dos ex 'paras'- EL TIEMPO se anticipó y para reconstruir lo sucedido buscó expedientes y testigos.




El arsenal 'ganadero'




Según consta en el acta 450 de esa fecha, firmada por el entonces comandante de la estación de Fonseca (La Guajira), teniente Enrique Vásquez Rodríguez, los 8 hombres fueron detenidos luego de que esa unidad recibió una alerta radial de sus compañeros acantonados en Villanueva.

El teniente Vásquez montó un retén cerca al corregimiento de Distracción, y detuvo el campero de placas MLZ-025, y una camioneta verde, de placas QEC-487, que lo escoltaba.

Los agentes Carlos Novoa, Wílmer Mercado y José de las Salas revisaron los carros y encontraron 6 subametralladoras Colt, 2 pistolas Pietro Beretta, una pistola Gloc, un revólver Llama, una granada y 629 cartuchos.




La convivir de Mancuso




El arsenal estaba amparado por un permiso otorgado en 1995 a la Convivir Horizonte, de Mancuso, firmado por el entonces superintendente de Vigilancia, Herman Arias.



"Dijeron que eran ganaderos que iban a Maicao", recuerda el entonces teniente Vásquez, hoy mayor de la Policía, quien ordenó trasladarlos al cuartel de Barrancas.



Tras la reseña de rigor, quedaron a disposición del fiscal seccional antiextorsión y secuestro Rodrigo Daza Bermúdez, quien a las pocas horas dejó a seis en libertad, entre ellos a Mancuso y a '40'.

Y a las tres semanas, por petición de Mancuso, el fiscal Daza le devolvió el arsenal que fue recogido por Lino Arias, otro de los retenidos.

Por estos hechos, en noviembre del 2000, el Tribunal Superior de Riohacha condenó a 4 años de prisión al fiscal Daza al hallarlo culpable de los delitos de prevaricato por acción, sentencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Este diario buscó a Daza pero lo único que se supo de él es que hoy litiga en algún pueblo de La Guajira.

Lo concreto es que ante sus actuaciones, familiares de los asesinados (acusados por el dueño de la parcela de ser guerrilleros) contactaron al personero de Villanueva, Alberto Pareja Ariza.

"Pareja intentó ejercer funciones de veeduría al proceso, pero fue desaparecido por orden de las mismas personas que realizaron los primeros homicidios", dice un informe confidencial de julio de 1997.

¿Dónde está el cuerpo del personero? ¿Cómo se llama el terrateniente que contrató a los 'paras'? Si se trató de un favor de Serrano, ¿por qué el fiscal Daza no denunció el caso?

Estas serán algunas de las preguntas que la Fiscalía les hará a Mancuso y a '40' para aclarar el oscuro episodio.

Tomado de:
http://www.eltiempo.com/justicia/2007-06-17/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3598938.html
u.investigativa@eltiempo.com.co

lunes, 18 de junio de 2007

En La Guajira Prevalece la Figura del Pütchipü'ü o Palabrero Wayúu

Por:
PAOLA BENJUMEA BRITO

Por siglos, se ha encargado de resolver los conflictos mediante la oralidad y continúa pese a que ahora los fiscales y jueces del país incursionan en el nuevo sistema penal acusatorio.

Rafael Arpushana y Nelson Uriana han dedicado la mayor parte de su vida a este oficio. Ambos viven en rancherías cercanas a Rioha


cha, a donde llegan a buscarlos hasta de Venezuela para que arreglen problemas hablando y negociando.

El matrimonio de una joven Wayúu que se había ido a vivir con su novio sin el consentimiento de sus padres fue el estreno como pütchipü'ü de Arpushana. Tenía 20 años. El papá de la muchacha lo buscó para que acordara el pago de la dote: 70 chivos, 8 reses, dos collares de oro y uno de tuma (piedra preciosa). Arpushana logró la negociación.

Hoy, a sus 56 años, es un experto en todo tipo de arreglos, desde la petición en matrimonio de una mujer hasta el cobro por muerte o el robo de animales, que según él, son los más complicados.

“Soy como un juez”, asegura. Su labor es actuar como mediador, dando muestras de un despliegue retórico con el que busca lograr la conciliación, mediante el pago de una indemnización, entre las partes en disputa. Del pago (animales, joyas o dinero), depende que no se desencadene una guerra que puede extenderse y acabar con familias.

Hace cuatro años, Rafael evitó el enfrentamiento entre dos clanes. Un Ipuana mató a tiros a un miembro de los Uriana en una ranchería de Riohacha. Los familiares del que disparó devolvieron el arma con la que se cometió el delito, como siempre se hace y entregaron 30 millones de pesos, seis collares de tuma y cuatro de oro.

En los arreglos Wayúu, el grupo afectado se encarga de establecer el monto de la compensación, de acuerdo con el perjuicio y la posición social de la víctima, y el palabrero de negociar con la contraparte y definir detalles del pago.

“Cuando la familia es pobre, el pago puede demorar varios meses o años, el tiempo que tarden en reunirlo”, explica Rafael, quien jamás suelta un caso sin resolverlo.

Experto en arreglos de mujeres.

Nelson Uriana es un palabrero tradicional. Tiene 60 años. Heredó el oficio de su padre. Desde muy pequeño, lo acompañaba a llevar la palabra para escuchar cómo hacía los arreglos. Con el tiempo se convirtió en su consejero.

Acude a las conciliaciones ataviado con sombrero y guayuco y empuñando el waraarat (bastón), que usa para espantar a los perros y protegerse de cualquier cosa que encuentre en el camino. También para dibujar en el suelo.

Aunque empezó atendiendo robo de chivos, su especialidad es el arreglo de líos de mujeres.

Hace poco tuvo que resolver un caso poco común. El papá de un Wayúu que murió en una disputa familiar solicitó sus servicios para unirse a la viuda de su hijo.

“Fue complicado”, admite Nelson a través de un intérprete porque solo habla wayuunaiki. En la cultura Wayúu lo normal es que los sobrinos hereden la mujer del tío materno cuando este muere, por el contrario si es el padre u otro familiar es visto como una ofensa.

Pese a la intervención de instituciones estatales en disputas familiares Wayúu, palabreros como Nelson y Rafael se mantienen vigentes. Ellos representan todo el sistema de compensaciones de esta cultura, donde las lágrimas y la sangre tienen precio.

No cualquiera puede ser palabrero. “Se requiere de tacto, habilidad oratoria y prestigio social de la familia de la que provenga”, dice Nelson. “El palabrero debe tener también vocación y conocimiento de la cultura y costumbres Wayúu”, agrega Rafael.

Los de Venezuela, más urbanos

La importancia de estos “jueces” en la recomposición de las relaciones sociales y en el arraigo de la identidad de esta etnia indígena llevó al Ministerio de Cultura a declararlos, en el 2004, Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

Para garantizar su salvaguarda, el Observatorio del Caribe Colombiano adelanta un trabajo para identificar y documentar las manifestaciones culturales asociadas a la institución del palabrero.

El antropólogo Weildler Guerra, quien lidera este proceso, asegura que la idea es que las comunidades apropien y transmitan su patrimonio, a la vez que diseñen proyectos orientados a fortalecer las dinámicas culturales locales. Ya han realizado talleres con pütchipü'ü de la Alta y Media Guajira y se reunirán con los de Venezuela.

En este país los palabreros están urbanizados, tienen carné y hasta cargan armas. “Cuando estuvimos en Nazareth (Alta Guajira), nos hablaron de un palabrero al que todos llaman “Cortocircuito” porque le cobra a ambas familias en conflicto”, dice Guerra.

Rafael reconoce que la influencia de los “alijunas” (no Wayúu) es una amenaza para el oficio. Por eso les enseña el arte de palabrear a sus hijos y nietos para que la tradición no se pierda.

“Es un ejemplo para el sistema penal”

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, Hebert Mendoza Acosta, asegura que la legislación aplicada por los jueces “alijunas” (no indígenas) cada vez se aproxima más a la forma de impartir justicia de los palabreros Wayúu. Tanto así que el sistema penal acusatorio, que entrará a regir a partir de enero en la Costa Caribe, se caracteriza por la oralidad y la inmediatez de los jueces para solucionar los conflictos.

Según Mendoza, los indígenas Wayúu acuden a una figura propia del derecho civil llamada compensación, lo que en la práctica se traduce en que la sanción penal por un delito sea negociada entre ofensor y ofendido, con el pago de una indemnización. Aunque en la legislación ordinaria sólo son negociables los delitos menores (injurias, calumnias), con el arreglo directo entre las partes en disputa se evita la venganza.

“La conciliación logra la convivencia que le hace tanto bien al Estado y a la sociedad, así que, como lo plantean algunas corrientes modernas, el sistema penal sería innecesario o, al menos, bastaría con que tutelara los derechos fundamentales”, dijo.

Especial para El Tiempo
Riohacha (La Guajira)
16 de junio de 2007

Tomado de: http://www.eltiempo.com/nacion/caribe/2007-06-17/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3598982.html

viernes, 15 de junio de 2007

Vicente Castaño Crea Escuadrones De La Muerte Desde La Guajira

Por:
GONZALO GUILLÉN
Friday, Jun. 08, 2007 at 10:38 AM
Vicente Castaño Gil, narcotraficante y paramilitar prófugo por cuya cabeza Colombia ofrece $5 millones, se encuentra refugiado en la desértica península colombiana de Guajira, desde donde dirige la reorganización de decenas de escuadrones de la muerte en todo el país, supuestamente con la complicidad de agentes de la fuerza pública, dijeron a El Nuevo Herald voceros de una agencia de inteligencia que pidieron el anonimato.

Las fuentes de inteligencia consultadas entregaron a este diario una fotografía de Castaño Gil en la que aparece acompañado por Gervasio Valdeblánquez, legendario jefe de un poderoso clan indígena colombo-venezolano.

Valdeblánquez, quien décadas atrás participó en una guerra contra el clan indígena guajiro rival de la familia Cárdenas, el cual fue exterminado, no tiene pedidos de arresto por autoridad alguna en Colombia ni juicios pendientes, según fuentes judiciales que practicaron una inspección de archivos a petición de este periodista.

La fotografía fue obtenida por agentes de inteligencia durante un allanamiento y es la última de Castaño Gil que se conoce desde que entró en la clandestinidad tras haber supuestamente asesinado a su propio hermano Carlos Castaño Gil, célebre narcotraficante, genocida y máximo jefe nacional de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Aunque la muerte de Carlos Castaño no ha sido probada judicialmente, su desaparición implicó el ascenso de su hermano Vicente a la jefatura de las estructuras paramilitares y del narcotráfico colombianos. La mayor parte de estos jefes forman parte actualmente de un controvertido proceso de paz con el gobierno colombiano que significará indultos generales, respeto a sus fortunas de origen cuestionable y derecho a no ser extraditados a Estados Unidos, cuya justicia reclama a muchos de ellos bajo cargos de narcotráfico y terrorismo.

Las fuentes de inteligencia que entregaron a El Nuevo Herald la última fotografía de Castaño explicaron que mediante métodos de análisis y versiones de informantes se ha podido establecer que Vicente Castaño se encuentra asentado en la zona montañosa de La Macuira, situada en la Alta Guajira, la región más septentrional de Colombia.

Castaño, dijeron, se mueve allí entre los cerros de Cajara y Cojoro, lo que en parte se deduce por las formas de las rocas que se alcanzan a ver en la fotografía.

Otro análisis de las mismas fuentes sugiere que Castaño frecuenta más bien la región de Palomino, en la misma Guajira, la cual ocupa una parte del macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta y una porción del departamento caribeño de Magdalena.

Desde la Guajira, Vicente Castaño suele trasladarse a Venezuela, donde mantiene ejércitos paramilitares de retaguardia y rutas abiertas del narcotráfico.

Los nuevos grupos paramilitares o escuadrones de la muerte diseminados por Colombia han dado en llamarse ''Aguilas Negras'', nombre con el que surgió un ejército de la cocaína en el departamento de Norte de Santander, también limítrofe con Venezuela, originalmente conocido como ``Los Chamizos''.

Más tarde, una derivación de ''Los Chamizos'' se apoderó de la región de Palomino, bajo el mando de Hernán Giraldo, quien entró al proceso de paz y dejó sus estructuras militares y narcotraficantes al cuidado de Vicente Castaño, dijeron las fuentes de inteligencia que intentan seguirle el rastro.

Castaño ''tiene una estructura de escoltas muy fuerte'' que lo acompaña en viajes que hace por múltiples regiones de Colombia para coordinar la consolidación y el crecimiento de los nuevos paramilitares o ``Águilas Negras''.

Los desplazamientos los hace en aviones y helicópteros propios, o por vía terrestre con caravanas de carros blindados, explicaron las fuentes.

''Es muy raro que Vicente pueda moverse con la cantidad de escoltas que tiene y que la Policía ni el Ejército no registren sus movimientos'', opinaron las fuentes de inteligencia. De allí, entre otros factores, deducen que existe complicidad con la fuerza pública.

Recientemente, la revista bogotana Semana preguntaba por qué las autoridades no son capaces de encontrar a Castaño pese al empeño que dicen tener para lograrlo. Es ``¿falta de voluntad política? ¿Incapacidad? ¿Estrategia de negociación?''.

El paramilitarismo en Colombia siempre ha contado con la cooperación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el propio Gobierno y el Congreso Nacional, institución de la que se precia de tener más de 30 por ciento a su servicio.

Antes de establecerse en la península de La Guajira, las fuentes dijeron que Castaño intenta formar un gran ejército de la cocaína en los llanos del oriente de Colombia, pero se le han enfrentado los paramilitares y narcotraficantes rivales Pedro Olivero Guerrero, alias ''Cuchillo'', y alias ''Chepe'' Barrera, entre otros.

Castaño usó como punta de lanza al ex guerrillero y jefe paramilitar Ever Veloza o Hernán Hernández, alias ''H.H.'', para intentar dominar el oriente del país, pero éste fue recientemente arrestado y puesto a disposición de la justicia.

No obstante, Castaño mantiene su plan militar para apoderarse del oriente y ha estado enviando grupos de sicarios y combatientes paramilitares del departamento de Antioquia y de los cinturones de miseria de Medellín, los cuales ahora son conocidos como los escuadrones de la muerte de ``Los Paisas''.

Muestra del empuje de estos grupos son decenas de forasteros muertos que han estado apareciendo día a día en los semidespoblados departamentos orientales de Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

© El Nuevo Herald - elNuevoHerald.com

Tomado de: http://colombia.indymedia.org/news/2007/06/67279.php

Acribillado Taxista de la Etnia Wayúu

Por:
EL INFORMADOR
mensajes@el-informador.com

08/06/2007/ Cuando se disponía a recoger a su mujer para irse para su residencia, se le acercó una motocicleta por el lado izquierdo del conductor y disparó en repetidas ocasiones.

La victima mortal fue identificada como Ángel Eduardo Magdaniel Palacio, natural de Riohacha, 25 años de edad. Perteneciente a la casta Epieyú; quien recibió varios proyectiles con arma de fuego, resultando gravemente herido, siendo llevado de emergencia al hospital de la ciudad, donde falleció dos horas más tardes.

Un amigo lo recogió y en su mismo vehiculo, lo trasladó al centro asistencial, que luego los ingentes esfuerzos médicos dejó de existir dos horas después.

Los facultativos sometieron al paciente a seis intervenciones ya que una bala le atravesó el cuerpo de lado a lado. Afectándole varios órganos vitales como: el hígado, el baso y el riñón. Los demás proyectiles no comprometieron partes delicadas y generaron solo heridas leves.

Magdaniel Palacio, según uno de los familiares recibió seis tiros de pistola calibre nueve milímetro, cuando se disponía trasladarse con su mujer a la ranchería, localizada en el kilómetro 10 vía el Pájaro, donde residía con su familia.

“Él metió las manos, tratando de defenderse, pero el criminal tenia la intención de acabar con su vida. Fue tanta la sevicia, que introdujo su mano en el vehiculo, porque algunas vainillas quedaron dentro del automotor,” precisó un familiar que pidió mantener su nombre en reserva.

Las primeras investigaciones indican que la moto lo venia siguiendo desde las Cuatro Vías, luego de detuvo en la calle 14E número 16 - 65 Barrio El Paraíso, se le acercó a la puerta del conductor el automotor de dos llantas y sin mediar palabras le disparó en repetidas ocasiones.

Escenas de mucho dolor se vivieron entre los familiares de Ángel Eduardo Magdaniel Palacio, quienes esperaban su cuerpo en las afueras de la morgue local en la ciudad de Riohacha; quienes de inmediato lo trasladaron a su comunidad indígena a fin de darle cristiana sepultura.

La Policía dispuso un amplio operativo arrestando a varias personas que aparecían como sospechosas, y luego de varios análisis se pusieron en libertad. Unidades de la Policía Nacional adelantan investigaciones para establecer los hechos.

El levantamiento del cadáver se realizó en la Morque y estuvo a cargo de la fiscalía 01 de vida en turno URI, en asocio con la brigada de homicidios de la Policía judicial.

Tomado de: El Informador. Santa Marta. 8 de junio de 2007.

lunes, 4 de junio de 2007

AMENAZAS DE LAS “ÁGUILAS NEGRAS” DENUNCIAN LÍDERES Y LIDEREZAS WAYÚU DE MAICAO

por ADRIANA MATAMOROS INSIGNARES Sunday, May. 27, 2007 at 8:56

Las "Águilas Negras", nombre con que son conocidas ahora las estructuras paramilitares, han puesto en marcha su red de sicarios y gatilleros para asesinar a líderes y liderezas Wayúu de Maicao.

Organizaciones Wayúu de Maicao (La Guajira), han lanzado una alerta temprana para que las instituciones competentes les brinden las garantías de protección y seguridad requeridas ante la inminencia de la ocurrencia de ataques y amenazas, provenientes de estructuras paramilitares activas y dirigidas contra algunos líderes y liderezas Wayúu quienes han aportado testimonios importantes para la realización de varias capturas de paramilitares, han venido participando en diferentes jornadas de denuncia sobre los impactos del paramilitarismo y han estado brindando asesoría jurídica y atención psicosocial a las víctimas y sobrevivientes Wayúu de la violencia de paramilitares y de autodefensas en la Media Guajira.

Según la información que se filtró, Jairo Alfonso Samper Cantillo, alias “Lucho”, visible jefe paramilitar de los remozados grupos paramilitares, quien fuera capturado en Soledad (Atlántico) el 28 de febrero de 2007 gracias a importantes pistas aportadas por algunos líderes Wayúu, desde la cárcel en donde se encuentra recluido en Bogotá, D.C., ha dado la orden a alias “Fercho”, nuevo comandante de las “Águilas Negras” en la región, para que ponga en marcha un dispositivo para asesinar selectivamente a varios líderes y liderezas Wayúu con la finalidad de generar temor y zozobra e impedir, por vía del terror, que las víctimas y sobrevivientes Wayúu continúen denunciado los crímenes cometidos por los grupos de paramilitares y de autodefensas, de ayer y de hoy. Según mencionaron las organizaciones Wayúu, en las dos últimas semanas alias “Fercho” ha sido visto en repetidas ocasiones en el perímetro urbano de Maicao, movilizándose en diversos vehículos, incluso en uno que podría ser de la SIJIN.

Esta claro para los Wayúu que la presencia de este comandante de las “Águilas Negras” en Maicao no tiene otro propósito que el de organizar a la red de sicarios y gatilleros para materializar las ordenes que recibió. Las organizaciones Wayúu tuvieron conocimiento que junto a la orden impartida se entregó una extensa lista, en la cual aparecen los nombres de las personas que deben ser ejecutadas en Maicao por los sicarios y gatilleros que hacen parte de las estructuras urbanas de las “Águilas Negras”.

Si bien en esta lista figuran algunos nombres de arijunas, personas no Wayúu, la inmensa mayoría de los nombres que allí aparecen corresponden a personas Wayúu, de los cuales por lo menos cinco son de una reconocida familia del clan Epinayu. Según información recopilada por una organización Wayúu con sede en Maicao, entre 2000 y 2007, en la sola jurisdicción de ese municipio de la Media Guajira, los grupos de autodefensas y paramilitares efectuaron al menos doscientos asesinatos, varios de ellos efectuados a través de masacres que, para agravar la situación, desencadenaron éxodos invisibles de rancherías y comunidades enteras hacia Venezuela. Un importante número de estos crímenes fueron cometidos cuando supuestamente había un “cese de hostilidades” y las “Autodefensas Unidas de Colombia, AUC” estaban adelantando negociaciones con el Gobierno Nacional.

La acción urgente que han elevado las organizaciones Wayúu de Maicao, llaman la atención acerca de la necesidad que las instituciones públicas definan estrategias y protocolos especiales y, por tanto, sui generis de protección tanto para los líderes, liderezas que vienen activamente trabajando en pro del derecho de las víctimas y sobrevivientes Wayúu a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, como para las comunidades del pueblo Wayúu que podrían ser victimizadas una vez más por estructuras paramilitares, sobre todo las que están localizadas en las vías que de la cabecera municipal de Maicao conducen a La Majayura y a Carraipía.

La situación para los Wayúu es bastante grave y las amenazas podrían hacerse efectivas, si se tiene en cuenta que las estructuras paramilitares, mutando de forma para adaptarse a los nuevos contextos que se presentan, continúan plenamente activas en la Media Guajira, al igual que en otras partes del departamento.

Pese a la intensa propaganda gubernamental, el proceso de “desmovilización” de autodefensas y paramilitares no significó en modo alguno la extinción de estos grupos en la Media Guajira los cuales continúan operando y ejerciendo control sobre líneas sensibles de la economía regional fronteriza, tanto en varios negocios lícitos como en los ilícitos.

De ahí que lo que va del otrora llamado “Frente Contrainsurgencia Wayúu” a las “Águilas Negras” de hoy, más que rupturas y quiebres, son continuidades y persistencias. Las fuentes de financiación de las “Águilas Negras” son casi idénticas a las que tenía el “Frente Contrainsurgencia Wayúu”: Tráfico de drogas a través de Venezuela y las islas del Caribe; realización organizada de cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos, transportadores…; manejo del sistema de préstamos conocidos localmente como “pagadiario” o “prestadiario”; control de la introducción y comercialización de gasolina en donde, es vox populi, tienen participación en Ayatawacoop…etc.

De otro lado, una parte de los sectores políticos y sociales de la región que mantuvieron vínculos de diversa índole con las autodefensas y los paramilitares de antes de la “desmovilización”, de una u otra manera se siguen usufructuando de las diversas actividades desplegadas por las “Águilas Negras” en territorio Wayúu y no quieren que la rentabilidad de sus negocios, los cuales se consolidaron y expandieron gracias al ejercicio de la violencia paramilitar, pueda afectarse, ni tampoco que el poder obtenido con el apoyo de estructuras mafiosas, se diluya y se pierda de un momento a otro.

Así mismo, los barrios de Maicao que se señalaban como parte de la retaguardia urbana del “Frente Contrainsurgencia Wayúu” son básicamente los mismos donde hoy por hoy las “Águilas Negras ejercen un fuerte control, e incluso, realizan eventuales patrullajes de carácter disuasivo portando armas largas. Finalmente las organizaciones Wayúu comentan con frustración que hace aproximadamente un mes, las víctimas y sobrevivientes Wayúu de la violencia paramilitar fueron convocadas a reuniones en las que les hablaron de sus derechos y les prometieron la realización de jornadas de asesoría y apoyo, al igual que un acompañamiento más permanente, lo que hasta la fecha no ha ocurrido, por lo que sienten que continúan solas y trabajando en escenarios muy adversos.

Maicao (La Guajira), 27 de mayo de 2007

 
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